Nuevo estudio sobre el Ecuador rural irrumpe en debate sobre ley de tierras
Published on Wed, 2012-07-11 08:55
Ecuador “dejará ruralidad hacia 2050”, pronosticó el experto Francisco Rhon, director del Centro Andino de Acción Popular, basándose sobre la reducción de la población en las áreas de campo de ese país de 54% a 46% en una década y en los vaivenes del mercado agrícola internacional. Rhon se refirió al asunto la semana pasada al presentarse en Quito el libro "Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía alimentaria, inversión pública y política agraria”, de Diego Carrión y Stalin Herrera, ambos investigadores del Instituto de Estudios Ecuatorianos, que lo editó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, OXFAM y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, punto focal de Social Watch en ese país). La publicación del informe se integra a la tarea de información y comunicación sobre el conflicto agrario y el desarrollo rural asumida por esas instituciones, que actualiza el trabajo iniciado con el “Análisis de la inversión y la política pública para agricultura en Ecuador”, editado en 2010. Un inconveniente para el desarrollo rural de Ecuador es la inversión desigual para los diversos territorios, dijo en la presentación del libro Luis Andrango, presidente de la de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). "Ochenta por ciento de la inversión de los últimos años, según el libro, se ha concentrado en la zona de la Costa, me parece que un 10% en la Sierra y uno por ciento en la Amazonía. Se sigue manteniendo un patrón de desigualdad en la inversión para agricultura", afirmó Andrango en el acto celebrado en la sede en Quito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). A juicio de Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), hace falta voluntad política para cambiar la estructura productiva del país. "Necesitamos acceso a los medios de producción, acceso a la tecnología y a mejores condiciones de tierra”, así como diversificación productiva y políticas trazadas “en una nueva institucionalidad, que debe ser el reflejo del nuevo esfuerzo que se está haciendo", destacó Cholango. El ministro de Agricultura, Javier Ponce, negó que el gobierno esté beneficiando a los grandes capitales agroindustriales, si bien admitió que es preciso enmendar errores. "No solamente se trata de invertir más, de dotar de servicios con asistencia técnica, riego, infraestructura, sino de invertir considerando prioridades económicas y sociales, innovar los instrumentos de política que consideren la redistribución y la importancia de atender a la agricultura familiar", subrayó el funcionario. Ponce Cevallos destacó la economía familiar campesina como promotora del desarrollo agrario. “La obra promueve una política económica de inclusión social. El modelo actual que aplicamos en el Ministerio toma en cuenta a los agricultores, campesinos y organizaciones indígenas, como autores de la revolución agraria del país.” La obra presentada hace referencia al término de la “nueva ruralidad”, a partir de un análisis demográfico, e incorpora el concepto de seguridad alimentaria como base del desarrollo sustentable de los pueblos en una relación de respeto y armonía con la naturaleza, preservando la capacidad productiva de los recursos naturales y la libertad de acción de los agricultores. La presentación del libro se registra en un momento clave, signado por el debate parlamentario de cuatro iniciativas sobre ley de tierras. Carrión, uno de los autores de “Ecuador rural del siglo XXI, informó el mes pasado en un artículo publicado por el sitio web de la Fundación Rosa Luxemburgo que “no se ha presentado una propuesta […] que haga explícita la posición del gobierno frente a la enorme concentración de la propiedad de la tierra”. El investigador caracterizó el modelo agrícola del gobierno (que en sus discursos postula una “revolución agraria”) como “empresarial, limitado redistribución de la tierra, y [de] apoyo público para la agroindustria y el monocultivo para exportación”. “Los intereses de las clases dominantes, al menos en el sector rural, siguen siendo los que se imponen por sobre los intereses de los demás grupos subordinados (trabajadores, campesinos, mujeres rurales, pueblos y nacionalidades). Solo así se explica la alianza implícita de sectores del gobierno nacional con los gremios agrícolas-empresariales y los terratenientes tradicionales en el campo ecuatoriano”, concluyó Carrión. Por su parte, Herrera, el coautor del libro, sostuvo en otro artículo que “el Estado ecuatoriano sigue teniendo una gran deuda con el agro”. “Pensar que por sí sola la posición del gobierno frente al desarrollo rural pueda cambiar es una ingenuidad”, agregó. “El Estado y el gobierno no tienen la fuerza, la autonomía y la voluntad política para asumir un propuesta de soberanía alimentaria para transformar el modelo de acumulación primario agroexportador.” “En un contexto en el que crecen los precios de alimentos y los recursos productivos son escasos, los hacendados, los agronegocios y la agroindustria no van a torcer su brazo.Van a estar y están bien representados en la Asamblea [legislativa] y van a disputar la formulación de leyes”, sostuvo Herrera. Fuentes |
