En la Agenda 2030, los gobiernos se comprometieron a revitalizar la Asociación Mundial entre los Estados y declararon que las finanzas públicas deben desempeñar un rol fundamental para alcanzar los ODS. Sin embargo, en las últimas décadas, la combinación de ideologías neoliberales, cabildeo empresarial, políticas fiscales pro-empresariales, y elusión y evasión de impuestos ha derivado en un debilitamiento masivo del sector público y de su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales. El informe "Spotlight" sobre desarrollo sustentable, publicado por una amplia coalición de ONGs, sindicatos, movimientos de mujeres y la red Social Watch sostiene que "las mismas estrategias empresariales y las políticas que generaron este debilitamiento han permitido una acumulación sin precedentes de riqueza individual y una mayor concentración del mercado".

UNITAS (punto focal de Social Watch en Bolivia) se pronuncia en relación a la Ley del Nuevo Sistema del Código Penal que fue aprobado a fines de 2017 y que ha generó reacciones de muchos sectores dando lugar a grandes movilizaciones ciudadanas durante el mes de diciembre y enero. Ante tanta presión, el presidente Morales solicitó a la Asamblea Legislativa (parlamento) que abrogue dicha Ley y el 26 de enero promulgó la ley corta que abroga el Código de Sistema Penal como demandaron organizaciones sociales que se movilizaron en contra de esa norma que sancionaba la protesta social entre otras cosas.

La implementación de la Agenda 2030 en Túnez enfrenta casi los mismos desafíos que enfrentan el resto de las economías árabes. No es jurídicamente vinculante y proporciona al gobierno solo pautas. Además depende de la buena voluntad del gobierno y de sus propias prioridades. Está sujeto a diferentes amenazas, como la inestabilidad, los conflictos regionales, la inmigración y los movimientos demográficos, las desigualdades sociales, las crisis económicas y el alto endeudamiento público. La crisis económica y la falta de fuentes de financiación a menudo se mencionan para justificar la incapacidad del gobierno tunecino para invertir en infraestructura y proyectos de desarrollo.

Los grupos de derechos de las mujeres piden a los gobiernos que rechacen la Declaración de la OMC sobre "Empoderamiento económico de las mujeres"

Más de 160 organizaciones de derechos de las mujeres y aliadas enviaron una carta urgente a los gobiernos miembros de la OMC, pidiendo a los estados partes en la Organización Mundial del Comercio que se abstengan de adoptar la propuesta "Declaración conjunta sobre comercio y empoderamiento económico de las mujeres". Argumentan que la Declaración propuesta no aborda el impacto adverso de las normas de la OMC sobre la mujer y, en cambio, parece estar diseñada para enmascarar los fallos de la OMC y su papel en la profundización de la desigualdad y la explotación.

En la India, se espera que las PPP movilicen casi la mitad del billón de dólares prometido para inversión en infraestructura en el plan quinquenal 2012-2017. El gobierno ha fomentado activamente las APP en diversos sectores de la economía y el informe de Social Watch sobre la India presenta un balance mixto. Varios proyectos de construcción de autopistas y carreteras, como el Golden Quadrilateral, y puertos, como el Jawaharlal Nehru Port Trust, son considerados exitosos.

Sin embargo, el informe observa que “muchas veces, las PPP son buenas en la teoría, pero en la práctica [...] se convirtieron en vías para que los agentes inmobiliarios se enriquezcan a costa de los contribuyentes”.

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