Guatemala

La inseguridad alimentaria es un flagelo nacional que requiere medidas urgentes, coordinadas, efectivas y sostenibles, en cuya planificación y ejecución debe participar la sociedad civil. Decretar el Estado de Calamidad – tal cual hizo el Gobierno en septiembre de 2009 – no es suficiente. Hay que romper el ciclo del hambre, como primer paso para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo económico y social. Para ello, las políticas nacionales y la financiación y ayuda internacional deben coordinarse, priorizando las urgencias de la población guatemalteca. De no ser así, los ODM seguirán siendo un destino inalcanzable.
La crisis alimentaria recurrente que vive el país, con 121 de los 333 municipios que lo componen sumidos en la hambruna, hacen imprescindible la intervención estructural en el campo. Terminar con el desplazamiento de las comunidades campesinas, permitiéndoles ser dueños de sus tierras, permitirá hacer más equitativa la tenencia y volver a la autosuficiencia alimentaria. Para ello, es urgente revertir el actual modelo feudal de producción agrícola e impostergable aplicar la prometida Reforma Agraria Integral.
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