Del dicho al hecho
Pese a que un informe elaborado en conjunto por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el ministerio de Planificación y Política Económica reveló que el porcentaje de pobreza disminuyó este año tres % respecto a 1990 (cuando alcanzaba el 50 %. de la población) a pobreza en Panamá tiende a convertirse en un mal end‚mico, mientras arrecian las críticas de sectores de la sociedad civil que acusan al gobierno de no mostrar voluntad política para revertir la situación.
El documento señala también que persistengrandes diferencias entre las áreas urbanas y las rurales, dondela pobreza azota con mayor rigor.
Mientras que 29 % de las familias urbanas seencuentran bajo la línea de pobreza absoluta, en el árearural y en las reservas indígenas el guarismo trepa a 64 %.
Una de las principales causas de la pobrezarural es la desigual distribución de la tierra, ya que 47 % delas establecimientos agropecuarios poseen menos de una hectáreade extensión y sólo controlan 0,5 % de la superficie explotada.
El secretario técnico del Gabinete Social,Guillermo Castro, reconoció que las causas del alto índice depobreza son consecuencia del agotamiento del modelo protector dedesarrollo implantado en la d‚cada de 1950 y de"laacentuada inequidad en la distribución del ingreso".
Panamá está ubicada en el penúltimo lugarde América Latina en materia de distribución de su riqueza.
Castro explicó que el aumento súbito de lapobreza a inicios de esta década, cuando saltó de 40 a 50 %,fue "una combinación de las consecuencias del ajusteestructural con una agresión económica y militar(extranjera) en el marco de un gran caos político en elpaís".
El funcionario se refería a las sancioneseconómicas que impuso en 1988 el gobierno de Estados Unidoscontra Panamá , que provocaron una caída de 16,1 % en elProducto Interno Bruto (PBI), y la posterior invasión lanzadapor Washington el 20 de diciembre de 1989 para derrocar algeneral Manuel Noriega.
Tras señalar que la peor etapa de la crisis yahabía sido superada, Castro aclaró, sin embargo, que no era porel éxito del actual gobierno en la lucha contra la pobreza, sinoporque se ha regresado a la norma "en una situación detransición en el proceso de ajuste estructural".
Advirtió que si el país funciona normalmente,sin crisis "y se inserta en la economía global haciadonde se orienta el actual programa de gobierno, vamos aestabilizar la pobreza en 30 % en muy pocos años".
Subrayó que el gobierno puso en marcha hacetres años un programa "de mitigación de la pobreza" através de proyectos de autoayuda realizados por el Fondo deEmergencia Social y el Gabinete Social, que está integrado porsiete ministerios y varias entidades autónomas y semiautónomasdel Estado.
Durante esos tres años se destinó alrededorde 45 % de los recursos del gasto público total para eseprograma, lo cual equivale a 27 % del PBI, que suma unos 7.500millones de dólares anuales.
Junto con ello "ha habido una activapromoción de la concertación con fuerzas representativas de lasociedad civil" subrayó Castro, con miras a buscarmecanismos de integración de la sociedad.
Adelantó que con la reciente creación delministerio de la Juventud, la Mujer y la Familia, "elgobierno va a reforzar la lucha contra la desintegración y lapérdida de relaciones solidarias, que necesita el país paracomponer las actuales desigualdades sociales".
No obstante, admitió que los problemaspolíticos que genera la pobreza, como la marginación de laproducción, falta de participación ciudadana y el alejamientode la vida política "no lo estamos enfrentando en toda sudimensión en América Latina".
"Lo único que hemos hecho esinventar el discurso sobre la gobernabilidad, pero nos resistimosa entrar en el tema de la ciudadanía que es clave para resolverel problema de la pobreza", acotó.
Portavoces de la sociedad civil consultadosdijeron no tener grandes diferencias en cuanto a los índices depobreza que maneja el gobierno, pero discrepan con Castro encuanto al futuro de los pobres y su versión sobre laconcertación.
La presidenta del Centro de CapacitaciónSocial, Celia Sanjur, indicó que todas las medidas prometidaspor el gobierno para mitigar el impacto del ajuste "estánpor verse" y que "tampoco hay voluntad políticapara resolver el problema de la pobreza".
Pese a que su organización no ha realizadoinvestigaciones propias sobre esta problemática, Sanjur dijo quehay un estancamiento en los salarios de los trabajadores y unaumento en el costo de la canasta básica de alimentos de más deun 10 % con respecto a 1996.
Tras señalar que con el programa de ajustesimplementado en 1994 "nos hemos sometido al poder de laeconomía transnacional y al modelo neoliberal",advirtió que "las cosas pueden empeorar cuando seconsuma la privatización de los servicios públicosesenciales", como el agua potable y la electricidad.
Sanjur precisó que, pese a las promesas deconcertación con la sociedad civil, no existe una políticapermanente de diálogo con las organizaciones no gubernamentalesy cuando se hace "no se asumen compromisos por parte delgobierno".
Alibel Pizarro, responsable de género del nogubernamental Centro de Estudios y Capacitación Social (Ceaspa),coincidió con Sanjur y dijo que los resultados en materia dereducción de la pobreza "no se compaginan con elesfuerzo económico" realizado, sobre todo por lasmujeres, niños y ancianos.
Explicó que a pesar de esos esfuerzos sigueexistiendo una gran discriminación económica contra la mujer.Mientras el salario mensual promedio está situado en 245dólares, el de las mujeres sólo llega a 197 dólares. Unacuarta parte de los cerca de 500.000 hogares panameños estanregidos por una mujer.
Pizarro puso en duda que el nuevo ministerio dela Juventud,la Mujer y la Familia vaya a tener los resultados quevaticina Castro, ya que "el mismo se integró sinconsulta alguna con la sociedad civil y sin un programacompartido por todos".
El directivo de Ceaspa, Jesús Alemancia,comentó que la gran diferencia entre Panamá y otros países dela región que han sufrido grandes sobresaltos sociales por laaplicación de ajustes económicos, "es que nosotrosllegamos tardíamente a ellos debido a la situacióninterna".
Al igual que Sanjur y Pizarro, sostuvo que lafalta de voluntad política para concertar planes para reducirlos índices de pobreza ha provocado "una situación dedesconfianza en la sociedad civil hacia el gobierno y lospolíticos".
