Las Organizaciones de la Sociedad Civil salvadoreñas en lucha por incidir, participar y lograr financiación en el avance de los ODS

Scarlett Cortez, con el apoyo de Ana María Galdámez, Mario Paniagua1
Social Watch El Salvador

Trascender de los ODM a los ODS

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM-, fueron establecidos en el año 2000 por los 189 países miembros de las Naciones Unidas, con el fin de cumplir los ocho propósitos planteados para el año 2015. Estos ocho objetivos reflejaban problemas de vida que se consideran graves y radicales, entre estos: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

 En el año 2014, el Gobierno de la República de El Salvador, presentó el informe de avance de los ODM "Juntos y juntas hacia el desarrollo sostenible" que presentó una evaluación de los avances y logros del país en los ODM hasta el año 2012.

Para la fecha se habían alcanzado 10 de los 30 indicadores monitoreados para el cumplimiento de los ODM2, siete estaban en la ruta de cumplimiento y con altas probabilidades de lograrse, seis eran de probable cumplimiento y siete se identificaban con prioridad en la agenda social después del 2015.

Si bien el país logró avances en ODM, todavía quedaron pendiente temas a resolver, ya sea por falta de recursos o compromisos, son necesidades elementales para la población salvadoreña, al cumplirse la meta y al tener los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS- el gobierno tienen una nueva oportunidad de establecer lineamientos para que todos los sectores sociales, políticos y económicos se comprometan para el cumplimientos de estos ODS.

Es importante recalcar que aunque ya nos encontramos a más de un año del inicio de la Agenda 2030, la mayoría de la población salvadoreña desconoce a cerca de los ODS e incluso pocos conocen a cerca de los ODM y de estas personas desconocen si se cumplieron o no.

El Salvador, al ser uno de los 60 países seleccionados por el Sistema de Naciones Unidas para implementar la fase de consultas de la Agenda de Desarrollo Post 2015, desde el Estado se abrieron mecanismos de participación para que desde las organizaciones de la sociedad civil se generara un espacio de diálogo, fomentando la inclusión en el abordaje del análisis de los temas prioritarios para el desarrollo del país en la agenda 2030.

En las consultas de país se priorizó en mesas de análisis y propuestas desde las inquietudes de las poblaciones marginales, los grupos organizados, académicos y líderes de opinión, sector privado y sindicatos y sector público.

El proceso de consulta en que se destaca una importante participación de la sociedad civil fue el de poblaciones marginales y se realizó con cinco grupos poblacionales identificados como prioritarios por las condiciones de exclusión que viven; estos son: pueblos originarios, mujeres, personas con retos físicos, territorios y comunidades, y sector de juventudes.

Los diálogos territoriales permitieron incorporar desde los territorios y la poblaciones, las problemáticas que demandan una atención prioritaria desde el Estado y las entidades llamadas a tomar acción al respecto.

Entre las temáticas prioritarias  identificadas en las consultas están: el derecho al trabajo,  a una vivienda digna, a la alimentación a la agricultura sustentable, derecho a la educación como una herramienta para aumentar la calidad de vida, la salud como un derecho fundamental que debe llegar de forma oportuna y con calidad y todo el territorio y a todos los sectores, el derecho a la seguridad con un enfoque de prevención y reinserción transversalizando el tema de prevención de la violencia de género y la violencia intrafamiliar; el tema de la vulnerabilidad de los territorios desde un enfoque de protección del medioambiente y preparación ante los efectos del cambio climático tomando en cuenta el impacto de este tiene en la seguridad alimentaria de los pueblos.

Se priorizaron además los temas de transporte público desde una dimensión del ordenamiento territorial y el respeto a la vida de las personas y el tema de la migración como una situación que genera desintegración familiar y la transculturización de quienes se ven forzados a salir del país por la pobreza o la inseguridad.

A partir de las temáticas identificados se elaboró el documento de visión de país, identificando tres desafíos: ubicar a las personas al centro de las políticas públicas, con voz y voto en las cuestiones que le van a impactar en su vida; construir un país con igualdad de oportunidades y con acceso a servicios públicos de calidad que además garanticen los derechos humanos de manera igualitaria para toda la población; y el tercer desafío es la necesidad de reconciliarse, ya que la polarización heredada desde el conflicto armado no permite la tolerancia de opiniones, el diálogo franco y la unidad en el objetivo prioritario que es lograr el bien común sobre los intereses particulares.

De estas visiones de los sectores y los territorios se sintetiza al visión común, que se plasma en el documento de país “El Salvador-Agenda de desarrollo Post 2015- El país que queremos”: Un El Salvador justo, inclusivo, libre de discriminación y violencia, con igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas, y con niñas y niños educados y felices.3

El Salvador uno de los 15 países para la implementación acelerada de los ODS y uno de los 6 países piloto para la implementación del ODS 16 sobre paz, acceso a la justicia e instituciones sólidas.

El Salvador es uno de los 15 países seleccionados por el Sistema de Naciones Unidas para la implementación acelerada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por haber mostrado interés en el concierto mundial, sobre todo tomando en cuenta que en el plan quinquenal de desarrollo del gobierno ya se había definido como prioritarias, metas y objetivos planteados en Naciones Unidas, como la seguridad, equidad, salud, educación de calidad, crecimiento, resiliencia y transparencia y por los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo del milenio que fueron expuestos el pasado mes de septiembre.

Se firmó un acuerdo entre los organismos de la ONU y el gobierno de El Salvador para elaborar una planificación de esta implementación acelerada, esta planificación incluye la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible que se integrará por representantes del Gobierno, del Sistema de Naciones Unidas, de la sociedad civil y del sector privado para dar seguimiento y monitorear las acciones enmarcadas en el logro de los 17 ODS en El Salvador.  Hasta la fecha, aún se está en el proceso de socialización de los mismos a los sectores de la sociedad salvadoreña, principalmente el de la sociedad civil organizada, con quienes aún no se han establecido mecanismos formales y continuos de trabajo.

A más de un año de estos compromisos, a pesar de que hay voluntad conjunta de impulsar el compromiso intersectorial para desarrollar las diferentes acciones que abonen al cumplimiento de los ODS , aún existen vacíos en materia del dialogo, la coordinación, la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los mismos, tomando en cuenta que el próximos tres años, las acciones a ejecutar se articularán en una hoja de ruta definida por el Gobierno de El Salvador, en concordancia con los objetivos y estrategias del Plan Quinquenal de Desarrollo.

En la implementación de esta agenda acelerada, el papel de la Sociedad Civil se vuelve primordial más allá de su función contralora, tomando en cuenta que en El Salvador cada cinco años hay elecciones presidenciales, lo que implica un cambio en la visión, las políticas y los programas de desarrollo del país, según la ideología del gobierno en turno se priorizan y se financian los procesos, de ahí que es desde el ojo contralor de la sociedad civil se garantizará la prioridad  del cumplimiento de los ODS.

La participación activa de la sociedad civil pasa por la voluntad política del gobierno para transparentar los procesos de participación y los mecanismos de implementación de los ODS, desde las gestiones del financiamiento desde la cooperación internacional para su cumplimiento hasta las políticas y acciones conjuntas que se impulsarán para lograr el avance en la Agenda 2030.

Hasta la fecha, desde el gabinete gubernamental se ha trabajado en  la construcción de la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible, definida para el mediano plazo (hasta 2019)  recalcando que las metas a las que se les dará énfasis están basadas en: prioridades vinculadas al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 (entre las cuales seguridad es estratégico), capacidad estadística para la medición de indicadores, disponibilidad de recursos y fuentes de cooperación, integración con la agenda institucional y otras prioridades nacionales de la etapa de consultas.

Partiendo de esto, la Agenda Nacional dará prioridad a un total de ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible y a un conjunto de 35 metas de los demás Objetivos. Sin embargo, desde la Sociedad Civil organizada aún se desconocen los procesos que han llevado a definir estas prioridades y se trabaja por coordinar de forma efectiva la inclusión de las inquietudes y prioridades que la sociedad civil puede aportar en cuanto a su cercanía con las poblaciones y los territorios que día a día enfrentan las diferentes problemáticas sociales que abordan los ODS.

El Salvador sigue enfrentando un elevado déficit fiscal, por lo que se vuelve urgente un reforma fiscal justa, que permita  obtener los ingresos necesarios para la ejecución de programas sociales y de las acciones que debe impulsar para el logro de las metas que plantea este nuevo desafío hacia el 2030.

La falta de acuerdos políticos y la falta de una reforma fiscal integral hace que la estructura tributaria de El Salvador sea muy injusta y profundice las desigualdades, pues el 80% de los ingresos del gobierno proviene de impuestos al consumo (entre ellos el IVA) y a los salarios, lo que afecta mayormente a la población trabajadora, y solo el 20% proviene de la renta empresarial.

El colectivo Social Watch El Salvador ha impulsado acciones de sensibilización e incidencia encaminadas a demandar justicia tributaria a través  de diferentes propuestas concretas que incluyen: Controlar la evasión de impuestos, revisar la legislación que permite a las grandes empresas no pagar impuestos y que le cuestan al gobierno 1,200 millones por año, aumentar hasta 40% el impuesto a las empresas que ganan más de un millón de dólares al año, exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación y el juicio de más de 150 casos de corrupción dados en gobiernos anteriores al año 2009, y demandar que se cobre el dinero del que se apropiaron funcionarios de los gobiernos anteriores, tomando en cuenta que algunos de ellos ya enfrentan procesos judiciales por delitos de corrupción; entre otras medidas y acciones que pueden ayudar a financiar al Estado para avanzar en el cumplimiento de los ODS.

También se ha trabajado, aunque en menor escala en impulsar el conocimiento a cerca de la agenda 2030 con las organizaciones que conforman el colectivo, de cara a lograr una mayor participación ciudadana en materia contralora del cumplimiento de los ODS.

Otro abordaje del colectivo se ha centrado en los altos índices de vulnerabilidad ambiental que enfrenta el país. Según el Informe de la Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de 2015, emitido por el Sistema de Naciones Unidas, desde 2001 en El Salvador el promedio histórico anual de pérdidas por eventos climáticos extremos es "equivalente a casi el 60 por ciento del promedio anual de su inversión pública"4, lo que implica una urgente necesidad de invertir desde un enfoque preventivo en materia de desarrollo territorial y de protección real de los ecosistemas para la reducción de las vulnerabilidades ambientales que afectan mayoritariamente a las poblaciones más pobres del país.

Ante esta realidad el colectivo Social Watch El Salvador celebra la aprobación de la “Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador”, ya que es un triunfo de la lucha llevada a cabo por diferentes organizaciones sociales, no solo ambientalistas, sino de la sociedad salvadoreña en general que ahora cuenta con esta herramienta legal para defender la vida.

El Salvador es el primer país de América Latina y del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto. Esta prohibición representa un avance histórico en la región y significa reducir los impactos ambientales en el agua, aire, bosques y suelos para garantizar el desarrollo sostenible y bienestar de las familias salvadoreñas.

Este es el resultado de más de una década de lucha popular contra la minería y en defensa de la vida y el medioambiente, proceso que también tuvo sus momentos oscuros cuando cobró la vida de activistas ambientales en hechos que aún no han sido aclarados en su totalidad.

Cómo Social Watch El Salvador, esperamos que la prohibición de la explotación minera sea la primera de las normativas ambientales de ley que urgen a un país tan vulnerable como El Salvador, tal es el caso de la ley general de agua, y la protección de otros ecosistemas que se ven amenazados por la gran empresa privada y compañías transnacionales que se lucran en detrimento del medioambiente salvadoreño.

Sin embargo históricamente ha habido un vacío en la implementación efectiva de las leyes y los acuerdos que garantizan la protección del medio ambiente y de las zonas vulnerables, por lo que el país debe de apostarle principalmente a la sensibilización y educación sobre la insostenibilidad de la vida en el planeta.

Partiendo de esta realidad, y tomando como ejemplo la poca  de participación ciudadana en la implementación de los ODM, se vuelve urgente e imprescindible que desde las organizaciones no gubernamentales y las diferentes expresiones de la sociedad civil organizadas, se priorice en tres grandes ejes de acción para garantizar que el camino de los ODS llegue a buen término y es en primer lugar generar el conocimiento necesario sobre los ODS en la población salvadoreña organizada y no organizada; en segundo lugar, demandar la participación permanente de las OSC, Sindicatos y Comunidades organizadas en las discusiones de alto nivel en cuanto a la hoja de ruta de implementación de ODS en El Salvador, y en tercer lugar demandar una reforma fiscal integral con un combate efectivo a la evasión y elusión, garantizando así una efectiva financiación para el cumplimiento de los ODS en el país.

Notas:

1 Integrantes de organizaciones que conforman Social Watch El Salvador, agradecen la colaboración solidaria del economista y analista político César Villalona quien nos ha proporcionado algunos datos estadísticos para la elaboración de este documento.

3 Documento de país El Salvador-Agenda de desarrollo Post 2015- El país que queremos, Pág. 47, Sistema de Naciones Unidas El Salvador.

4 Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR) 2015, Pág.107, Oficina de la Naciones Unidas para la reducción de Riesgos de Desastres.