¿“Trabajamos juntos por Panamá”?

Patricio Mosquera De La Guardia; Rina Shacalo Abadi
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

A pesar de que Panamá tiene un alto nivel de ingresos per capita (USD 3.080) –por encima de la mayoría de los países latinoamericanos– la distribución de la riqueza se caracteriza por un alto grado de desigualdad –a la par con Brasil y solo levemente inferior a Sudáfrica– que hace persistir la pobreza profunda que afecta al 37% de la población.

Panamá cuenta con un millón de pobres de los cuales la mitad viven en condiciones de extrema pobreza. El gobierno de Mireya Moscoso Rodríguez, cuya plataforma electoral fue la erradicación de la pobreza, encaminó sus políticas hacia la atención de los sectores sociales más necesitados a través de una estrategia cuyo lema es “Trabajamos juntos por Panamá”. De acuerdo a la percepción de la propia Presidenta, los problemas macroeconómicos más graves que deben resolverse en el país son la deuda externa y la mala distribución de la riqueza, situaciones que se han acentuado en los últimos años.

Durante el año 2000 se presentó una desaceleración económica que implicó un crecimiento del PBI de un 2,8%. Si bien esta situación es en parte atribuible a factores exógenos, muchos economistas nacionales alegan que sus causas radican principalmente en las políticas implementadas por la presidenta Moscoso Rodríguez (incluso un economista denominó a la situación como el “efecto Mireya”). Por otra parte, el informe del Banco Mundial considera que las estrategias financieras del gobierno tienen una estructura altamente centralizada, con políticas poco focalizadas y deficientes en la consecución de su meta principal.

País rico con muchos pobres

Según el Banco Mundial, “la desigualdad de Panamá se cuenta entre las más altas, a la par con Brasil y solo levemente inferior a Sudáfrica, dos de los países con mayor desigualdad en el mundo.”[1]

Estas disparidades económicas se incrementan aún más al contrastar las distintas zonas geográficas del país. Por ejemplo, el caso de la población indígena es alarmante, con hasta un 95% de probabilidad de pobreza.

Los condicionamientos geográficos hacen que los pobres rurales emigren a la ciudad intentando remediar su situación. Sin embargo al llegar a ésta pasan a formar parte de los pobres de la ciudad, en la cual se concentra un 33% de los pobres del país.

Por otra parte, existe una fuerte relación entre pobreza y desnutrición infantil. Más del 16% de los niños menores de cinco años están afectados por alguna forma de desnutrición y cerca del 85% de éstos son pobres.

La pobreza se ha acentuado a partir de los cambios políticos y sociales de fines de los años 80, que culminaron con el derrocamiento del régimen militar; y empeoró aún más por las políticas de ajuste estructural aplicadas en los 90 y por las medidas de apertura comercial derivadas de los compromisos suscritos para la adhesión de Panamá a la OMC.

La política económica y las reformas estructurales

En el año 2000, la economía registró por tercer año consecutivo un debilitamiento en su dinamismo al crecer un 2,8% el PBI. Tanto la contracción de la formación de capital, luego de importantes obras de infraestructura, como la desaceleración del consumo, disminuyeron la demanda interna. El proceso de apertura económica del país concuerda con esta baja en el crecimiento de la economía, situación que ha empeorado las disparidades existentes y dificultado aún más la situación de los sectores más vulnerables.

El ajuste estructural incluyó la privatización de los servicios públicos de telefonía y electricidad. Ambos servicios aumentaron su tarifa mensual, sin que esto derivara en una mayor eficiencia. En el caso de las telecomunicaciones la tarifa aumentó en un 100% en el último año.

La situación llevó a la creación del llamado “Fondo Fiduciario para el Desarrollo”, del que pueden volcarse hacia servicios sociales, solamente los intereses generados.

Para este año 2001, el gobierno prevé el pago de USD 1.179 millones al servicio de la deuda, que representan un 21% del presupuesto general del estado y de los cuales USD 648,4 millones se destinan al pago de intereses. El monto total de la deuda ronda los USD 7 mil millones, lo que representa alrededor de un 80% del PBI, cifra que, aunque “manejable”, se ve incrementada por los cerca de USD 400 millones que pide anualmente el gobierno para “balancear” el presupuesto de la nación.

Desigual acceso a los servicios sociales

El presupuesto de la nación para el año 2001 asciende a la suma de USD 5.612,7 millones, de los cuales USD 2.812 millones son para los servicios sociales. De esta cifra, USD 1.472 millones están comprometidos para los programas de inversión del estado que, según el gobierno, serán fundamentales para cumplir los objetivos de crecimiento económico, generación de empleos y respuesta a los sectores más necesitados del país.

El acceso a los servicios públicos presenta disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Como expresa el informe del Banco Mundial “los indicadores de salud relativamente buenos a nivel de toda la nación enmascaran grandes diferencias y un estado de salud deficiente entre los pobres e indígenas”[2]. De acuerdo a la definición de acceso a los servicios de salud de la OMS, el 20% de la población panameña no tiene fácil acceso a los mismos, situación que según la Encuesta Nacional de Vida (ENV) de 1997, es aún peor entre los grupos pobres e indígenas.

Panamá destina cerca de un 6% del PBI al sector educativo, uno de los mayores presupuestos per cápita de América Latina. Sin embargo, una gran parte de este presupuesto se destina a funcionamiento, y según la Comisión Interamericana de Reforma Educativa, esto se debe a que “los Ministerios de Educación tienden a ser instituciones de crecimiento amorfo y sobrecargadas de funciones, cuyos presupuestos y volumen de personal relativamente alto son manejados con criterios de rendimiento muy por debajo de los que emplearía una corporación privada.”[3]

La sociedad es consciente de la necesidad de cambios en el sistema educativo, y si bien en muchas oportunidades se intentó establecer procesos de reforma, éstos no se concretaron, principalmente por falta de consenso entre las partes involucradas en el sector.

La educación superior beneficia mayormente a los no pobres (sólo el 1% de los pobres accede a la Universidad de Panamá), lo que muestra en buena medida que es una subvención que reciben las personas de mayores recursos en desmedro de quienes tienen menos oportunidades.

Los especialistas opinan que si bien la educación superior debería seguir siendo subsidiada por el estado, debería apuntarse a un financiamiento con base en la autogestión, estableciéndose una cuota basada en estudios socioeconómicos que evalúen la capacidad de pago de cada estudiante, para lograr un acceso igualitario a este nivel educativo.

Está en desarrollo un proyecto denominado “Ciudad del Saber”, que prevé el establecimiento de un parque tecnológico, centros académicos y de investigación científica, e instituciones culturales de prestigio provenientes de diversas partes del mundo. “Ciudad del Saber” pretende convertir a Panamá en un verdadero punto de referencia de la promoción de la cultura de la paz, la democracia y la búsqueda permanente de soluciones a los problemas comunes que enfrenta la humanidad.

El mayor desempleo de la historia

Panamá muestra una tasa del 13,3% de desempleo abierto a nivel nacional, y un 33% de la población, en su mayoría pobres o extremadamente pobres, se concentra en el sector informal. Estas cifras colocan al país en la peor situación de desempleo de su historia.

El fenómeno del desempleo afecta mayormente a las mujeres, el 17,9% de las mujeres se encuentran desempleadas, en contraste con el 10,8% de hombres que no tienen trabajo. Además, las mujeres se enfrentan a una gran discriminación en el mercado laboral, viéndose obligadas a competir de una manera desigual con los hombres para obtener un puesto y con salarios inferiores por la realización de las mismas tareas.

El subempleo es otro problema grave, percibiéndose ingresos muy por debajo de los del empleo formal, que impiden en muchos casos el acceso a los servicios básicos en general. La mayoría de los subempleados representan la mano de obra no calificada, brindada por grupos vulnerables, principalmente indígenas y mujeres pobres.

Panamá, como el resto de las sociedades latinoamericanas, ha sido testigo de diferentes formas de abuso en el área del trabajo infantil. Por esta razón en los pasados años se han firmado múltiples acuerdos para prevenir estas situaciones. En la capital se han notado avances significativos, a través del compromiso de las empresas de exigir a niños y jóvenes que comprueben la asistencia a la escuela, como requisito para poder trabajar. Sin embargo, la realidad del interior del país es distinta. No se ha avanzado significativamente en las condiciones laborales de las cosechas, en las que se denuncia la explotación, no sólo por las duras y largas faenas, sino por los bajos salarios percibidos.

En el sector laboral formal el salario mínimo fue incrementado por decreto del nuevo gobierno, lo que contribuyó a la cobertura de la canasta alimenticia.

Un estudio sobre el perfil de la pobreza en el país, realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, establece que “si se reduce la tasa de desempleo abierto y de subempleo existente entre las familias indigentes a las tasas prevalecientes entre las familias no pobres, desaparece la indigencia. Alternativamente, si se aumenta el número de ocupados por familia al equivalente entre las familias no pobres, y se remunera ese empleo adicional al salario mínimo, desaparece la indigencia”[4].

Bibliografía

Banco Mundial. Panamá Estudio sobre la Pobreza, Prioridades y Estrategias para la Reducción de la Pobreza. Washington D.C., abril de 2000.

Ministerio de Economía y Finanzas. Distribución del Ingreso en Panamá. Panamá, marzo de 2000. Panamá.

IDEN. Carta Socioeconómica de Panamá. Año 6, Volumen 1. Panamá, enero de 2001.

Morgan Stanley, Dean Witter. Panama: Hold, and Sleep Soundly.Febrero 16 2001.  Estados Unidos.

Notas:

[1] Banco Mundial. Panamá Estudio Sobre la Pobreza, Prioridades y Estrategias para la Reducción de la Pobreza. Washington D.C. Abril de 2000.

[2]  Ibid.

[3] Hermes Sucre.  “Panamá esta rezagada en Educación.” La Prensa.  Panamá, 28 de Enero de 2001.

[4] Ministerio de Planificación y Políticas Económicas. Un Perfil de Pobreza en Panamá.  Panamá, Rep. De Panamá.

Los autores desean agradecer los aportes de: Lic. Rosa Elena de la Cruz, Subdirectora de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas; Lic. Omar Castillo, Director de Presupuesto General de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas; Lic. Felipe Rodríguez Ex - presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; Angélica Maytín Justiniani, Directora Ejecutiva de La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; Sr. Roberto Eisenmann Jr., Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

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