Vivir con el enemigo

Conxa Chaus Moreno
Coordinación de Mujeres del Paraguay

La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) inició este año una campaña para la elaboración de un proyecto de ley contra la violencia doméstica hacia la mujer que suponga la regulación urgente y efectiva de las situaciones de violencia hacia las mujeres que se dan en el ámbito doméstico, estableciendo una serie de medidas de seguridad que velen por su integridad física, psicológica, sexual y económica. Esta ley esj imprescindible ya que ni el Código Penal antiguo ni el que entrará en vigor son capaces de atender el carácter urgente de estos casos.

Derechos sexuales y reproductivos

En el país, son escasos los servicios de planificación familiar. Casi el 65% de la mortalidad materna es causada por una mala atención antes, durante y después del parto. El 20% de los partos es realizado por empíricas; y de ellos, sólo el 40% se hace guardando mínimas condiciones de salud. El Paraguay ocupa el cuarto puesto mundial en mortalidad materna. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), se producen unas 300 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. El aborto y sus complicaciones suponen el 35% de estas muertes y, por lo tanto, son su causa principal. La mortalidad materna afecta sobre todo a las mujeres de escasos recursos, desposeídas y analfabetas que viven en áreas rurales o en condiciones de marginalidad. Muchas de ellas son indígenas o adolescentes cuyos embarazos no han sido planificados.

A pesar de estos datos escalofriantes, el gobierno sigue sin considerar siquiera un cambio en su actitud. El ex presidente Juan Carlos Wasmosy se comprometió con la Iglesia Católica a mantener su postura en contra de la despenalización del aborto y el nuevo gobierno no ha dado muestras de avanzar por un camino diferente. El tipo de reglamentación prohibicionista respecto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo establecido en el Código Penal hace que continúen registrándose casos de persecución, detención y condena de las mujeres que, en uso de su libertad, deciden abortar.

La falta de voluntad política nacional y local para garantizar la provisión de servicios sensibles a las inequidades de género y la insuficiencia legislativa en torno a los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres representan una barrera adicional para que éstas cuenten con una atención de salud adecuada a sus necesidades. La falta de acceso a medios de transporte, los horarios inadecuados en los servicios y la mala distribución de los recursos para la salud son factores que limitan la posibilidad de acceder a los servicios.

Salud sexual y reproductiva sana no sólo significa ausencia de enfermedad, sino un disfrute pleno de la misma, relacionándola con aspectos psicológicos, culturales y contextuales. Para ello se necesita asesoramiento, información y apoyo del Estado. Una educación sexual temprana implica una maternidad más segura, y el conocimiento de la propia sexualidad es un componente del desarrollo humano y de la autoestima.

Violación

Según datos de la Policía Nacional, se duplicó la cifra de violaciones a niñas/os de cero a nueve años: pasa de un 9% del total de violaciones en 1996 a un 16% en el 1997. Mientras la cifra de violaciones a niños se mantuvo casi igual, la de las niñas subió escandalosamente. Casi la totalidad de las violaciones se practican contra las mujeres (91,13%). El 34% de las violaciones las realizan conocidos, y el 20% vecinos.

Según la Fiscalía del Menor, en los casos de violación de menores, los forenses, a menudo con la complicidad de las propias madres, elaboran informes que no se corresponden con la verdad, por lo que muchas veces hay que apelar a una junta médica. En estos casos, las agredidas sufren una doble victimización: la violación y el trauma de estar repitiendo ante el personal médico, la Policía y la jueza o el juez lo que le ocurrió. El 50% de las denuncias sobre maltrato de niñas/os es por abuso sexual, y debe tenerse en cuenta que por cada caso denunciado existen seis o siete que nunca llegan a ser informados. El 30% de los abusos denunciados es de niñas de 10 a 13 años embarazadas. En general, los abusadores son los padres y los padrastros. Hay un mayor número de niñas maltratadas fundamentalmente por abusos sexuales; los niños normalmente sufren más agresiones corporales y psicológicas. Es clara la carencia de programas de prevención.

La administración de justicia sigue anclada en el pasado, emitiendo sentencias claramente discriminatorias y cargadas de estereotipos que repercuten negativamente en las mujeres víctimas de delitos contra su autonomía sexual.

Sin embargo, un avance se produjo en cuanto al tratamiento de las víctimas de violación. A partir de este mes de agosto, el Hospital de Policía atiende todos los casos de violación registrados en Asunción, el área metropolitana y el departamento Central. El motivo de esta medida centralizadora es apurar el diagnóstico médico y evitar que las víctimas, como viene sucediendo, pasen momentos desagradables en la tramitación de la prescripción médica necesaria para proceder a la denuncia ante la Policía y se expongan más de una vez a los estudios prediagnósticos.

Violencia doméstica

Es en los hogares donde las mujeres están más expuestas a los malos tratos y, por lo tanto, el Estado ha de establecer políticas serias para atender esta cuestión. Según estadísticas, un 25% de todos los delitos violentos tiene lugar en el hogar. Entre tales delitos figura de forma destacada la agresión física contra las mujeres perpetrada por los hombres con los que viven. Del total de demandas recibidas en la Oficina de Denuncias (dependiente del Ministerio Público) en 1997, el 70% provino de mujeres que fueron golpeadas en el seno familiar; en esta misma instancia se indica que muchas mujeres se niegan a presentar o mantener una denuncia en la oficina pública. Todas las denuncias presentadas son seguidas por el fiscal del Crimen, aun cuando fueran retiradas, ya que una vez recibidas pasan a ser delitos de acción penal pública. Según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud Reproductiva, el 13% de las mujeres paraguayas recibió maltrato físico alguna vez en su vida. El porcentaje aumenta con la edad y disminuye con los años de educación. El 21,7% dijo haber escuchado o visto a sus padres maltratarse cuando eran niñas o adolescentes. Según las denuncias presentadas sólo en Asunción, 8.545 mujeres (de enero de 1996 a diciembre de 1997) son víctimas de violencia doméstica.

Se sigue pensando que la violencia doméstica es un hecho que se da en familias con determinadas características de marginalidad y pobreza. Para romper este estereotipo, basta con leer los diarios y ver casos como el de un concejal del departamento del Guairá que fue acusado de lesión corporal en contra de su esposa. Está visto que estos hechos de violencia hacia las mujeres no son considerados de relevancia si atendemos a la respuesta dada, ya que sus compañeros concejales pasan a visitarlo a la cárcel y, hasta el momento, no se ha producido un pronunciamiento ni de la Junta Municipal ni de su bancada.

Trabajo sexual

En Asunción, se presentó un proyecto de regulación de la situación de trabajadoras y trabajadores sexuales que reglamenta también la habilitación de prostíbulos, moteles y clubes nocturnos. El proyecto fue discutido en la Junta Municipal y se solicitó la colaboración de las asociaciones que trabajan en el tema y de la defensora vecinal, aunque, por el momento, está en suspenso. Según las asociaciones de trabajadoras/es sexuales, esta ordenanza tiene diversos puntos que atentan contra derechos fundamentales. En primer lugar, al establecer que las personas trabajadoras del sexo sólo podrán ubicarse en determinadas áreas («zonas rojas»), se están violando varios derechos –como la libertad y el derecho al tránsito–, lo que constituye un claro caso de discriminación respecto del resto de profesiones. En segundo lugar, cabe señalar que, al regular las condiciones que han de tener los prostíbulos y locales donde se ejerce la profesión, no se tiene en cuenta que en estos lugares, frecuentemente, se explota a las trabajadoras y trabajadores y, por lo tanto, son radicalmente ilegales ya que la Constitución prohibe la esclavitud y otras servidumbres. Antes de atender a las condiciones de estos locales, se ha de atender a su legalidad. En tercer lugar, las/os trabajadoras/es han de estar habilitadas/os por la Intendencia para ejercer su profesión, y para ello han de someterse a un examen médico que se renovará cada dos semanas, no pudiendo ejercer el oficio las personas portadoras de VIH. Esta normativa es discriminatoria, puesto que no se solicita al resto de las/los trabajadoras/es y atañe a la intimidad de las personas el tener que declarar sobre algo confidencial y personal. El sistema de carnés estigmatiza a los sujetos.

Según UNICEF, el 75% de las/los trabajadoras/es sexuales son menores de edad y el 42% tiene menos de 16 años. La pobreza ha sido identificada como una de las principales causas de desprotección, marginación, desestructuración familiar y prostitución. La prostitución de niñas/os y adolescentes se da en un contexto de violencia psicológica, económica y social. Por lo tanto, una regulación del trabajo sexual debería tener en cuenta el contexto en que se produce.


Un país quebrado

Pasado el período de euforia de los primeros años posautoritarios, se ha extendido en la ciudadanía la percepción de que más allá de las libertades quedan demasiadas ataduras con el pasado, y no solamente en el plano político. Social y económicamente, las élites de poder no encararon en estos años reformas sociales y económicas de fondo. La distancia entre la opulencia, en muchos casos producto de riquezas conseguidas al amparo de la impunidad, y la pobreza y la miseria no hace sino aumentar.

«El 20% más rico en el campo recibe ingresos superiores en 71 veces al 20% más pobre... Lo anterior no sólo significa que la pobreza afecta en mayor medida a las áreas rurales, sino también que es en las áreas rurales en donde existe una mayor desigualdad en la distribución del ingreso» (Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos: 1996; 17). El salario mínimo se ha deteriorado en un 30% desde 1989. Alrededor del 50% de los trabajadores urbanos no llega ni siquiera a percibir ese salario mínimo. El subempleo afecta al menos al 20% de la población y el desempleo abierto creció entre 1995 y 1997 en un 63%, pasando del 5,3% al 8,2%. Esta evolución del mercado de trabajo resulta del estancamiento de la economía, que creció en apenas el 1,4% en 1996.

El sector informal sigue siendo el colchón social. Paraguay ocupa el tercer lugar en el ranking de países latinoamericanos en crecimiento del trabajo informal en el período 1990–1995 con una tasa del 7,2% anual, detrás de Venezuela y Panamá. Además, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en estos cinco años mencionados, los países en los que más aumentaron las disparidades de ingreso son Colombia, México, Paraguay y Venezuela. También Paraguay ha sido uno de los países con menor crecimiento promedio de su PBI, apenas un 3%, lo que en realidad es estancamiento, considerando la alta tasa de crecimiento poblacional del país. El PBI per cápita es de los más bajos de América Latina, superando solamente a Ecuador y Bolivia, y siendo apenas el 56% del promedio de la región.

Paraguay está entre los más bajos en cuanto a población en la secundaria (29%), solamente superior a Perú. Sólo el 18% está asistida por la seguridad social, el 64% de los hogares tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, y en manos de 51 propietarios está el 25% de todo el territorio nacional.

Para redondear el cuadro de un país socialmente fracasado, la corrupción galopante, producto de la impunidad que no cesa, equivale al 20% del presupuesto del sector público, de acuerdo al informe 1996 de la Contraloría General de la República. Ningún caso de gran corrupción denunciado acabó con los responsables sentenciados por la Justicia. A este rompecabezas de las zonas grises de la democracia debe sumarse que es real el aumento de los delitos comunes, con una dosis mayor de violencia que lleva a asimilar libertad con inseguridad ciudadana.

Menos del 10% de la población cree en el Poder Judicial. Igual proporción se observa en relación al Poder Legislativo. El 75% de los paraguayos y las paraguayas no cree que se combata la corrupción. El principal problema percibido es el empleo (34%), seguido de la educación (18%), y ya comienza a aparecer la corrupción (11%) (Universidad Católica: 1997).

De no mediar, en los próximos diez años, una estrategia de reformulación del modelo de desarrollo, y de no encarar un decidido y efectivo cerco a la gran corrupción, este país entrará de lleno en lo que se puede denominar una democracia de baja calidad, rodeada por un océano de exclusión creciente y de impunidad protectora de la cleptocracia (gobierno de ladrones). Sería una democracia que, en el mejor de los casos, reunirá los requisitos formales de un Estado de Derecho, pero totalmente vacía de contenido social y de ética pública.

Extractado de Carlos Martini. «Análisis de coyuntura: transición inconclusa o la inercia de la continuidad». En: Derechos Humanos en Paraguay 1997. Paraguay: 1997.

Conxa Chaus Moreno es integrante del CDE (Centro de Documentación y Estudios).


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