Sociedad civil cuestiona responsabilidad del Banco Mundial en medio ambiente y derechos humanos

Author: 
Ana Abelenda

Jueves  7 oct (Washington D.C.)
¿Quién es responsable si un proyecto hidroeléctrico financiado por el Banco Mundial desplaza a una población entera o contamina los ríos? Este tipo de preguntas fueron parte de debates entre representantes de la sociedad civil y funcionarios del banco reunidos en Washington D.C. para el Foro sobre Políticas relativas a la Sociedad Civil que se desarrolla en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y del Grupo Banco Mundial del 6 al 10 de octubre.

Uno de los paneles de debate se refirió a los mecanismos de salvaguardia del BM cuyo fin es el de proteger el medio ambiente y grupos sociales vulnerables de los impactos negativos de las operaciones financiadas por el Banco. Dichas políticas incluyen políticas sobre pueblos indígenas, reasentamiento involuntario, evaluación ambiental y propiedad cultural, entre otras.  Hay que recordar que muchos de estos estándares progresistas fueron establecidos como resultado de largas campañas para mejorar la actuación social y ambiental del Banco Mundial realizadas por las ONG del Norte y del Sur – muchas veces en alianza con las organizaciones indígenas.

Korinna Horta , de la organización ambientalista alemana URGEWALD llamó a mejorar el sistema de evaluación de los impactos ambientales porque con la actual situación la política es  “no estamos seguros, pero igual tomamos el camino más riesgoso”.

Por otra parte, Nancy Alexander, analista de la Fundación Heinrich Böell criticó duramente el doble discurso del Banco en tanto establece mecanismos de salvaguardia y a su vez se remite siempre a acuerdos internacionales de protección de inversiones que justamente tienden a paralizar la regulación ambiental y social. “Este doble estándar significa que el Banco se lava las manos cuando las cosas no salen tan bien. Alguien del BM una vez me dijo: ‘simplemente no lo estás entendiendo. Si implementamos todas estas salvaguardias, no podremos competir con China’ y honestamente no creo que ese debe ser el rol del BM”, sentenció Alexander.

En otra sesión sobre la Corporación Financiera Internacional (CFI) y derechos humanos, representantes de la sociedad civil y abogados defensores de los DDHH pidieron coherencia en las políticas del Banco de manera de guiar a las empresas de forma clara a cumplir con estándares mínimos de derechos humanos. Actualmente, las empresas multinacionales que llevan a cabo proyectos con financiamiento del Banco tienen que ajustarse a las medidas de la CFI, de la OCDE y las de la ONU, muchas veces contradictorias entre sí.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional reconocieron que se están desarrollando avances en este aspecto con la guía preparada por John Ruggie, representante del Secretario General de la ONU para Asuntos de Derechos Humanos y Empresas Multinacionales. Las recomendaciones de Ruggie sobre responsabilidad social empresarial deberían ser adoptadas por la CFI como marco de las exigencias mínimas a sus clientes, dijeron dichas organizaciones.