España

Presentación de la alianza en Madrid.
(Foto: Plataforma 2015 y más)

Cuarenta organizaciones sociales y sindicales de España unieron fuerzas en defensa del Estado de Bienestar y los servicios públicos y para promover dentro de la sociedad un modelo basado sobre la justicia y el respeto de los derechos básicos.

Manifestación en favor del ITF
en Madrid en junio pasado.
(Foto: ISCOD)

Una amplia coalición de la sociedad civil de España de la que son parte, entre otras organizaciones, por la central sindical Unión General de Trabajadores (UGT) y la Plataforma 2015 y Más (integrada a Social Watch), urgió esta semana al gobierno que preside desde diciembre Mariano Rajoy a abogar por la instauración de un impuesto a las transacciones financieras (ITF) a nivel europeo.

El apoyo del Gobierno al desarrollo sustentable no se ha visto reflejado por los hechos. Tanto en relación a políticas de género como energéticas y de cooperación para el desarrollo, la Sociedad Civil española ha visto muchas promesas y pocos resultados. Como consecuencia de esto, en el presente no hay políticas sólidas que garanticen la igualdad de género y el compromiso por una economía sustentable que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y apueste por fuentes de energía renovables.
Primer informe anual de la
Coordinadora Estatal de
Comercio Justo

La facturación por la venta de productos de comercio justo en España aumentó 24% el año pasado en España, según datos oficiales divulgados el viernes. Intermón Oxfam, uno de los puntos focales de Social Watch en el país europeo, celebró el anuncio y llamó a las grandes superficies que aumenten su esfuerzo en la promoción de estos productos, importados desde África, Asia y América Latina.

Fuente: Plataforma 2015 y Más

El año pasado fue el del “giro anti-social” en España, dados los retrocesos en la lucha contra la pobreza y la inequidad por la política de austeridad impuesta por el gobierno. Así lo evaluó la Plataforma 2015 y Más, alianza de organizaciones españolas que integra la red global Social Watch, en su más reciente informe anual.

Fuente: Plataforma 2015 y Más

Las principales centrales sindicales de España y numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Plataforma 2015 y Más (integrante de Social Watch) establecieron esta semana un programa de movilizaciones para expresar su rechazo a la reforma constitucional a estudio de los grupos parlamentarios del gobernante Partido Socialista Obrero Español y el opositor Partido Popular para establecer un límite al déficit público y por la convocatoria de un referéndum.

Portada del informe anual
de SOS Racismo

Fuentes: SOS RacismoEl Comercio, EcuadorEFE, en MugakCadena SER.

El racismo y la xenofobia se han agravado en España al influjo de fuerzas políticas y partidos tradicionales que han asumido postulados hasta ahora limitados a la extrema derecha, advirtió la federación de organizaciones no gubernamentales SOS Racismo en su último informe anual. En los últimos meses se ha armado "una bomba de relojería", mientras "falla la clase política en su conjunto, unos por hacer el juego racista y otros por no condenarlo suficientemente", dijo la portavoz de la red en Cataluña, Alba Cuevas. 

Foto: CCOO

Fuente: Plataforma 2015 y Más

La Plataforma 2015 y Más, uno de los puntos focales de Social Watch en España, llamó a la ciudadanía de su país a ejercer con responsabilidad el derecho al voto en las elecciones autonómicas y municipales del domingo 22. En ese sentido, exhortó a elegir las opciones que integren en sus programas la defensa de las políticas públicas, como garantía del compromiso del Estado con la erradicación de la pobreza y de las desigualdades.

Las intenciones del Gobierno de enfrentar la crisis financiera sin apelar a recortes y ajustes que atentaran contra sus políticas sociales no lograron cristalizar, y en 2010, el Presidente Zapatero cambió el rumbo y anunció un paquete de fuertes medidas tendientes a reducir el déficit público y una reforma laboral duramente criticada por los sindicatos. Otra de las graves consecuencias de estos ajustes es el recorte de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), de la que España había sido fuerte defensora. El Gobierno ha perdido una magnífica oportunidad de regular el papel de las empresas españolas en el exterior, como actores en el desarrollo internacional.
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