Boletín Social Watch - Boletín 318 - 3 de noviembre, 2017

Desde 2015, con la elección de un nuevo Gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.
Según el informe de Social Watch sobre Argentina, «esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo», de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el Gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 extensiones pertenecientes al Estado, la mitad de ellas en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones superpobladas y casi 200 000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los Gobiernos a «Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles». Lea más

Según indican los informes del equipo de Social Watch, en Marruecos, la institución suprema de auditoría del reino informó un incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por parte de proveedores privados de servicios públicos de agua, electricidad y saneamiento: en la ciudad de Tánger, el grupo «Amandis», asociado al grupo francés «Veolia», cumplió solo 3.030 de 10.000 obligaciones de este tipo durante los primeros cinco años de sus operaciones. En Casablanca, se llevaron a cabo solo 45.806 «conexiones sociales» (en beneficio de los pobres) en 10 años (de 1997 a 2006) de las 90.000 prometidas por la empresa francesa Lédique, del grupo Suez.
La productividad laboral efectivamente mejoró con las APP (localmente conocidas como «concesiones autorizadas») en la distribución de agua y energía, así como en los sectores de gestión de las aguas residuales. Sin embargo, el aumento de productividad se debió, principalmente, a un gran número de despidos de trabajadores, aproximadamente el 20% del personal, lo que redujo a la mitad la cantidad de empleados por cada 1000 conexiones. En contraste, ciertas agencias independientes pudieron lograr más mejoras en la productividad laboral, en comparación con las empresas bajo concesiones autorizadas, sin recurrir a despidos, lo cual desmiente que las concesiones sean más eficaces o eficientes. Lea más

Coaliciones nacionales de Social Watch en todo el mundo están aportando sus conclusiones para el informe mundial sobre la implementación nacional de la Agenda 2030 en su primer año. Estancado o retrocediendo es lo que más aparece en las contribuciones. Los desastres naturales y no naturales, algunos de ellos de proporciones catastróficas, aparecen una y otra vez, no sólo como obstáculos para el progreso más rápido hacia los objetivos acordados, sino como retroceso. Parte de la razón para la falta de progreso tiene que ver con que la excesiva dependencia de las asociaciones público-privadas, alentado por el Banco Mundial como una forma de financiar la implementación del ODS.

 

La red global de Social Watch se une así a las discusiones en curso sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas contenidas en la Agenda 2030 y la necesidad de monitoreo de la sociedad civil.
Las plataformas nacionales de Social Watch son coaliciones independientes de organizaciones de la sociedad civil que pugnan por la justicia social y de género en sus propios países. La red mundial de Social Watch ha publicado desde 1996 informes anuales sobre el modo en que los gobiernos implementan sus compromisos internacionales de erradicar la pobreza y lograr la igualdad entre mujeres y varones.

Organizaciones de la Sociedad Civil de la región se reunieron en el marco de la Conferencia Regional sobre Desarrollo de la CEPAL para elaborar una declaración con las principales propuestas y demandas desde las OSC.
El Foro Social “Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos de desarrollo para la inclusión social y económica” se llevó a cabo en el marco de la Segunda Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, convocada por la CEPAL del 25 al 27 de octubre.
Representantes de la sociedad civil se reunieron con el objetivo dialogar y reflexionar sobre las visiones, prácticas, demandas y propuestas de las OSC en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La declaración pública da cuenta del estado de situación de diversas problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales de los países latinoamericanos y del Caribe, y convoca a las responsabilidades de los Estados y gobiernos para garantizar DDHH fundamentales y promover el diálogo y la construcción colectiva. Lea más