Movilización social contra las privatizaciones

Juan Carlos Yuste; Diego Brom
Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana

Las privatizaciones de la década de los 90 fueron signadas por la descapitalización del Estado, la ausencia de beneficios para la población, altas tarifas, e insuficiencia en la cobertura. En el año 2000 se reactivó el impulso privatizador, a través de la promulgación de la Ley de Privatización de las Empresas Públicas. El intento de privatizar las telecomunicaciones, bajo este marco legal, se realizó en un contexto de estafas y corrupción. La movilización social logró la derogación de dicha ley, pero se teme que la agenda privatizadora sea retomada nuevamente.

Elfracaso de la oleada de los años 90[1]

Históricamente, el procesode privatización de empresas estatales no ha sido muy exitoso. Se inició en1991, a dos años del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, con laaprobación de varias leyes que declaraban a varias compañías nacionales comosujetas a privatización. En este contexto, la Asamblea Nacional Constituyenteestudiaba la modificación de la Constitución Nacional, con el fin de crear unmarco jurídico y político que propiciara el fortalecimiento y modernizaciónde la economía paraguaya.

En 1991 fueron privatizadaslas primeras empresas estatales: la Administración Paraguaya de Alcoholes(APAL), la Flota Mercante del Estado (Flomeres), Líneas Aéreas Paraguayas(LAP) y Aceros del Paraguay (Acepar).

El Estado recaudó más deUSD 50 millones con la venta de estas corporaciones, pero dichos ingresos sediluyeron en los gastos del Estado, sin efectos concretos sobre la vidacotidiana de la población. Actualmente, todas estas empresas – con excepciónde LAP que se integró a la empresa TransporteAéreo del Mercosur (TAM) – están en quiebra o descapitalizadas. Encasi todas las ventas de estas empresas públicas los medios de comunicacióndenunciaron hechos de corrupción.

Desde su fundación en 1909,APAL monopolizaba el añejamiento, fraccionamiento y comercialización deaguardiente de caña de azúcar. En 1991 se inició su proceso de privatización,y se convirtió en Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa). Hoy está prácticamenteen quiebra. Los compradores de la empresa (accionistas, proveedores ytrabajadores de APAL), adquirieron el 70,8% de las acciones en 1996 por un totalde aproximadamente USD 2,7 millones al cambio actual. En marzo de 1998 losintegrantes de la sociedad anónima compraron el total de las acciones.

En enero de 1999, el Consejode Privatizaciones realizó una auditoría a Capasa. El Informe, presentado enagosto de ese año, reveló que la sociedad había perdido un total de USD 2,5millones al cambio actual en los ejercicios 1996, 1997 y 1998, el 47,5% delpatrimonio neto original. A fines de 1995, antes de la privatización, la únicadeuda bancaria que poseía la empresa era de menos de USD 200 mil. En 1998,luego de tres años de administración de la sociedad anónima, la deuda totalcon el sistema bancario era de casi USD 1,5 millones. La auditoría destacó quela empresa era de alta rentabilidad, y el aumento de la deuda se debió a malaadministración.

Otro ejemplo del desastrosoresultado de las privatizaciones en el país es el de la Flota Mercante delEstado Paraguayo, creada en 1966 como línea de bandera al transporte fluvial ymarítimo de pasajeros y cargas. Permaneció así hasta 1991, cuando fuedeclarada empresa sujeta a privatización y se la dividió en cinco empresas.

Una de ellas, la FlotaMercante Paraguaya S. A., fue vendida a fines de 1996. La venta del total deacciones alcanzó aproximadamente USD 4,8 millones. Otra de las empresassurgidas de la privatización es la Compañía Transporte Fluvial S.A., vendidaa Medill & Associates Financial Services[2]a fines de 1996. La venta del total de acciones alcanzó los USD 4,8 millones.En febrero de 1998, un agente marítimo informó al Ministerio de Hacienda y alConsejo de Privatización que los 3 buques de ultramar pertenecientes a laempresa estaban abandonados en Porto Alegre, Brasil, y eran objeto de rapiña.Las autoridades no pudieron encontrar a los responsables de la empresa.

En abril de 1998, el Consejode Privatización rescindió el contrato con la empresa y ordenó su intervención.Además, el Estado Paraguayo inició un juicio contra los responsables de Medill& Associates Financial Services por daños y perjuicios, exhortando a que seentregaran los bienes que habían sido vendidos. El principal argumento delgobierno fue que la empresa había abandonado los buques que le había vendido.Este escándalo causó gran revuelo en los medios de comunicación, quedestacaron durante varias semanas el pésimo negocio realizado por el Estado.

En julio de 1999, el juzgadoque tomó el caso autorizó al Estado Paraguayo para que el Consejo dePrivatización reasumiera la dirección y administración de la compañía.Actualmente, los buques que eran propiedad de la empresa se encuentran varados,prácticamente inservibles, y la compañía dejó de funcionar.

Líneas Aéreas Paraguayas(LAP), creada en 1963 como empresa de transporte aéreo de pasajeros y cargas,también fue privatizada en 1995. El 80% de las acciones se vendió al ConsorcioCielos de América, de Ecuador por USD 22.125.000. La transferencia se realizóen octubre de 1994. El Consorcio Cielos de América transfirió luego losderechos de esta empresa a TAM y Trans América Línea Aérea S.A. En 1999, TAMcompró el resto de las acciones (20%) por aproximadamente unos USD 5 millones.Hasta el momento, la empresa no pagó el total de las indemnizaciones a lostrabajadores estatales que fueron parte de LAP.

Por último, en 1997 elEstado Paraguayo vendió Acepar al Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar),integrado por la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Acepar, y la empresaLorito S.A. La venta alcanzó los USD 35 millones. Sin embargo, los compradoresno pudieron seguir pagando sus cuotas y se inició un largo conflicto entre éstosy el Estado.

Insuficiente cobertura ytarifas excesivas

En los sectores donde lasempresas privadas pueden ofrecer servicios en el mercado (vivienda, educación,agua y desagües cloacales, salud, telefonía celular), naturalmente sóloinvierten donde puedan obtener un retorno rápido del capital. Dadas lascondiciones de pobreza de la mayoría de la población los resultados son unaescasa cobertura y un alto costo de los servicios.

Así, en el sector salud, el81% de la población no tiene seguro médico alguno. Este índice se eleva a 95%aproximadamente entre los grupos más pobres de la población. El 10,9% de lapoblación cuenta con el seguro médico del Instituto de Previsión Social(IPS-estatal), en el cual constantemente se registran denuncias de corrupción,malversación, desabastecimiento de medicamentos y mal servicio. Un pequeñoporcentaje de la población cuenta con seguro médico privado, ya que la mayoríade estos servicios tienen costos elevados.

Respecto a las empresas detransporte público urbano, el Estado otorga licencias a compañías privadaspara operar en determinada área. Esta medida tampoco ha tenido un impactopositivo, y existen constantes quejas de la población sobre el mal servicio queprestan ya que los ómnibus se encuentran en pésimo estado, el servicio seinterrumpe durante la noche, y el costo del pasaje aumenta varias veces al año.Actualmente la tarifa por un viaje interurbano es de aproximadamente USD 0.20, yel sueldo mínimo apenas alcanza USD 180.

Sin embargo, muchas empresassiguen funcionando dadas las relaciones privilegiadas con sectores políticosque las amparan, porque los principales partidos políticos utilizan los ómnibusde las empresas de transporte durante los días de votación para trasladar alos electores a los centros comiciales. En contrapartida, el gobierno de turnopermite que los ómnibus que se encuentran en mal estado sigan funcionando, lesconcede privilegios tributarios, aún poniendo en riesgo la vida de losusuarios. Los principales transportistas adeudan millones de dólares al BancoNacional de Fomento (estatal) por préstamos que obtuvieron hace casi 10 años.

Actualmente, existen dosorganismos estatales encargados de regular el sistema de transporte público, laDirección Nacional del Transporte (Dinatran) y la Secretaría del Transportedel Área Metropolitana (Setama), que están integrados por funcionarios delPoder Ejecutivo, las gobernaciones y las municipalidades.

Estos organismos obtuvieronalgunas victorias para la ciudadanía, impidiendo en varias ocasiones el aumentodel precio del pasaje.

En cuanto a las empresas detelefonía celular, el 28,5% de la población cuenta con este servicio[3]que solamente es brindado por empresas privadas. La cantidad de usuarios vacreciendo, a pesar del alto costo de las llamadas. Se estima que hoy en díaexisten más de 1.150.000 abonados a las empresas de telefonía celularexistentes el país. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones(Conatel), cada mes hay 50 mil nuevos usuarios. Sin embargo, los usuariosdenuncian continuamente sobrefacturaciones, cortes del sistema de transmisión yexcesivos costos.

La movilización socialcontra las privatizaciones

En 2000, el Presidente GonzálezMacchi reactivó la Secretaría de la Reforma y promulgó la Ley 1615 de lasPrivatizaciones de Empresas Públicas, que se constituyó en el marco legal pararealizar las privatizaciones. La primera empresa pública en la agendaprivatizadora pasó a ser la telefonía básica (Administración Nacional deTelecomunicaciones, ANTELCO) que se convirtió en empresa privada con 100% delcapital estatal y pasó a llamarse Corporación Paraguaya de Comunicaciones S.A.(COPACO). La Secretaría de la Reforma empezó a ser asesorada por empresasinternacionales y nacionales, que se encargaron de acompañar el proceso yelaborar los marcos técnicos. Se realizó una convocatoria internacional parala compra de ANTELCO donde se presentaron las grandes multinacionales de latelefonía internacional (Telefónica Española, France Telecom, DeustchTelecom, entre otras).

        

En paralelo comenzaron lasnegociaciones entre el Gobierno y trabajadores de la ex ANTELCO que a finalesdel 2001 llegaron a un acuerdo sobre la venta de COPACO. El gobierno ofreciódos opciones: pagar dos salarios devengados cada año de antigüedad (a los quese acogieron 3.425 empleados) o pagar un salario y medio por año en efectivo yel restante 0,5% en acciones de la nueva empresa (al que se acogieron 962empleados). En total la indemnización pactada a los 4.287 empleados alcanzóunos USD 79 millones.

El proceso de privatizaciónestuvo marcado por varios hechos de corrupción como faltantes de dinero (USD192.174) a cargo del anterior ministro y del coordinador de la Secretaría[4];contratación de un escribano, amigo del Presidente de la República, por USD536 mil para una protocolización que podía hacerse gratuitamente en laEscribanía Mayor de la República; o contrataciones directas (sin concurso público)por parte de la Secretaría de la Reforma a empresas privadas.[5]

Este intento de privatizaciónde la telefonía básica costó al Estado USD 6,4 millones, repartidos en pago aconsultores extranjeros y nacionales, funcionarios asignados a la Secretaría,viajes y pagos innecesarios a amigos, más el robo explícito de USD 383 mil porparte de personal de la Secretaría de la Reforma. Estos gastos se financiaroncon un préstamo del Banco Mundial de USD 12,6 millones para la reforma de lossectores agua y telecomunicaciones.

En medio de estas denuncias,sectores campesinos, sindicales y de izquierda conformaron el Congreso DemocráticoPopular que tomó la derogación de la Ley 1615 como una de sus principalesreivindicaciones.[6]Durante mayo y junio de 2002 se desarrollaron numerosas movilizaciones (cortesde ruta, manifestaciones, etc.), que paralizaron el país. Finalmente elParlamento, tras una represión a los manifestantes donde murió un jovencampesino, derogó la citada ley. El gobierno subió los precios(“tarifazos”) en sectores como agua, electricidad, transporte público ytelefonía básica culpando de ello a la suspensión de las privatizaciones.Asimismo anunció el despido de 550 empleados de COPACO para final de año.

De esta manera, actualmenteno existe marco legal para realizar privatizaciones en el país. Aunque elcandidato oficialista de la asociación Nacional Republicana (partido en elgobierno, conocido como Partido Colorado) ha expresado que estas se retomaráncon el próximo gobierno.

Ladescentralización estatal como experiencia exitosa

A través de ladescentralización estatal, la ciudadanía logró concretar algunos proyectosexitosos, que lentamente se reproducen en el país. Así, por ejemplo, en elsector del agua potable, varias comunidades, sobre todo de municipios cercanos aAsunción y capitales departamentales, lograron organizarse y crear Juntas deSaneamiento. Estas se organizan en los lugares donde el servicio estatal de aguapotable no llega y a través de un sistema participativo la vecindad establecetodo el sistema de cañerías, distribución y saneamiento del agua, para supropio beneficio. Cada miembro de la comunidad o familia paga por este servicioun precio asequible, y puede controlar el servicio ya que son los propiosvecinos, con el reconocimiento de sus municipalidades, quienes administran losfondos y velan por la calidad del sistema.

Notas:

[1] Los datos de este capítulo son tomados de Fernando Masi (compilador). Privatizaciones en América Latina y en Paraguay. Asunción: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), 2000.

[2] La empresa Medill & Associates Financial Services estuvo conformada por capital estadounidense en el momento de la compra de la flota mercante paraguaya. Una vez que los buques fueron encontrados en estado de abandono, el estado paraguayo intentó localizar a los directivos de la empresa, pero fue en vano. La compañía se había disuelto.

[3] Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). Encuesta Integrada de Hogares 2000-2001.

[4] Juan Ernesto Villamayor y Luis Sisul, respectivamente. Éste último se encuentra fugado del país y con orden de búsqueda y captura internacional.

[5] Baker & Mc Kenzie, Banco Santander, Sanchís Asociados y la subconsultora Vouga & Olmedo.

[6] Otras reivindicaciones fueron: frenar el proceso de reforma de la banca pública; retiro de la ley de concesión de rutas; retiro del proyecto de ley antiterrorista; retiro de la ley sobre IVA a productores agropecuarios en estado natural; y lucha contra la corrupción y la impunidad.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
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