Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo desde la mirada de la mujer

Coordinadora Civil, Mesa de Género, Fiscalidad y Género

En el 2015 más de 190 países incluyendo Nicaragua, se comprometieron con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que la humanidad en su conjunto goce de paz y prosperidad.

No obstante los Gobiernos aplican políticas de austeridad que terminan con consecuencias devastadoras afectando a las poblaciones más vulnerables, por otro lado ,cuando las multinacionales no pagan los impuestos que les corresponden, esto significa que los Estados tienen menos recursos para invertir en servicios públicos como educación, salud, guardería, acceso a sistemas judiciales eficientes, y acceso a sistemas públicos de agua potable y saneamiento, que son los principales ODS que los Gobiernos se comprometieron.

Nicaragua ve disminuida su capacidad recaudatoria, las multinacionales no pagan la parte justa que les corresponda, entonces el gobierno tiende a compensar esta perdida aumentando la presión tributaria como lo ha evidenciado en las últimas dos reformas en el 2019, que recae sobre las pequeñas y medianas empresas o sobre los ciudadanos y familiares incrementando los impuestos al consumo y al valor agregado (IVA).

Para mejores el crecimiento económico y el empleo, debemos de echar una mirada en el trabajo que realizan las mujeres, reconociendo su redimiendo de género, estas están impulsando el crecimiento económico de los países, como en los hogares. La oportunidad de empleos para ellas genera beneficios directos para sus hogares y para el de sus familias.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible, aunque se han logrado algunos avances en Nicaragua estas han sido en teoría, pues en la actualidad se siguen prácticas que no contribuyen a lograr el principio de Igualdad de Género de la Agenda 2030.

Las mujeres constituyen hoy el 41% de la fuerza laboral remunerada no agrícola, en comparación con el 35% en 1990. Este no contribuye a que las mujeres sean presidentes o gerentes en la jerarquía laboral, además que son las menos pagadas en esos cargos.

El aumento del nivel de ingresos de las mujeres no solo promueve el crecimiento económico de las mujeres, sino que ayuda a eliminar las brechas de la pobreza de una generación a otra. Teniendo como consecuencias importantes: el crecimiento, la igualdad de género y la reducción de la pobreza que son los principales ejes de trabajo de la Agenda 2030 y los ODS.

La igualdad de género como políticas en Nicaragua, tanto el gobierno como la empresa privada necesita mejorar y tener un abanico de políticas y servicios más allá de la política laboral para aumentar su participación económica y mejorar la calidad de esa participación.

Como una buena política está la inversión en infraestructura y políticas que permitan ahorrar tiempo, mejor acceso al agua, saneamiento, electricidad, transporte, mejor seguridad jurídica para que las mujeres busquen trabajos remunerados y elijan mejores empleos.

Los gobiernos deben establecer instrumentos legales eficaces contra la discriminación para permitir que las mujeres compitan en igualad en el mercado laboral.

En los últimos años el gobierno y su forma de recaudar tributos, su forma de legislar y aprobar Leyes y políticas de Estado hasta hoy, no han fortalecido los derechos humanos de las mujeres, ni han disminuido su vulnerabilidad integral, producto del debilitamiento de los instrumentos legales; Que empieza con Ley 779, Ley Integral contra la Violencia haca la Mujer y termina con la Ley 822 Ley de Concertación Tributaria y sus reformas tanto a su Ley como a su reglamento en el 2019.

La fiscalidad y la aprobación de una serie de Leyes relacionadas con la política fiscal y financiera, Nicaragua se convierte en uno de los países con mayor desigualdad e inequidad económica social y la regresividad de su política que asegura privilegios fiscales al grupo del 10% más rico de Nicaragua. Un sistema tributario que claramente beneficia a un sector y aplica una tributación onerosa, al consumo del agua, energía, combustible, afectando a los sectores más vulnerables y empobrecidos como son las mujeres, jóvenes y niñas y niños.

“Toda política fiscal debe ser analizada con enfoque de género y no solo desde la perspectiva del ingreso, es importante que futuras reformas lo consideren, pero también que pongan en práctica las ya establecidas en la Ley, para que las mujeres no carguen con las mayores responsabilidades tributarias en nuestro país.”

El tema se seguro social, en abril 18 de 2018, el gobierno nicaragüense promulgó el Decreto No. 3-2018 que, en vez de acometer una reforma integral de la seguridad social, se limitó a:

  • Aumentar las cotizaciones.
  • Eliminar el tope del salario mínimo imponible.
  • Modificar la fórmula de cálculo para reducir las pensiones.
  • Eliminar un tipo de ajuste de las pensiones.
  • Imponer un aporte de los pensionados para EM.

En equidad de género, aunque han ocurrido avances, el mercado laboral y el sistema de seguridad social con frecuencia discriminan a las mujeres respecto a su cobertura y prestaciones en comparación con los hombres. En el mercado laboral, un porcentaje mucho menor de mujeres que de hombres participa en la PEA total y ocupada, además tienen menor participación en los empleos más productivos y mejor pagados, por lo que se concentran en los empleos de menor productividad, informales y en servicios.

En 2015, la informalidad femenina era de 76.7% y la masculina de 69.6 (FIDEG, 2016). Por último, las mujeres reciben un salario inferior y sufren una tasa de desempleo mayor que los hombres.

Las mujeres son mayormente aseguradas como familiares dependientes de un asegurado directo, lo cual implica que la mujer puede quedar sin cobertura si se divorcia del cónyuge. Las mujeres aportan menores cotizaciones, tienen una probabilidad inferior de calificar para una pensión y cuando la reciben es mucho menor que la del hombre.

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo desde la mirada de la mujer

Tabla de Contenido

I. INTRODUCCIÓN

II. PRINCIPIO NÚMERO 5: IGUALDAD DE GÉNERO

III. RENDIMIENDO DE GÉNERO

IV. IGUALDAD DE GÉNERO - POLÍTICAS

V. DESOBEDIENCIA FISCAL Y EL IMPACTO IMPOSITIVO DE LOS ÚLTIMOS MESES EN NICARAGUA

VI. FISCALIDAD

VII. AFECTACIONES DE LAS REFORMAS FISCALES Y SUS PERJUICIOS HACIA LAS MUJERES

VIII. SEGURO SOCIAL

IX. EQUIDAD DE GÉNERO-SOLIDARIDAD SOCIAL

X. EQUIDAD DE GÉNERO

XI. BIBLIOGRAFÍA

XII. WEBGRAFÍA

AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA MIRADA DE MUJER

I. INTRODUCCIÓN

Miles de ciudadanos han protestado masivamente en las calles alrededor del mundo, para manifestarse en contra de políticas vigentes que perjudican los derechos humanos, que reflejan el descontento de las personas a la injusticia y las desigualdades crecientes. Estas políticas han sido de austeridad siendo los más perjudicados los grupos más vulnerables como las mujeres, jóvenes, niñas y niños, esto tiende a ponerse más difícil en los años siguientes 2020-2021.

Este problema financiero de muchos países, traerá como consecuencia restringir la capacidad para implementar los ODS que requiere de una inversión pública masiva en las áreas de salud, educación, seguridad social, infraestructura y protección climática, esta política de austeridad y el circulo viciosos de las políticas de deuda externa llevara a muchos países a alejarse de los OSD.

Coordinadora Civil, ha sido parte en distintos escenarios de espacios cívicos en el análisis de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos estando visibilizando y fiscalizando en los territorios como los principios de la Agenda 2030 se desarrollan y se integran con los ciudadanos para contribuir al desarrollo del país y lograr alcanzar los ODS.

Estos encuentros en los territorios han sido a través de procesos de mesas de diálogo político, con actores locales, sectorial, sociales y políticos en las Región del Pacifico, Centro Norte y Autónoma del Atlántico sobre la situación de las OSC en la localidad, tenemos como compromiso compartir y analizar con los integrantes de las OSC aliados en los territorios la conceptualización de los principios de Estambul junto con la Agenda 2030 y los ODS, para fortalecer el debate ciudadano, en la búsqueda de mecanismos de aplicación de estos compromisos en Nicaragua.

Coordinadora Civil, como espacio cívico en alianza con Social Watch queremos contribuir y visibilizar desde Nicaragua la Agenda 2030 y los ODS con mirada de mujer y como nos vemos reflejada en este proceso para el cumplimiento de estos compromisos. Es su momento los territorios se identificaron y se comprometieron como Sociedad Civil a fiscalizar los siguientes principios de los ODS: (5) Igualdad de Género, (6) Agua Limpia y Saneamiento, (3) Acción por el Clima, (17) Alianza para la Articulación, (3) Salud y bienestar, (10) Reducción de las desigualdades.

En esta ocasión estaremos analizando el principio N°5 de lo Agenda 2030 y los ODS, Igualdad de Género.

II. PRINCIPIO NÚMERO 5: IGUALDAD DE GÉNERO

En el 2015 más de 190 países incluyendo Nicaragua, se comprometieron con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Los ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. Pero estas chocan con un marco económico menos favorable. Los Gobiernos aplican políticas de austeridad que terminan con consecuencias devastadoras para las poblaciones desprotegidas, las multinacionales negocian apenas una parte del pago de los impuestos que les corresponde como lo evidenció el escándalo de los Papeles del Paraíso.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible, aunque se han logrado algunos avances en Nicaragua estas han sido en teoría, pues en la actualidad se siguen prácticas que no contribuyen a lograr el principio de Igualdad de Género de la Agenda 2030.

En el caso de educación el pensum académico no está en armonía con la globalización tanto a nivel nacional como regional, lo que permite serias limitantes en el desarrollo intelectual de las mujeres en su conjunto. Las mujeres constituyen hoy el 41% de la fuerza laboral remunerada no agrícola, en comparación con el 35% en 1990. Este no contribuye a que las mujeres sean presidentes o gerentes en la jerarquía laboral, además que son las menos pagadas en esos cargos. En la actualidad existen grandes desigualdades en el acceso a empleo remunerado entre hombres y mujeres y enormes brechas en el mercado laboral.

Los obstáculos más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado en lo doméstico como en el cuidado de otras personas y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público.

Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Aunque existe un marco jurídico que garantiza justicia hacia las mujeres este no es eficaz ni eficiente por la falta de un presupuesto idóneo a las necesidades actuales de las mujeres en Nicaragua.

Hoy más mujeres ocupan cargos públicos, en lo nacional y en la localidad, pero no ejercen la autonomía en sus puestos de trabajo ni en el ejercicio de su trabajo, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros.  

En Nicaragua todas las reformas fiscales han sido realizada entre la empresa privada y el gobierno a puertas cerrada, sin ningún dialogo entre los ciudadanos comunes y/o actores de desarrollo que se han sorprendido, porque estas reformas han beneficiado al gran capital, siendo estos los que han tenido mejores beneficios en exoneraciones y exenciones y de entender que estos abusos tributarios son legales y violentan los derechos humanos de los grupos más vulnerables como las mujeres, adolescentes niñas y niños y evidenciando la falta de un verdadero compromiso gubernamental con la Agenda 2030.

De seguir, con este tipo de reforma, la igualdad de género no se podrá conseguir sin una reforma de la tributación a las multinacionales. Las políticas fiscales no son neutrales respecto a la igualdad de género, las posiciones diversas y desiguales que ocupan las mujeres y hombres en la fuerza del trabajo, como consumidores, como productores, propietarios de activos y como responsables de las actividades comprendidas en la “económica del cuidado”, las mujeres y los hombres experimentan de distintas maneras el impacto de las políticas tributarias.

Cuando las multinacionales no pagan los impuestos que les corresponden, esto significa que los Estados tienen menos recursos para invertir en servicios públicos como educación, salud, guarderías, acceso a sistemas judiciales eficientes, y acceso a sistemas públicos de agua potable y saneamiento, que son algunas metas de los ODS que los Gobiernos se comprometieron.

Esta dinámica exacerba la desigualdad de género, porque las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres y en la franja poblacional con empleos precarios o mal remunerados. También suelen asumir una mayor carga de trabajos de cuidados no remunerados cuando se recortan los servicios sociales. Una guardería que cierra puede obligar una mujer a abandonar su empleo para cuidar de sus hijos.

Nicaragua ve disminuida su capacidad recaudatoria, las multinacionales no pagan la parte justa que les corresponda, entonces el gobierno tiende a compensar esta perdida aumentando la presión tributaria como lo ha evidenciado en las últimas dos reformas en el 2019, que recae sobre las pequeñas y medianas empresas o sobre los ciudadanos y familiares incrementando los impuestos al consumo y al valor agregado (IVA).

Estas medidas tienen una dimensión de género, generalmente las mujeres están a cargo y son dueñas de pequeñas y medianas empresas familiares que tienen menos posibilidad de eludir impuesto, y en los niveles salariales más bajos, y cuanto más regresivos sea el sistema tributario como en el caso de Nicaragua, más desproporcionadamente recaerá el esfuerzo del mantenimiento de las políticas públicas sobre las mujeres.

III. RENDIMIENDO DE GÉNERO

Para mejores el crecimiento económico y el empleo, debemos de echar una mirada en las mujeres, estas están impulsando el crecimiento económico de los países, como en los hogares. La oportunidad de empleos para ellas genera beneficios directos para sus hogares y para el de sus familias.

La inclusión de más mujeres en la fuerza laboral remunerada, amplía el conjunto de recursos humanos disponibles y contribuye al crecimiento económico, al tiempo que crece la capacidad de consumo y la seguridad financiera en los hogares. En términos de desarrollo económico el trabajo remunerado de las mujeres puede tener un efecto considerable en la reducción de la pobreza. Ellas invierten sus ingresos en: educación, nutrición y salud en especial para las y los niños.

El aumento del nivel de ingresos de las mujeres no solo promueve el crecimiento económico de las mujeres, sino que ayuda a eliminar las brechas de la pobreza de una generación a otra. El aumento de la fuerza laboral femenina tiene varias características con consecuencias importantes para el crecimiento, la igualdad de género y la reducción de la pobreza. A pesar de su papel clave en la economía, las mujeres suelen tener una mejor formación que los hombres y no es aprovechado al máximo su talento y potencial por el gobierno.

Las mujeres siguen siendo rezagadas en algunas áreas: sufren tasas de desempleos elevadas, menor remuneración por igual trabajo, están concentradas de manera desproporcionada en empleos de baja remuneración y tienen una representación muy escasa en la cúspide de la jerarquía laboral.

Otro problema serio para las mujeres es que debido a su naturaleza de ser madre les obliga entrar y salir de empleos formales con mayor frecuencia que los varones, esto implica que ellas acumulan menos aportes para su jubilación y acumulan menos años para ser elegibles, en última instancia están en mayor riesgo de no recibir una pensión en la ancianidad.

Otra limitante para el desarrollo humano y remunerado de las mujeres es que las mujeres dedican muchas más horas al cuidado de familiares y al trabajo en el hogar que los varones, ellas están más extenuadas o tienen demasiados compromisos para buscar más trabajo.

IV. IGUALDAD DE GÉNERO - POLÍTICAS

En Nicaragua tanto el gobierno como la empresa privada necesita mejorar y tener un abanico de políticas y servicios más allá de la política laboral para aumentar su participación económica y mejor la calidad de esa participación.

Como una buena política está la inversión en infraestructura y políticas que permitan ahorrar tiempo, mejor acceso al agua, saneamiento, electricidad, transporte, mejor seguridad jurídica para que las mujeres busquen trabajos remunerados y elijan mejores empleos.

Se necesitan leyes y políticas que promuevan opciones para mujeres y varones en términos de trabajo a distancias horarios flexibles y horas extras flexibles.

Promover la igualdad de género en las empresas, que los gobiernos comprometan a las empresas privadas con la promoción de políticas para la igualdad de género, que cumplen con normas mínimas en contratación, capacitación y promoción de las mujeres.

Dar una mejor protección a las mujeres contra el desempleo.

Los gobiernos deben establecer instrumentos legales eficaces contra la discriminación para permitir que las mujeres compitan en igualad en el mercado laboral.

V. DESOBEDIENCIA FISCAL Y EL IMPACTO IMPOSITIVO DE LOS ÚLTIMOS MESES

En el contexto de una jornada nacional a favor de visibilizar la situación de los derechos de las mujeres en Nicaragua, organizada en conjunto con otros espacios de articulación, movimientos sociales de Mujeres y la Unidad nacional.  Iniciada el 25 de noviembre y concluyo con acciones el 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. Desde la Coordinadora Civil, cada año las mujeres, jóvenes, profesionales, rurales, campesinas y de pueblos originarios reafirmamos nuestro compromiso por contribuir a hacer realidad la vigencia de los derechos de las mujeres en Nicaragua.

La aprobación de Leyes y políticas de Estado, hasta hoy no ha fortalecido los derechos humanos de las mujeres, ni ha disminuido su vulnerabilidad integral, producto del debilitamiento de los instrumentos legales; Que empieza con Ley 779, Ley Integral contra la Violencia haca la Mujer y termina con la Ley 822 Ley de Concertación Tributaria y sus reformas tanto a su Ley como a su reglamento en el 2019.

VI. FISCALIDAD

En Nicaragua la equidad de género está respaldada por el principio constitucional en el artículo 27 de la Carta Magna y por la Ley 648 Ley de Equidad de Derechos y Oportunidades. Algunas políticas fiscales pueden tener incidencias diferenciadas entre hombre y mujeres, siendo ellas las más perjudicadas.

La Ley 822, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria, está considerada como una de las peores violencias hacia los derechos de las mujeres, por el aumento de las tasas y derogación de las exoneraciones, principalmente a los productos industrializados de la canasta básica, principalmente afecto los productos alimentarios de mayor demanda, productos para el uso del hogares y productos específicos de uso y consumo exclusivo de las mujeres. Afectando a más del 80%, donde las mujeres son el pilar de las familias y quienes conforman los dos quintiles de población que se ubican en el trabajo informal.

Con la aprobación de una serie de Leyes relacionadas con la política fiscal y financiera, Nicaragua se convierte en uno de los países con mayor desigualdad e inequidad económica social y la regresividad de su política que asegura privilegios fiscales al grupo del 10% más rico de Nicaragua. Un sistema tributario que claramente beneficia a un sector y aplica una tributación onerosa, al consumo del agua, energía, combustible, afectando a los sectores más vulnerables y empobrecidos como son las mujeres, jóvenes y niñas y niños.

Si hacemos un balance entre el ingreso de las familias con trabajo informal que constituye el 80% de la PEA, el costo de la canasta básica y la carga impositiva es insostenible la situación. Por lo cual las familias terminan priorizando, alimento, salud de niños y abandonan todo lo referido a crecer, ahorro, salud de adultos y recreación. El costo actual de la canasta básica: es de C$ 15, 000.00 córdobas aproximadamente, o unos 400 dólares aproximadamente vs el ingreso promedio por familia mensual es de; C$ 7,000.00 córdobas o su equivalente en dólares de unos 180 US.

En esta descripción no hablamos de la población rural y de la costa Caribe, en el caso de estas dos poblaciones no es posible realizar un análisis concreto, se carece de información que nos pueda permitir demostrar la realidad, ambas poblaciones están en permanente movilidad, migrando del campo a otras ciudades y migrando a otros países, la situación de los pueblos indígenas es más dramática. En su mayoría se han cruzado a Honduras y abandonaron sus propiedades por la amenaza de los colonos del Pacifico.

VII. AFECTACIONES DE LAS REFORMAS FISCALES Y SUS PERJUICIOS HACIA LAS MUJERES

1. Inaplicabilidad de deducciones en el IR: El artículo 21 de la LCT, estableció la deducción en restas de trabajo, pero esta norma no se aplica al cumplimiento de tal disposición, es una evidente trasgresión a la equidad de género en la fiscalidad, siendo un país donde la gran parte de los hogares son monoparentales donde la madre es proveedora del sustento de las familias.

Otro caso relevante es la carga fiscal de una mujer y de la empresa donde labora, ahí encontramos que las empresas tienen mayores ventajas y deducciones en incentivos fiscales que las mujeres.

2. Impacto oculto en la seguridad social: En el 2015, el 46% de los asegurados eran mujeres, lo que significa que las mujeres son parte de la población económicamente activa y continúan en desventajas al no estar protegidas con las contingencias de la vida y del trabajo, los hombres al ocupar mejores posiciones y promedios salariales mayores que las mujeres gozaran en mayor cantidad del efecto del salario máximo cotizable.

3. Gravamen a productos del hogar: El artículo 127 de la LCT exonera del IVA ciertos productos de la canasta básica, y otros que no gozarán del este beneficio, al revisar la lista de la ISC donde existen gravámenes para productos de uso domésticos. Esto constituye un perjuicio para las economías familiares lideradas por mujeres.

4. Impuesto Rosa: El denominado “Impuesto Rosa” se utiliza para identificar como las mujeres pagan cantidades más altas de impuestos al consumo que los hombres. Aunque el IVA sea del 15%, pero al ser mayor el valor del producto femenino la mujer termina pagando más impuesto que el hombre.

“Toda política fiscal debe ser analizada con enfoque de género y no solo desde la perspectiva del ingreso, es importante que futuras reformas lo consideren, pero también que pongan en práctica las ya establecidas en la Ley, para que las mujeres no carguen con las mayores responsabilidades tributarias en nuestro país.”

En la actualidad las mujeres tienen mayor acceso a ingresos propios, su participación laboral aumento, pero las remuneraciones por trabajo de igual valor siguen siendo desiguales, las mujeres se concentran en empleos informarles que en Nicaragua andan entre el 70% y 75 % y no tienen las condiciones laborales dignas, no cuentan con seguro social y tienen una responsabilidad desproporcionada en las tareas domésticas y los cuidados no remunerados. Cuidar, asear y cocinar siguen siendo asuntos de mujeres. El trabajo no remunerado es realizado en su mayoría por las mujeres, limitando sus oportunidades de educación, capacitación o empleo e imposibilitando su empoderamiento económico.

VIII. SEGURO SOCIAL

En esta ocasión es preciso hablar de la situación del Seguro Social en Nicaragua y como afecta este a las mujeres. Existen tres regímenes de seguro social a cargo del INSS:

1. Régimen Integral, que cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte (IVM), enfermedad maternidad (EM) y riesgos profesionales (RP)

2. Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y Riesgos Profesionales (IVM-RP), sin EM

3. Régimen Facultativo, para los grupos no asalariados, que puede ser integral cubriendo los riesgos de IVM y EM (no RP) o sólo cubrir IVM o EM.

En 2017, la distribución de asegurados entre los cuatro regímenes era como sigue: 77.5% al Régimen Integral; 4.7% a IVM-RP, 8.3% al Régimen Facultativo integral y 9.2% al facultativo IVM (INSS, 2018). Además, el INSS tiene a su cargo la administración de dos programas de pensiones no contributivas: Víctimas de Guerra y Especiales y existen prestaciones económicas para funeral, asignaciones familiares, subsidios de corto plazo por enfermedad común y laboral, incapacidad, maternidad y lactancia, además de otros programas de servicios sociales de carácter complementario.

En forma independiente del INSS, funcionan dos institutos que brindan prestaciones económicas y de salud (estas con hospitales propios): el Instituto de Previsión Social Militar (creado en 1995), para los miembros del Ejército de Nicaragua, y el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (creado en 1979 y legalizado en 1996) que cubre a los miembros del Ministerio de Gobernación, así como la policía, bomberos, seguridad del Estado, sistema penitenciario, migración y extranjería. No se pudo obtener información sobre estos dos institutos.

En abril 18 de 2018, el gobierno nicaragüense promulgó el Decreto No. 3-2018 que, en vez de acometer una reforma integral de la seguridad social, se limitó a:

  • Aumentar las cotizaciones.
  • Eliminar el tope del salario mínimo imponible.
  • Modificar la fórmula de cálculo para reducir las pensiones.
  • Eliminar un tipo de ajuste de las pensiones.
  • Imponer un aporte de los pensionados para EM.

Esto provocó una serie de demonstraciones y protestas que forzaron a su derogación mediante el Decreto No. 4-2018, pero en enero de 2019 se promulgó el Decreto No. 6-2019 que, en muchos aspectos, es más duro que el derogado en 2018 pues trastoca a las mujeres de una manera sutil y violentando sus derechos al desarrollo integral.

La cobertura de salud por la población en Nicaragua se otorga a los hijos menores de 12 años o incapacitados (los últimos desde 2015), y a la esposa o compañera del asegurado, pero solo en maternidad, lo cual limita fuertemente la cobertura.

El Considerando VII de la Ley de Seguridad Social plantea que, hasta fines de los 70, la cobertura sólo se había “aplicado a núcleos urbanos” marginando a las grandes mayorías de los trabajadores campesinos, a pesar de que nuestro país es esencialmente agrícola”. Se hizo un esfuerzo para afiliar a los trabajadores del campo que sumaban 75,000 a fines de los 80, pero se redujeron a 3,000 a partir de 1990 y el número continúa estancado hoy (Ruiz, 2010). En 2016, la distribución de la población nicaragüense era 58% urbano y 42% rural, de manera que todavía hay un sector rural considerable.

IX. EQUIDAD DE GÉNERO - SOLIDARIDAD SOCIAL

Aunque han ocurrido avances importantes en los últimos tres decenios, el sistema de seguridad social de Nicaragua tiene un nivel bajo de solidaridad social por las razones siguientes:

  • La cobertura de la población es la más baja en la región, mientras que la de la PEA se encuentra entre las cuatro inferiores;
  • No se otorgan actualmente pensiones sociales focalizadas en los pobres a pesar de tener la décima incidencia de pobreza mayor en la región, en este país está estipulada en la Ley, pero aún no implementada.
  • El Estado contribuye a EM, el cual cubre alrededor de un tercio de la población que es asegurada, financiada mayormente por impuestos al consumo que paga la mayoría de la población que está desprotegida
  • El resultado es un impacto regresivo en la distribución tanto por el lado del ingreso como el del gasto.

X. EQUIDAD DE GÉNERO

El mercado laboral y el sistema de seguridad social con frecuencia discriminan a las mujeres respecto a su cobertura y prestaciones en comparación con los hombres. En el mercado laboral, un porcentaje mucho menor de mujeres que de hombres participa en la PEA total y ocupada, además tienen menor participación en los empleos más productivos y mejor pagados, por lo que se concentran en los empleos de menor productividad, informales y en servicios.

En 2015, la informalidad femenina era de 76.7% y la masculina de 69.6 (FIDEG, 2016). Por último, las mujeres reciben un salario inferior y sufren una tasa de desempleo mayor que los hombres (CEPAL, 2016; OIT, 2018). En la composición de la fuerza laboral por ocupación en 2015, Nicaragua se colocaba en el último lugar de 19 países de la región, el 18 lugar en el sector privado asalariado y el 16 en sector público asalariado, pero primera en el mayor porcentaje de trabajo por cuenta propia y en familiares no remunerados.

Las mujeres son mayormente aseguradas como familiares dependientes de un asegurado directo, lo cual implica que la mujer puede quedar sin cobertura si se divorcia del cónyuge. También ellas pueden perder su cobertura por abandono temporal o permanente de la fuerza laboral para criar a los hijos o cuidar a familiares ancianos o enfermos, lo cual hacen sin remuneración.

Por todo lo anterior, las mujeres aportan menores cotizaciones, tienen una probabilidad inferior de calificar para una pensión y cuando la reciben es mucho menor que la del hombre. En Nicaragua, la equidad de género hasta 1979 era extremadamente baja, pues sólo el 10% de los asegurados eran mujeres y una proporción aún inferior eran pensionadas.

Ha habido avances posteriores: el seguro de maternidad cubre el embarazo, el parto y la lactancia; se otorga un subsidio de 60% del mejor salario que ha devengado la mujer que al dar a luz esté sola y se obliga a su empleador a pagar el otro 40%; se concede un subsidio de lactancia por seis meses por cada hijo nacido, que se aumenta a dos años si son gemelos o trillizos. Se reconoce a la compañera los derechos de cónyuge siempre que la separación de la esposa haya ocurrido a menos cinco años antes.

Por último, se hizo un esfuerzo para extender la cobertura a las trabajadoras domésticas, pero esto se interrumpió a partir de 1990, después se retomó en el primer quinquenio del siglo y se llegó a inscribir 5,000 de dichas trabajadoras, luego se abandonó (Ruiz, 2010, 2018).

Cuatro indicadores apuntan que todavía hay mucho por hacer:

1. Entre 2006 y 2017, la proporción de la población femenina fue ligeramente mayoritaria y con una tendencia ascendente (de 50.3% al 50.7%), pero la proporción de las aseguradas sobre el total disminuyó en el período (de 49.3% al 43.8%), mientras que lo opuesto ha ocurrido con los hombres.

2. El número de mujeres que recibe pensiones respecto al total en vigor exhibe un promedio inferior al del hombre en todos los tipos, salvo en viudez y ascendencia. Por otra parte, el monto promedio de las pensiones femeninas es menor que las masculinas, salvo en ascendencia. Una comparación entre 2013 y 2017 muestra una clara mejoría en cuanto a la proporción del número de mujeres en vejez y ligera mejoría en invalidez parcial, pero una caída en invalidez total y ascendencia, y estancamiento en los otros dos tipos. No obstante, la brecha en el monto mengua en cinco tipos y solo se expande en uno, viudez (Cuadro 15).

3. Las pensiones no contributivas establecidas en la mayoría de los países de la región, se otorgan a más mujeres que hombres porque ellas tienen una incidencia de pobreza mayor, pero no se conceden actualmente en Nicaragua.

4. En la cobertura de la población en salud, todos los países latinoamericanos muestran una cobertura mucho mayor de las mujeres que la de los hombres; en Nicaragua las proporciones respectivas son 30.2% y 48.3%, pero ambas son las inferiores en América Latina y muy por debajo de los promedios regionales de 65.2% y 71.6%.

XI. BIBLIOGRAFIA

Carmen Páges y Caludia Piras (2010) El dividendo de Genero. - Como Capitalizar el Trabajo de las Mujeres, Banco Interamericano de Desarrollo -BID

Mesa-Lago C. (2020) La seguridad social en Nicaragua: Diagnóstico y recomendaciones para su reforma. Nicaragua

XII. WEBGRAFIA

https://www.iniet.org/manual-reforma-tributaria-2019/
Manual REformaTRibutaria 2019, 16 de julio 2019

https://www.laprensa.com.ni/2016/12/12/economia/2148824-sabias-que-la-fiscalidad-tiene-rostro-de-mujer
Dec 12, 2016 - En Nicaragua la equidad de género está respaldada por principio constitucional en el artículo 27 de la Carta Magna.

https://issuu.com/oxfamintermonenvalencia/docs/mar_a_f_lix_estrada
Justicia Fiscal y Género - Entrevista a María Félix Estrada, Published on Mar 6, 2017

https://elpais.com/elpais/2018/03/05/planeta_futuro/1520255239_101687.html
Mar 6, 2018 - Al mismo tiempo, la opinión pública ve que muchas multinacionales pagan apenas una parte de los impuestos que les corresponden, como

https://www.ni.undp.org/content/nicaragua/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html
Oct 5, 2019 - Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Poner fin a todas las formas de ...

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