Catástrofes naturales y financieras en Puerto Rico

Desde Puerto Rico, la organización de mujeres Cohitre también describe una "condición colonial que impone agendas ajenas a nuestro pueblo". En septiembre de 2017, los huracanes Irma y María llegaron a la isla, destruyeron 70,000 casas y colapsaron su red eléctrica (aún no completamente restaurada), su sistema de transporte, hospitales y suministros de combustible y alimentos.

Los efectos catastróficos se agudizan por la ausencia de poderes políticos -la isla es un "territorio no incorporado" de los Estados Unidos. Desde 1898- y el control de sus finanzas por un Consejo de Control Fiscal impuesto por los Estados Unidos, debido a su endeudamiento. "La desviación de fondos para pagar deuda pública, planes de ajuste, medidas de austeridad, la reducción del sector público y la privatización han comprometido la capacidad del gobierno para responder a la crisis" mientras "la respuesta del gobierno de los Estados Unidos es lenta, errática y centralizada” y el Congreso de Estados Unidos ”no ha mostrado apuro por proporcionar ayuda a Puerto Rico, dado el debate sobre la corrupción y la forma de administrar los fondos".

Se estima que más de cien mil personas (3% de la población) han migrado después de los huracanes, ya sea por razones de salud (buscando servicios médicos apropiados), por razones de educación (escuelas cerradas) o en busca de un empleo (debido a problemas económicos). colapso y pérdida de empleo) y "especialmente debido a una política de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) de los EE. UU. que estimula la migración".

Los grupos de la sociedad civil demandan la eliminación de la Junta de Control Fiscal que menoscaba la democracia y que "el pago a los acreedores no sea superior al pago de los gastos ordinarios del gobierno que benefician directamente a la población, lo que genera un problema de derechos humanos".

Fuente: Informe nacional de Puerto Rico, Social Watch Report 2018.