Colombia: Niños y niñas indígenas del Cauca acosados por bandos armados

Ilustración: Coalico

Una red de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, entre ellas la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes, integrante de la coalición nacional de Social Watch), exigió a las autoridades del Estado y a los grupos armados ilegales que respeten y protejan a los niños y niñas de comunidades indígenas en diversos territorios donde se han agudizado los enfrentamientos.

La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) llamó la atención, en un comunicado emitido el 30 de julio, sobre la situación en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y el Urabá antioqueño.

En su declaración, la Coalico recordó un informe emitido este año por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, según el cual “el conflicto armado afecta de manera desproporcionada a las niñas y niños indígenas y afrocolombianos” lo cual obliga a tomar medidas especiales “para su atención y protección”.

Entre los perjuicios “constantes” sufridos por niños, niñas y adolescentes de las zonas en conflicto, la coalición destacó “reclutamiento forzado, violaciones a la vida e integridad durante las hostilidades o por causa de minas antipersonal o municiones sin explotar, confinamiento, denegación de atención humanitaria, ocupación de escuelas, violencia sexual y otras afectaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales”.

Esa situación supone una amenaza de “exterminio de los pueblos originarios o la expulsión de los mismos de sus territorios ancestrales, en contradicción con los llamados y resoluciones internacionales que instan a los Estados a garantizar la permanencia en el territorio y la pervivencia de sus culturas y saberes tradicionales”, advirtió la Coalico.

Esta red de la sociedad civil colombiana rechazó, además, las acusaciones públicas por parte de voceros de las Fuerzas Armadas según las cuales dirigentes indígenas dedicados a la protección de la infancia colaboran con grupos insurgentes. La Coalico mencionó en ese sentido el caso de Manuel Antonio Bautista Pequi, “coordinador de la red de apoyo y protección de niños y niñas en la región del Cauca”.

“Hacemos un llamado respetuoso a las Fuerzas Armadas a abstenerse de continuar con señalamientos de esta naturaleza y solicitamos las garantías jurídicas y de protección necesarias para que cese la estigmatización que pone en riesgo la vida y el trabajo de los pueblos indígenas”, indicaron las organizaciones.

La declaración al respecto cuenta con la firma de las instituciones Benposta Nación de Muchachos, Corporación Casa Amazonía, Corporación “Paz y Democracia”, Corporación Vínculos, el capítulo colombiano de Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Fundación Creciendo Unidos, Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes), Justapaz y Taller de Vida.

Dos semanas después, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenaron el recrudecimiento de la violencia contra la población civil en el Valle del Cauca e instaron a las autoridades colombianas a respetar el derecho internacional humanitario y avanzar en el proceso de diálogo.

“Como consecuencia de las repetidas violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados regulares e irregulares, los pueblos indígenas del Norte del Cauca iniciaron desde hace varias semanas acciones en defensa de la autonomía territorial y el derecho a la paz, y tomaron la decisión de desalojar a todos los grupos armados de sus territorios”, advirtieron esas organizaciones internacionales en un comunicado.

“En el marco de esta aguda conflictividad social, el 6 de agosto de 2012 en el caserío de El Palo, municipio del Cauca, fue asesinado por desconocidos que se movilizaban en motocicleta un miembro del pueblo indígena Nasa, identificado como Aldemas Pinto. El pasado 18 de julio de 2012, el comunero indígena Éduar Fabián Güetio Vásquez, de 20 años de edad, fue asesinado por el Ejército Nacional en la vereda Crucero del Rosario, Municipio de Caldono”, informaron.

“Durante el seminario preparatorio al Congreso por la Paz, realizado en el municipio de Caloto (Cauca) el 4 de agosto de 2012, se conoció por información recibida por las autoridades indígenas del Norte del Cauca la orden expresa de dar muerte a los líderes indígenas Feliciano Valencia Medina, vocero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y Luís Acosta, líder y miembro de la Guardia Indígena, por parte del grupo paramilitar Águilas Negras que opera en la zona. Días anteriores circularon panfletos amenazantes contra otros líderes, en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Corinto, Caloto y en el reguardo de Tacueyó (Toribio), en un clima de fuerte estigmatización de las acciones de movilización en defensa del territorio realizadas por las comunidades indígenas organizadas, por parte de algunas autoridades públicas y medios de comunicación”, sostuvieron la FIDH y la OMCT.

“Según denunció la ACIN, entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2012 se han presentado 118 hechos que constituyen vulneración del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad del pueblo Nasa y su territorio, y 18 personas han muerto como causa del conflicto armado”, agregaron.

Fuentes
Coalico: http://bit.ly/OXS0g3
FIDH: http://bit.ly/MLWNQ6