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Túnez: La Revolución del Jazmín
El presidente Ben Ali abandonó Túnez el 14 de enero, huyendo de la revuelta ciudadana que paralizó el país durante cuatro semanas. El destino de la denominada “Revolución del Jazmín” es aún incierto, pero el primer ministro Mohamed Ghannouchi se comprometió el día 17 a liberar a los presos políticos y a aliviar las restricciones que limitan las acciones de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, punto focal de Social Watch en este país. Lea más
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A un año del terremoto en Haití
Al cumplirse un año del terremoto que asoló Haití el 12 de enero de 2010, diversas organizaciones --entre ellas Plataforma 2015 y Más, uno de los puntos focales de Social Watch en España-- realizaron en Madrid una conferencia para evaluar el destino que se le ha dado a la cooperación internacional en el país caribeño. En videoconferencia desde Haití, el activista Camille Chalmers manifestó que el modelo económico nacional se basa sobre la especulación, sin la necesaria inversión en educación e infraestructuras.
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Segundo informe europeo de Social Watch
El segundo informe de Social Watch dedicado a Europa será presentado públicamente el 1 de febrero en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
“Tiempo de actuar: Respondiendo a la pobreza, la exclusión social y la inequidad en Europa y más allá” es el título del reporte, y esas respuestas de la sociedad civil serán objeto de debate el día anterior por parte de watchers de todo el continente. En la reunión también se considerarán las actividades de las Coaliciones Europeas de Social Watch a nivel regional e internacional y la preparación de la Asamblea General de Social Watch de 2011, programada para julio en Filipinas.
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Doble discriminación en Canadá
El gobierno de Canadá asegura que la Ley C-3 le permitirá atribuirse el estatus de indígena a 45.000 mujeres aborígenes y a sus descendientes. De todos modos, estimaciones de la sociedad civil indican que otras 200.000 quedarán fuera de esa categoría. La activista por los derechos femeninos y de los pueblos originarios Sharon McIvor, cansada de 20 años de lucha en los tribunales nacionales contra esta discriminación, apelará al Comité de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Injusticia tributaria en América Latina
Por Carlos Bedoya
La equidad de un sistema tributario se puede estimar analizando quién soporta la mayor carga. Los sistemas tributarios latinoamericanos se caracterizan por una baja presión impositiva y una alta regresividad. Los Estados recaudan poco pero, al mismo tiempo, el aporte de los que menos tienen es mayor. El Perú es un caso dramático dentro de la región.
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En busca del Buen Vivir
Jens Martens, director de Global Policy Forum Europe, explica el “enfoque del Buen Vivir” sobre el desarrollo: “Esto no es tanto un modelo de desarrollo como sí una filosofía holística de vida basada en la visión de los pueblos indígenas de la región andina. Este enfoque persigue el bienestar material, social y espiritual de todos los integrantes de la sociedad, pero no a costa de otros miembros o de los recursos naturales.” ésta y otras alternativas propuestas a los actuales modelos fueron objeto de discusión durante la primera reunión del Reflection Group, foro dedicado al estudio del desarrollo sustentable, celebrada los días 13 y 14 en Berlín.
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La revolución de los jazmines
Por Roberto Bissio
“¡Es una victoria de todos!” comenta con alegría y emoción Madame Souahyr Belhassen, presidenta de la Liga Internacional de Derechos Humanos. Su organización en Túnez, la Liga Tunecina de derecjos Humanos acaba de ser finalmente legalizada y el nuevo gobierno ha decretado tres días de luto nacional en homenaje a las cinco docenas de víctimas de las protestas callejeras y huelgas masivas que durante un mes paralizaron el país. La Liga es el capítulo tunecino de Social Watch.
No hace muchos meses atrás, el régimen de Ben Alí parecía tan sólido que en marzo de 2008 el embajador de Estados Unidos Robert Godec reportaba a la administración Bush que el presidente tunecino es un “moderado” que ofrece apoyo “sin reservas” a la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en uno de sus últimos despachos desde Túnez, el mismo Godec informaba a Hillary Clinton en Julio de 2009 que el régimen debería ser un aliado cercano “pero no lo es.” El embajador saliente agregaba que “El presidente Ben Ali está envejeciendo, su régimen está esclerótico y no hay un sucesor claro. Los tuencinos están frustrados por la falta de libertades políticas y furiosos por la corrupción de la familia presidencial, el desempleo elevado y las inequidades regionales.”
Los cables secretos del departamento de Estado revelados por Wikileaks echaron leña a la hoguera de la frustración. Un sitio denominado “tunileaks” fue creado para reproducir los informes secretos referidos a Túnez, agrupados en cuatro categorías: Seguridad, política, Guantánamo (por el ofrecimiento de Ben Ali de alojar algunos de los presos) y “asuntos familiares”, la sección más jugosa, sin duda, con abundantes detalles del entorno presidencial.
Los cables describen a la “quasi mafia” que gobernaba el país y ponen de ejemplo que la familia gobernante manipuló hasta lograr el control del banco más rentable del país y cómo Ben Alí personalmente se hizo con la mitad de las acciones de una universidad privada.
En Julio del 2009, el embajador Godec cenó con Mohamed Sakher el-Materi, el yerno del presidente Ben Ali, en su mansión de veraneo en Hammamet, decorada con columnas y frescos romanos. El embaador anota prolijamente el menú (que incluía helado traido de Sait Tropez, en la Riviera francesa) y el nombre de la mascota del dueño de casa, un tigre alimentado con cuatro pollos diarios que al diplomático le recordó el león que poseía como mascota Uday Hussein, hijo de Saddam.
Pero si bien el cambio de régimen en Iraq fue impuesto a la fuerza y costosísimo en vidas humanas y daños materiales, en Túnez fue el resultado de una insurrección popular, liderada por los estudiantes, los sindicatos y las clases medias.
El gobierno tunecino, que albergó en 2005 la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información sobre cómo la Internet puede contribuir al desarrollo, tenía amplia experiencia en interceptar la comunicación a sitios opositores y condenar estudiantes a la cárcel por publicar opiniones en sus blogs. Pero le fue imposible evitar la difusión de los “wikileaks,” que circularon de boca en boca y de email a facebook. Los mensajes de teléfono a teléfono ayudaron a organizar las manfiestaciones, en un país en el que décadas de represión habían casi barrido con la capacidad operativa de los partidos opositores. Las ONGs y los sindicatos jugaron un papel esencial y la televisión transmitiendo en vivo ha alentado el entusiasmo democrático en toda la región, que parecía inmóvil y sin alternativas entre autoritarismos y fundamentalismos.
Haití empieza con H
Los participantes en la conferencia “Haití empieza con H” mostraron el 12 de enero una visión de Haití y de la tragedia del terremoto muy diferente de la predominante. La periodista Olga Rodríguez, moderadora de la mesa redonda realizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se preguntó por qué la ayuda internacional es tan mal gestionada.
“Lo que ocurre todos los días no es noticia. Las desigualdades entre ricos y pobres no son noticia porque ocurren todos los días”, dijo Rodríguez, quien se preguntó por qué se convocó a elecciones en esta situación y por qué no se permitió la participación del partido con más apoyo popular.
En videoconferencia desde Haití, Camille Chalmers, director ejecutivo de la Plataforma por un Desarrollo Alternativo (PAPDA), manifestó que el modelo económico haitiano está basado sobre la especulación y que el país debería invertir en educación e infraestructuras, entre otros sectores, así como romper la dependencia con “actores externos” y fomentar la gestión pública de los servicios esenciales para la población.
El sociólogo de la Universidad de Alicante Carlos Gómez Gil consideró que algunos informes de prensa, al cuestionar la gestión de la ayuda al desarrollo, siembra en el mundo una imagen de la sociedad haitiana como corrupta.
Giulia Tamayo, de Amnistía Internacional, hizo notar diversas violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas haitianas a las que se trató de paliar --según él, de manera absurda-- mediante la militarización de las gestiones para paliar la catástrofe. Además, sostuvo que el gobierno no se preocupa de la situación del pueblo sino apenas de su agenda política.
María Sande, de Solidaridad Internacional, analizó la cobertura de la prensa nacional sobre el terremoto que, en su evaluación, proyectaba una imagen pasiva o violenta del país, la cual servía de argumento a lo que en realidad fue otra ocupación militar que abrió las puertas a la ingerencia extranjera. Sande indicó que, en realidad, fueron redes sociales formadas por los propios vecinos las que organizaron la ayuda y organizaron campamentos con seguridad. El pueblo se organizó desde el principio antes de que llegara nadie, aseguró.
Otro dato que salió en las intervenciones del público fue que durante el pasado año, se utilizaron 70 millones de euros de la ayuda para financiar empresas privadas de gestión del agua.
En la convocatoria de la conferencia en Madrid participaron ACSUR-Las Segovias, Asamblea Feminista, Campaña Quién Debe a Quién, Ecologistas en Acción, Forum de Política Feminista, IEPALA, Mundubat, Plataforma 2015 y Ms, Solidaridad Internacional, Sotermun, Las Tejedoras, Veterinarios Sin Fronteras.
Fuentes: Diario La República.es, de España
Plataforma 2015 y Más
Tiempo para la acción (y para el debate)
El segundo informe europeo de Social Watch se publicará el 1 de febrero en la sede del Parlamento Europeo. El reporte se concentrará en la exclusión social, vinculando las dimensiones internas y externas del fenómeno, así como la respuesta de la Unión Europea. El lanzamiento del volumen se realizará de las 13 a las 15 horas.
El informe, titulado “Time for Action: Responding to Poverty, Social Exclusions and Inequality in Europe and Beyond” (“Tiempo de actuar: Respondiendo a la pobreza, la exclusión social y la inequidad en Europa y más allá”), estará disponible en línea en el sitio web de las Coaliciones Europeas de Social Watch, en www.socialwatch.eu.
El día anterior, 31 de enero, watchers de toda la región estarán reunidos, también en Bruselas, para discutir cómo fortalecer la acción de las Coaliciones a nivel regional e internacional.
Habrá mesas redondas y debates sobre asuntos políticos clave, de modo de identificar acciones concretas para desarrollar en los próximos dos años, entre ellos:
- El potencial de las Coaliciones para coordinar respuestas comunes;
- La identificación de áreas específicas de interés común;
- La identificación de oportunidades para fortalecer actividades comunes a desarrollar en Europa como Social Watch;
- Los preparativos para la Asamblea General de Social Watch para este año, que se celebrará en julio en Filipinas;
- La identificación de herramientas internas y externas para fortalecer las actividades de Social Watch (por ejemplo, sitios web y boletines electrónicos);
- La posible organización de talleres para fortalecer la capacidad estratégica de la red a nivel europeo en el largo plazo;
- La divulgación del informe europeo de Social Watch;
- La formación de alianzas.
(Por más información, contacte a Yvette Pierret: ypierret@eurostep.org).
Sharon McIvor lleva su batalla a la ONU
La activista por los derechos de las mujeres y los indígenas Sharon McIvor anunció a fines de diciembre que elevará una queja contra Canadá en la ONU. El país, aseguró, “continúa discriminando a las mujeres aborígenes y a sus descendientes con el modo en que se determina su registro como indígenas”.
“Las sucesivas versiones de la Ley Indígena, que se retrotraen al siglo XIX, le han dado preferencia a los nativos hombres y a sus descendientes varones como transmisores del estatus” de aborigen, explicó McIvor. “A pesar de las enmiendas a la Ley Indígena vigentes desde 1985, las mujeres aún no son tratadas equitativamente como transmisoras de ese estatus, el cual se les niega, como consecuencia de ello, a muchos miles de descendientes de nativas.”
La batalla de McIvor durante 20 años en los tribunales canadienses contra este tipo de discriminación de género “sólo tuvo éxitos parciales”. “Ahora buscaré justicia plena para las aborígenes al amparo de las leyes internacionales de derechos humanos. Canadá debe ser responsabilizada por su intransigencia al negarse a eliminar completamente la discriminación sexual de la Ley Indígena”, aseveró.
En 1994, McIvor desafió la legitimidad de esta forma de discriminación de género incluida en la Ley Indígena ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Columbia Británica, la cual dictaminó que la sección 6 de la norma violaba la sección 15 de la Constitución. Pero el gobierno canadiense apeló el fallo, y un tribunal de apelaciones justificó los pasajes de una ley a la que, sin embargo, consideró discriminatorios.
El Parlamento estudia un nuevo proyecto, denominado C-3, en respuesta a la decisión del tribunal de apelaciones. De ser aprobada, solucionará la discriminación, pero sólo parcialmente: la iniciativa prevé que algunas descendientes de indígenas por línea materna podrán acogerse al estatus de aborigen, pero tendrán menos posibilidades de hacerlo que aquellos que sean descendientes por línea masculina. Además, excluye a descendientes de nativas que no estaban casadas cuando tuvieron sus hijos.
Mientras se les desconozca el estatus de indígenas a estas mujeres y sus descendientes, la inequidad se mantendrá. “Como los tribunales y el parlamento han sido omisos en remediar esta discriminación, llevaré mi caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU”, dijo McIvor. Este órgano es el encargado de controlar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La demanda cuenta con el respaldo de la Alianza Feminista para la Acción Internacional, uno de los puntos focales de Social Watch en Canadá.
El gobierno de Canadá asegura que la Ley C-3 le permitirá atribuirse el estatus de indígena a 45.000 mujeres aborígenes y a sus descendientes. De todos modos, estimaciones de la sociedad civil indican que otras 200.000 quedarán fuera de esa categoría.
Fuente: Canadian Feminist Alliance For International Action (FAFIA)
El arte de no pagar
Por Carlos Bedoya
La equidad de un sistema tributario se puede estimar analizando quién soporta la mayor carga. Los sistemas tributarios latinoamericanos se caracterizan por una baja presión impositiva y una alta regresividad. Los Estados recaudan poco pero, al mismo tiempo, el aporte de los que menos tienen es mayor. El Perú es un caso dramático dentro de la región.
América Latina es la región más desigual del mundo y a pesar de que muchos gobiernos, como el boliviano o el ecuatoriano, han iniciado una transformación en su trato con el gran capital para aumentar la recaudación tributaria y financiar la ampliación de la cobertura y la mejora de los servicios públicos, aún las grandes mayorías acumulan muchísimo menor renta que la capa más alta de la sociedad.
La red de organizaciones sociales Latindadd señala que el 20% de la población más pobre en América Latina, obtiene el 3.5% de los ingresos, al tiempo que el 20% más rico se queda con el 56.9%.
Precisamente, la política fiscal es una poderosa herramienta de reducción de inequidades, como nos recuerda el tributarista peruano Luis Alberto Arias, quien afirma que si bien este debate no se ha instaurado todavía por este lado del mundo, en Europa se usa eficazmente para reducir varios puntos del índice de Gini, que mide la desigualdad en las sociedades.
Mientras en América Latina la presión tributaria es de aproximadamente 20% del Producto Bruto Interno (PBI), en la región del euro se duplica. Es decir, de cada 100 dólares que se producen en nuestra región sólo 20 se destinan a impuestos, mientras que en Europa van 40 a las arcas fiscales.
Por ahí va la potencia que tiene la política fiscal como instrumento para reducir la desigualdad. En la lógica de cobrar más, a quien más renta genera o más propiedad ostenta, y gastar más y mejor en servicios estatales para toda la población, con énfasis en los sectores más vulnerables. Ese es el misterio de la política pro equidad.
Aunque Europa pasa por un pésimo momento económico debido a la crisis global que la golpea con furia, no podemos desconocer que su manejo tributario es de los más progresivos del mundo. Por cierto, su crisis tiene que ver en mayor medida con el manejo especulativo de las finanzas que con su sistema fiscal.
Regresividad
Según Luis Moreno, economista del equipo técnico de Latindadd, los estados latinoamericanos prefieren cobrar más impuestos al consumo (IGV), indirectos, que a la renta, por su facilidad para recaudar y para ahorrar el costo de monitoreo y fiscalización que suponen los impuestos a las ganancias de las grandes empresas e inversionistas. De esta manera, los que más pagan son las personas de ingresos medios y bajos. A eso se le llama regresividad.
La otra cara de la moneda, claro está, son los impuestos que se cobran a la riqueza y al patrimonio (directos), que en términos relativos son menores que los indirectos.
Los impuestos directos apenas llegan al 17% del total de la recaudación en América Latina, mientras que los que pagamos todos cuando hacemos una compra, por ejemplo, representan el 40% de la recaudación tributaria.
Podemos afirmar entonces que, en general, la política tributaria de la región es “pro rico” y no “pro pobre”, es decir es regresiva y no progresiva. Ahí está una de las causas de la gran desigualdad que vivimos.
La ideología de “inversión más exportaciones” como único camino para llegar al desarrollo sigue siendo la que se impone a la hora de cobrar los impuestos. Y en esa racionalidad, las trasnacionales tienen muchas facilidades, desde contratos de estabilidad tributaria hasta mecanismos de evasión fiscal, como los “precios de transferencia” y los “paraísos fiscales”.
Se la llevan fácil
Las grandes empresas saben usar muchos trucos para dejar de pagar lo que deberían. A esto se le llama planificación tributaria y normalmente requiere la asesoría de abogados conocedores de las normas en cada país. Sin embargo, cuando hablamos del comercio internacional, son las empresas trasnacionales las que no sólo evaden determinado impuesto usando tramposamente normas legales sino que manipulan los precios, realizando operaciones de compra-venta con sus empresas filiales en otros países con el único propósito de burlar los sistemas tributarios y llenarse más los bolsillos.
A esto se le llama “precios de transferencia”, los mismos que permiten que actualmente el 60% del comercio mundial se dé precisamente entre las propias empresas vinculadas a una misma matriz, según da cuenta el economista Rodolfo Bejarano, vinculado a Latindadd.
Bejarano afirma que cuando un grupo trasnacional controla las empresas que están de un lado y otro, en las operaciones del comercio internacional burlan fácilmente el pago de impuestos sin que los Estados puedan hacer nada. Por eso existe un estrecho vínculo entre la manipulación de precios por parte de las trasnacionales y la pérdida de ingresos tributarios de los países en desarrollo.
En realidad, por medio de este mecanismo las empresas pueden transferir de manera encubierta sus utilidades asignando precios irreales a sus transacciones en bienes o servicios, subvaluando ventas o sobrevaluando compras, según convenga. O simplemente a través de operaciones ficticias.
¿Cuánto perdemos?
La ONG británica Christian Aid ha estimado que los países en desarrollo pierden aproximadamente 160 mil millones de dólares al año por estas malas prácticas. Este cálculo nos indica también, que América Latina pierde 50 mil millones de dólares anuales por esta misma causa. Para el caso peruano, un estudio de Global Financial Integrity nos dice que las perdidas alcanzan los 275 millones de dólares cada 12 meses.
La salida no es fácil. Se requiere que las trasnacionales brinden información oportuna de todas sus operaciones y ello, necesariamente, pasa por un sistema internacional en asuntos tributarios y normas contables globales que den cuenta de la veracidad de las operaciones comerciales de los grandes jugadores. En otras palabras, voluntad política global.
Paraísos fiscales
La dinámica de los precios de transferencia no se entiende sin un paraíso fiscal atrás. Y en todo el mundo existen más de 70 jurisdicciones donde la opacidad tributaria permite que los peces gordos se oculten de cuanta autoridad los haya puesto bajo la lupa. Es decir, un lugar donde no sólo la tributación es baja o inexistente sino que las personas naturales o jurídicas gozan de un estricto secreto bancario, profesional y comercial, garantizado incluso por vía constitucional.
Ahora bien, estos paraísos, que para Alberto Croce, de la Fundación SES de Argentina, en realidad deberían llamarse “cloacas fiscales”, sirven además para ocultar pérdidas de bancos y grandes empresas con el cuento de inversiones clasificadas como muy rentables. Eso ya lo vimos a propósito de la crisis financiera mundial.
El primer paraíso fiscal fue Suiza, que en 1934 decretó el secreto bancario para sus clientes extranjeros. Desde ese momento, estos paraísos han ido en aumento. En la región latinoamericana tenemos varios, pero sin duda los más eficientes son Estados Unidos y cinco países europeos.
No por nada el ex banquero suizo Rudolf Elmer acaba de entregar al sitio de filtraciones WikiLeaks una lista con los detalles de 2 mil personas, instituciones financieras y multinacionales de varios países que utilizan el secreto bancario con el fin de evadir impuestos. Ha señalado que la sociedad mundial debe conocer lo que él ha conocido por su trabajo diario. En los próximos días tendremos reveladores datos.
Fuente: Agenda Global
Los ODM como mínimo común denominador
La primera reunion del Reflection Group --iniciativa conjunta de Social Watch, la Red del Tercer Mundo, DAWN, la Fundación Friedrich Ebert, Global Policy Forum, Terre des Hommes y la Fundación Dag Hammarskjöld Foundation-- se realizó los días 12, 13 y 14 de enero en Berlín. Como primer aporte al debate, la Fundación Friedrich Ebert y Global Policy Forum publicaron un documento titulado "Thinking Ahead -Development Models and Indicators of Well-being Beyond the MDGs" (“Pensando hacia adelante: Modelos de desarrollo e indicadores de bienestar más allá de los ODM”).
En diálogo con la agencia de noticias IPS, su autor y director de Global Policy Forum Europe, Jens Martens, explicó estos conceptos. A continuación, la entrevista:
El tiempo se agota para cumplir las promesas que los gobiernos hicieron hace una década para mejorar la vida de cientos de millones de personas en el mundo. Pero, ¿tienen estas promesas defectos de nacimiento?
Con los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000 y considerados una oportunidad histórica, los estados y los principales organismos multilaterales acordaron ocho grandes metas sociales, empezando por la lucha contra la pobreza extrema, con plazos de cumplimiento en 2015.
En su actual formulación, sin embargo, los ODM expresan una visión bastante rígida e inclusive anémica del desarrollo humano y del bienestar, dice Jens Martens, director de la oficina europea del Global Policy Forum, un grupo independiente que supervisa el trabajo del foro mundial y escudriña la formulación de políticas globales.
El corresponsal de IPS en la ONU, Rousbeh Legatis, conversó con Martens acerca de cómo estos problemas pueden ser superados y acerca de lo que los modelos de desarrollo alternativos pueden proporcionar para el necesario impulso de los ODM.
IPS: En términos generales, los ODM tienen el propósito de fomentar el desarrollo a través de la mejora de las condiciones sociales y económicas de la población. ¿Cómo ve el actual modelo de desarrollo y sus implicaciones políticas?
JENS MARTENS: Con su limitado enfoque de pobreza monetaria y servicios sociales básicos, los ODM representan el menor común denominador en materia de desarrollo que fue posible acordar a nivel global hace una década.
Ellos reflejan una limitada comprensión del desarrollo, ya que consideran la erradicación de la indigencia como un desafío principalmente técnico. Como consecuencia, muchos gobiernos han dado demasiada poca atención a los aspectos estructurales del desarrollo, como la distribución del ingreso y la riqueza.
IPS: Después de leer su análisis, uno podría sacar la conclusión de que los ODM ya pueden ser considerados un fracaso. ¿Es así?
JM: Los ODM no fallaron, pero los gobiernos fallaron en proporcionar los medios necesarios para alcanzarlos. Ellos aún tienen tiempo para demostrar que se toman esas metas seriamente. Sin embargo, la política de desarrollo no debe limitarse a los ODM.
Afrontamos importantes desafíos, desde el cambio climático hasta las deficiencias del sistema de financiamiento global, que no son cubiertos apropiadamente por el actual catálogo de metas del milenio. Por eso nosotros tenemos que usar los próximos años para discutir objetivos adicionales que sean válidos para todos los países del mundo.
IPS: ¿Qué sería para usted una buena comprensión del desarrollo, en términos de mejorar realmente la vida de las personas?
JM: En primer lugar, tenemos que superar el modelo de desarrollo dominante, que aún está orientado a un enfoque de modernización y que confunde desarrollo económico con el progreso de la sociedad. Esto incluye nuevas medidas e indicadores de avance y bienestar más allá del producto interno bruto.
Esto es precisamente lo que la Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission recomendó en sus informes de 2009.
Según el (economista Joseph) Stiglitz y sus colegas, estamos a tiempo de cambiar el énfasis de las mediciones, desde la producción económica al bienestar. Y este cambio no es relevante solo para países ricos, es aplicable a todos los países del mundo.
IPS: ¿Existen hoy iniciativas que promuevan modelos de desarrollo alternativos?
JM: Sí, en los últimos años ha surgido una cantidad creciente de iniciativas. Un ejemplo interesante es el enfoque del "Buen Vivir". Esto no es tanto un modelo de desarrollo como sí una filosofía holística de vida basada en la visión de los pueblos indígenas de la región andina.
Este enfoque persigue el bienestar material, social y espiritual de todos los integrantes de la sociedad, pero no a costa de otros miembros o de los recursos naturales. El enfoque del Buen Vivir ya ha ganado relevancia política, ya que está anclado en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador.
Otro ejemplo interesante es el Gross National Happiness Index (índice Nacional de Felicidad), desarrollado en el Reino de Bután. Está basado en un concepto alternativo de riqueza más allá del simple materialismo y comprende un amplio conjunto de indicadores económicos, sociales, políticos y ambientales.
IPS: ¿Qué modelo elegiría usted para superar las principales debilidades del actual enfoque de los ODM?
JM: Lo que necesitamos son objetivos mundiales de desarrollo, con metas cuantitativas precisas y plazos definidos que aplicar simultáneamente a los países ricos y pobres. Pero no hay "una sola clase" de soluciones. Los objetivos deben tener en cuenta la situación económica, social y ambiental específica de cada país.
Ya no se puede considerar el "desarrollo" solo como un proceso que tiene lugar en el hemisferio Sur. Si pensamos en la necesaria transformación hacia un desarrollo equitativo y ambientalmente sustentable, virtualmente todos los países del planeta pueden ser llamados en desarrollo.
Esto no significa que el principio clave de la Declaración de Río de 1992, sobre "la responsabilidad común, pero diferenciada", ya no es relevante, sino ¡todo lo contrario!
Y finalmente, este nuevo conjunto de objetivos mundiales de desarrollo e indicadores deben tomar en cuenta que el bienestar y el progreso social dependen fundamentalmente de la distribución del ingreso y de la riqueza, tanto como de las capacidades que un individuo tiene en la sociedad.
IPS: ¿Qué rol ve para los países industrializados y las instituciones multilaterales, incluida la ONU?
JM: Considerando su composición universal y su tradicional apertura hacia la sociedad civil, la ONU sigue siendo el más importante y legitimado foro de discusión sobre los modelos de desarrollo y la adopción de objetivos de desarrollo.
Pero, ¿cuál puede ser el futuro de instituciones como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la clásica organización de los países ricos, o el G-77, el grupo que representa los intereses del mundo en desarrollo?
Si dividir el mundo en países industrializados y en desarrollo se está convirtiendo cada vez más en un anacronismo, ¿no es esto también válido para esas instituciones?
Fuente: IPS Noticias
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