Organismos civiles piden a ONU cambiar enfoque para eliminar pobreza

Nueva York (Notimex). Erradicar la pobreza extrema para el año 2030, una aspiración central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, es posible, pero sería necesario cambiar los actuales enfoques de política pública impulsados en el mundo, de acuerdo con un estudio.

Elaborado por una coalición de organismos civiles y sindicatos, el documento señaló que la erradicación es posible con los recursos económicos actuales en el mundo, pero las políticas públicas que podrían lograr ese propósito han sido severamente debilitadas en las últimas décadas.

"La combinación de ideología neoliberal, cabildeo corporativo, políticas fiscales favorables a las empresas y la evasión fiscal ha llevado a un debilitamiento masivo del sector público y a su capacidad para proporcionar bienes y servicios esenciales", destacó el documento difundido esta semana.

El reporte "Spotlight on Sustainable Development 2017" (Foco en Desarrollo Sostenible 2017) indicó que fueron de hecho estas estrategias corporativas y políticas fiscales y regulatorias las que condujeron a una acumulación sin precedentes de riqueza y a una creciente concentración del mercado.

Criticó que los proponentes de la privatización y las asociaciones público-privadas (PPP) utilizan estas tendencias para presentar al sector privado como la formas más eficiente de proporcionar los medios necesarios para implementar los ODS.

Sin embargo, "muchos estudios y experiencias de las comunidades afectadas han demostrado que la privatización y las PPP implican riesgos y costos desproporcionados para el sector público".

Subrayó que las asociaciones público-privadas pueden incluso exacerbar las desigualdades, reduci el acceso equitativo a los servicios esenciales y poner en peligro el cumplimiento de los derechos humanos.

El documento resaltó que para erradicar la pobreza extrema, que es el ODS número uno, es preciso recuperar el espacio de las políticas públicas y tomar medidas audaces para fortalecer las finanzas públicas, regular o rechazar las PPP y debilitar el poder corporativo en la vida de las personas.

El informe afirmó que la erradicación de la pobreza extrema, entendida como un consumo de o por debajo de 1.90 dólares al día es relativamente fácil de alcanzar, y para cerrar esta brecha en 2017 se necesitan 66 mil millones de dólares, casi la mitad del presupuesto oficial para la ayuda internacional.

En ese sentido, el texto aseguró que pese a que el objetivo es en realidad "bastante modesto" las restricciones presupuestarias derivadas de las políticas de austeridad hacen que sea imposible alcanzarlo en la mayoría de los países.

En lugar de sugerir cambios de política, muchos líderes quieren "aprovechar" los fondos privados para el bien público y el Banco Mundial prevé una "cascada" de asociaciones público-privadas (PPP), una fórmula originalmente diseñada para infraestructura que se extiende a sectores como salud y educación.

En realidad, este modelo "implica riesgos y costos desproporcionados para las personas y el dinero público". Estudios en todo el mundo muestran ejemplos de PPP fallidos que resultan en servicios de mala calidad, costos más altos para el público y a menudo corrupción, según el texto.

En lugar de ayudar a los países a luchar contra la evasión fiscal y movilizar recursos nacionales para la protección social, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, busca mecanismos para que fondos de pensiones del mundo industrializados inviertan en proyectos del mundo en desarrollo.

El informe concluyó que este impulso para movilizar "miles de millones" está motivado por las necesidades de los fondos de inversión (incluídos fondos de pensiones) de países desarrollados que enfrentan tasas de interés muy bajas o incluso negativas en sus lugares de origen.

Esta urgencia de inversión en proyectos de países que rindan mayores utilidades no tiene su origen en resolver las necesidades d elas personas que viven en la pobreza, que terminarán pagando más, estableció el documento.

El informe fue publicado por la Red Árabe de ONGs para el Desarrollo (ANND), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR), Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era (DAWN), Foro Global de Políticas (GPF) y Social Watch.