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Revolución al sur del Mediterráneo
Las revueltas en Medio Oriente y África septentrional demuestran la fragilidad de las estrategias consistentes en apoyar dictaduras como las de Túnez y Egipto para mantener la seguridad en Europa, advirtieron tres redes internacionales de la sociedad civil en una carta a la Alta Representante Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Catherine Ashton. La sustentabilidad de las estrategias con ese objetivo sólo puede garantizarse mediante procesos democráticos genuinos, según la Red Árabe de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ANND), Eurostep y Social Watch. Estas redes también enviaron una declaración a los participantes de la conferencia internacional sobre la situación del Mediterráneo sur convocada por Ashton y realizada esta semana.
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Miles de palestinos movilizados por reconciliación política
En una movilización que puede enmarcarse en la revolución en curso en el mundo árabe, miles de personas acudieron al llamado de la Red Palestina de Organizaciones No Gubernamentales (PNGO) y se concentraron en la plaza Al-Manarah, de Ramallah, para reclamar la reconciliación entre los partidos Fatah y Hamas.
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Sentencia a la Chevron-Texaco en Ecuador
La compañía norteamericana Chevron-Texaco es culpable de la destrucción ambiental y social que provocó en la Amazonía ecuatoriana. El juez de la Corte de Nueva Loja, Nicolás Zambrano, dictaminó que debe pagar al menos 8.000 millones de dólares por los daños causados. Esta histórica sentencia representa un triunfo de la Humanidad.
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Allá están los que pagan nuestro bienestar
Si hubiesen sido un banco, los pobres hace tiempo que no serían pobres: ellos no sólo sufrieron las consecuencias de la crisis económica perdiendo el trabajo, reduciendo gastos y perdiendo sus viviendas, sino también pagando el rescate de las instituciones financieras con aumentos de impuestos y la caída de sus salarios. Éste fue el dato más destacado por la prensa italiana, incluido el diario La Repubblica, al presentarse en una galería al aire libre, cerca de la Fontana di Trevi y de las sedes del gobierno y el Parlamento, el informe de Social Watch 2010 en ese idioma.
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Una pizza desde El Cairo
El pizzero Ian, en Madison, capital de Wisconsin, tuvo la idea de ofrecer en su sitio web la posibilidad de comprar desde cualquier parte del mundo una pizza a ser entregada a los manifestantes que desde hace más de una semana rodean el Capitolio estadual en oposición a las políticas antisindicales del gobernador Scott Walker. Los aplausos estallaron cuando llegó una pizza pagada desde Egipto.
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Social Watch promoviendo la responsabilidad
Vea en Youtube un video con testimonios sobre Social Watch filmado durante el Foro Social Mundial en Dakar. Esta producción enfatiza en rasgos de la red, como la diversidad y autonomía local de los Watchers y su flexibilidad.
El video se encuentra en la página de Social Watch (www.socialwatch.org) and en Youtube (www.youtube.com/watch?v=6As5jAe-PXc).
UE debe reconsiderar sus recetas para Medio Oriente y el Maghreb
ANND, Eurostep y Social Watch enviaron una carta a los asistentes a la reunión internacional de alto nivel sobre la situación en los países de Medio Oriente y el Maghreb convocada por la Alta Representante Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Catherine Ashton, y celebrada el miércoles en Bruselas.
Estas tres redes de la sociedad civil internacional pidieron a Ashton reconsiderar las recetas económicas recomendadas por la UE de manera de alentar la transición democrática en los países de la región donde hoy se registran revueltas populares.
Este es el texto de la carta:
La iniciativa de la Alta Representante Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, señora Catherine Ashton, de celebrar una reunión internacional para responder a los cambios revolucionarios en la región MENA (Medio Oriente y África septentrional, por sus siglas en inglés) es bienvenida en tanto reflejo del reconocimiento, por parte del sistema político en Europa, de la necesidad de volver a examinar el contexto político, económico y social y la cooperación en la región. Sin embargo, las declaraciones asociadas con esta conferencia en torno a las prioridades de la UE, en lo que respecta a Túnez y a los países de MENA, evidencian una falta de comprensión general de los verdaderos factores tras la revolución popular en la región y de las necesidades de la transición democrática durante el próximo período.
En su convocatoria a la reunión, la señora Ashton destacó cinco prioridades de la cooperación exterior de la UE que podrían ser abordadas en Túnez: la reforma electoral, el apoyo a la sociedad civil, la construcción de un poder judicial independiente y de una prensa y medios de comunicación libres, y la lucha contra la corrupción. Las declaraciones de la funcionaria de la UE en relación a los preparativos de la conferencia hacen referencia a la necesidad de constatar que Túnez prosiga con las negociaciones de libre comercio en curso, que alcance un acuerdo con el FMI y que comience a hacer frente a la brecha financiera del balance de pagos.
"La construcción profunda de la democracia", como ha sido señalado por los funcionarios de la UE, necesita procesos nacionales saludables e integradores que estén orientados a la construcción de un modelo social y económico que dé prioridad a la justicia económica y a los derechos de los ciudadanos frente a cualquier condicionalidad proveniente del exterior. Si bien la señora Ashton hace referencia, como prioridades que son bienvenidas, a la reforma electoral, al apoyo a la sociedad civil, a la construcción de un poder judicial independiente y a la libertad de prensa y de los medios de comunicación, así como a la lucha contra la corrupción, evita abordar los retos económicos y sociales durante el período de transición, parte de los cuales están directamente relacionados con el tipo de asociación que la UE ha desarrollado con regímenes autoritarios como el derrocado en Túnez.
Más aún, la señora Ashton insiste en promover los modelos actuales de libre comercio y los acuerdos financieros del FMI, muy criticados por estar orientados al corto plazo y demasiado centrados en la gestión de la demanda, mientras no presta la debida atención al gasto social y a la distribución del ingreso. Por cierto, estos acuerdos no han sido de provecho alguno para los pueblos de ésta y otras regiones del mundo. Por el contrario, sus derechos a la justicia social les han sido denegados.
Al centrarse solamente en los acuerdos de financiación predominantes y en la balanza de pagos, la UE le está errando al clavo una vez más. De hecho, al dar preponderancia a las estrategias de crecimiento, la UE deja de lado el hecho de que todo el modelo económico y social de los países en transición debe ser revisado a los efectos de abordar las prioridades de los pueblos y no las de las instituciones internacionales y los inversores extranjeros. El proceso de desarrollo en Túnez y en otros países en transición requiere de un cambio en la totalidad de los procesos de desarrollo, y en su relación con las funciones de producción y redistribución, y no meras alteraciones en las entradas y salidas dentro de una estrategia de crecimiento que es por completo ajena a las necesidades de los pueblos. Esto tiene que partir de un diálogo nacional y de la convergencia de los procesos en torno de prioridades económicas y sociales, y la UE debería abstenerse de distorsionarlos a través de la exigencia del cumplimiento de condicionalidades políticas. Junto con las reformas políticas necesarias, el próximo período requiere respuestas de corto plazo necesarias para atender las penurias económicas y sociales padecidas por los pueblos, en el marco de estrategias de mediano y largo plazo, para las reformas económicas y sociales y el desarrollo.
A pesar de las cifras positivas sobre avances sociales y económicos presentadas por el derrocado régimen de Túnez, ha quedado demostrado que los ciudadanos estaban sufriendo severas injusticias en ese plano. Resulta evidente que los esfuerzos y las políticas del régimen no habían conducido a un crecimiento equitativo ni hacia el progreso social en general. Como consecuencia directa, la revolución en Túnez, como en otros países de MENA, comenzó con demandas económicas y sociales, y rápidamente derivaron en movilizaciones políticas masivas.
Las políticas de ajuste estructural adoptadas por el régimen depuesto obedecieron las recomendaciones del FMI. De hecho, la revisión de los documentos del FMI sugiere que sucesivos gobiernos bajo el régimen de Ben Ali cumplieron fielmente con el FMI y con las condiciones del Banco Mundial, incluyendo el despido de trabajadores públicos, la eliminación del control de precios de productos básicos de consumo y la aplicación de un radical programa de privatización. Esto, combinado con la ausencia de un adecuado proceso democrático de toma de decisiones en materia de políticas económicas y sociales, condujo al deterioro de las condiciones de vida del pueblo tunecino.
Por lo tanto, resulta una prioridad que las consultas en Túnez acuerden una estrategia de desarrollo nacional, antes de continuar las negociaciones en curso sobre libre comercio, así como revisar las políticas macroeconómicas adoptadas por el régimen caído, incluyendo las de inversión e impuestos, entre otras. Tanto el diálogo nacional sobre las prioridades económicas y sociales como las medidas de corto plazo destinadas a atender el clamor ciudadano en este frente son las piedras angulares para construir en Túnez un sistema de gobierno estable, democrático y participativo, y para cimentar la confianza entre la ciudadanía y la nueva dirigencia del país.
Para apoyar al pueblo tunecino y demostrar la visión y la fuerza suficientes para hacer frente a estos desafíos –como ya exigieron miembros del Parlamento Europeo–, se necesita que la UE contribuya a empoderar y apoyar el proceso de reconstrucción nacional en lo político, así como también en los frentes económico y social. Es necesario que la UE se prive de sofocar los nuevos procesos de gobernanza en curso, con condiciones que por demasiado tiempo han demostrado ser insuficientes para consagrar los derechos de los ciudadanos. Esto también hace necesario que la UE dé pasos genuinos para reconocer que, si las políticas económicas y sociales que han llevado adelante en nombre de la asociación del bloque con los países del Mediterráneo Sur pueden haber ayudado al crecimiento económico, también han contribuido, en rigor, a aumentar la pobreza, la exclusión social y las desigualdades. La totalidad de estos modelos necesitan ser revisados de manera crítica.
Ziad Abdul Samad
Director
ANND
Simon Stocker
Director
Eurostep
Roberto Bissio
Coordinador
Social Watch
ONG palestinas piden el fin de las divisiones políticas
A iniciativa de la Red Palestina de Organizaciones No Gubernamentales (PNGO), miles de personas se reunieron el 18 de febrero en la plaza Al-Manarah, en el centro de la ciudad cisjordana de Ramallah, para expresar su rechazo a las divisiones internas y para pedirle a los partidos Fatah y Hamas que les pongan fin.
La movilización fue coordinada con partidos políticos y organizaciones juveniles. La PNGO interpretó la gran participación en la protesta como demostración del sentimiento popular de rechazo a la discordia que ha deteriorado la situación de los derechos humanos en Cisjordania y Gaza.
Estas divisiones, según la Red, conspiran contra la lucha contra la ocupación israelí, y pueden profundizarse de concretarse el llamado a elecciones realizado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para septiembre.
La PNGO considera que convocar a la ciudadanía a las urnas en estas circunstancias conduciría a un aumento de las fricciones entre Fatah y Hamas, y dificultaría la reconciliación.
La Red prepara otras actividades como preludio a un encuentro entre los dos partidos, tendiente a un acuerdo que reafirme los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno de los exiliados, entre otros.
Fuente: PNGO.
Un triunfo de la Humanidad
Por Alberto Acosta*
“La sentencia más esperada de los últimos diecisiete años acaba de hacerse pública”. Con esas palabras se difundió la noticia. Nicolás Zambrano, juez de la Corte de Nueva Loja (capital de la provincia de Sucumbíos), reconoció que la compañía norteamericana Chevron-Texaco es culpable de la destrucción ambiental y social que provocó en la Amazonía ecuatoriana, durante sus veintiséis años de operación. El dañó que ocasionó la compañía Chevron-Texaco supera largamente la destrucción que ocasionó la BP en el Golfo de México.
El juez dictaminó que la Chevron-Texaco debe pagar al menos 8.000 millones de dólares por los daños causados. En la sentencia se dictamina también que la transnacional norteamericana debe pedir disculpas públicas en Ecuador y Estados Unidos a las víctimas por el crimen cometido. Si no lo hace en quince días, el monto económico a pagar se duplicaría a más de 16.000 millones de dólares. Esta es, a no dudarlo, otra señal poderosa de la sentencia… ¡el dinero no es todo!
La historia de este caso es larga…
Desde la segunda mitad de la década de los sesenta, las actividades petroleras, que se iniciaron con la compañía Texaco en alianza con la Gulf, han atropellado masivamente la biodiversidad y el bienestar de la población de la Amazonía. Las comunidades indígenas y los colonos han sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales, en nombre del mítico bienestar de toda la población.
Con esta sentencia el discurso sobre la importancia de la región en tanto suministradora de recursos financieros se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia solamente por la revalorización de sus recursos naturales en función de la acumulación de capital, especialmente transnacional, aun cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Esta ha sido una de las mayores necedades de la maldición de la abundancia… de recursos naturales.
Para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el choque con la civilización occidental, en su peor versión, la petrolera, ha significado un cambio radical en su vida e incluso la perdida de vida. No sólo dichos pueblos, también los colonos de la Amazonía norte del Ecuador han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos elementales. Vale anotar que los niveles de pobreza en la Amazonía, sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, son más elevados que en el resto del país.
La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es conocido el “juicio del siglo” que han llevado, desde hace dieciocho años, las comunidades y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Es bueno recordar que de esta resistencia surgió el clamor por una moratoria petrolera en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, que cobijó el surgimiento de la Iniciativa Yasuní-ITT (mediante la cual el Estado ecuatoriano se compromete a dejar bajo tierra alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del parque Nacional Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a cambio de una compensación económica).
Los argumentos que se expusieron en contra de Chevron-Texaco son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la Naturaleza sino que también se evidencian consecuencias en la salud de la población. El juez Zambrano, de la Corte de Nueva Loja, superando todo tipo de presiones de la compañía Chevron-Texaco y sus abogados, ha dado la razón a los demandantes.
Con este juicio, más allá de su desenlace, se sienta un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas. Para extraer cerca de 1,500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.
Sabemos que las primeras fuentes de contaminación en el área de la concesión de Texaco son el petróleo crudo, los lodos de perforación y otros aditivos, así como las aguas de formación que fueron arrojadas en el ambiente desde inicios de 1967. Esta contaminación afectó suelos, agua subterránea y superficial. Es más, esta contaminación persiste en el ambiente hasta la actualidad.
La primera causa de la contaminación encuentra su origen en las operaciones de exploración y explotación conducidas por Texaco. Sus prácticas y políticas ambientales eran inadecuadas. No empleó controles ambientales. Manejó incorrectamente desechos de pozos de producción, descargó el cien por ciento del agua de formación en los arroyos y ríos, quemó gases en la atmósfera, sufrió docenas de derrames por causas diversas… Éstas son algunas de las conclusiones que presentaron las decenas de peritos convocados en el juicio.
Los suelos en estaciones de la Texaco y en los pozos de extracción petrolera contienen hidrocarburos de petróleo y metales en concentraciones que son muchas veces más altas que los estándares para limpieza ambiental en Ecuador y en otros países del mundo. El agua subterránea bajo los pozos de desechos está contaminada por encima de los estándares ecuatorianos.
Cuando el agua de producción fue arrojada directamente desde las estaciones durante las operaciones de la Texaco, se contaminaron ríos, arroyos, pantanos y suelos con petróleo, metales y sales en concentraciones que eran mucho más elevadas que los estándares ecuatorianos. La vida de seres humanos, de plantas y de animales fue y continúa siendo impactada por la contaminación. La contaminación ambiental está suficientemente documentada.
En el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los operadores de compañía contra mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. Se afectó básicamente la territorialidad, alimentación y tradiciones culturales de los pueblos indígenas en el área de la concesión. Es más, sobre Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris, a más de todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos blanco-mestizos.
La remediación ambiental, conducida por Texaco entre 1995 y 1998, fue una estafa en toda la línea, contando con la complicidad de las autoridades gubernamentales de ese entonces.
No nos olvidemos que en muchos gobiernos la Chevron-Texaco contó con el respaldo de altos funcionarios y también de una parte de la prensa nacional. Así esta empresa transnacional pudo sostener una intensa y multimillonaria campaña para tratar de demostrar su inocencia, tanto dentro de Ecuador como en Estados Unidos. Durante la primera fase del proceso pretendía escaparse de las leyes norteamericanas, ahora se empeña en demostrar que la justicia ecuatoriana está politizada y que los datos de los peritos, son “una suma de cifras delirantes sin sustento científico”.
Si bien resulta imposible poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se ha cuantificado en miles de millones de dólares por todos los daños provocados. A las complejas cuentas anteriores habría que añadir materiales utilizados sin pago, el trabajo mal remunerado, así como las enfermedades (los casos de cáncer llegan a un treinta y uno por ciento, cuando el promedio nacional es de 12,3 por ciento). Los 8.000 o 16.000 millones de dólares son insuficientes para reparar a las víctimas y para la restauración de la Naturaleza.
Esta sentencia, en suma, supera el ámbito amazónico. Rebasa lo que tarde o temprano tendrá que pagar Texaco. Su accionar, como lo haría décadas más tarde la BP y otras tantas empresas extractivistas en diversas partes del planeta, afectó a toda la Humanidad.
Esta sentencia, por lo tanto, constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por la actividad petrolera y minera, que se sostiene por la combinación del poder político con el poder transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del petróleo (y ahora en Ecuador de la minería a gran escala) como base para conseguir el desarrollo, discurso que sostiene una política de ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, de humillación y olvido para las víctimas.
Con esta sentencia emerge con fuerza la necesidad de una justicia ecológica global que haga realidad los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en el mundo. La vigencia de estos derechos exige la existencia de marcos jurídicos internacionales adecuados, teniendo en consideración que los problemas ambientales son temas que atañen a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, esta sentencia en contra de la Texaco representa un triunfo de la Humanidad.
* Ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y ex ministro de Energía y Minas.
Fuente: Agenda Global
Los pobres del mundo vistos desde arriba
Por Rosalba Casteletti, de La Repubblica, desde Roma
"Si los pobres fueran un banco, hace tiempo que los habrían rescatado.” Dos años después de la debacle de Wall Street, ésta es la sarcástica conclusión del último informe de Social Watch (la red que integra a 400 organizaciones no gubernamentales presentes en 62 países), titulado “Después de la caída” y presentado en Italia.
“Desde el año 2000 que se escucha hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Alcanzarían apenas 100.000 millones de dólares al año para alcanzarlos y reducir a la mitad en cuatro años la proporción de la población mundial que vivía en 1990 en la pobreza, pero ese dinero no aparece. Para salvar a la banca, en cambio, se desembolsaron billones de dólares”, comentó el portavoz italiano de Social Watch, Jason Nardi.
La crisis la pagan los pobres
Los pobres no sólo sufrieron las consecuencias directas de la crisis perdiendo el trabajo, ingresos o la vivienda. También se vieron obligados a pagar de su propio bolsillo el rescate de los bancos a través de aumentos de impuestos y reducciones de salarios. Una injusticia social que, como lo demuestran los movimientos en Medio Oriente y el Maghreb, es insostenible. Midiendo los avances hacia los ODM no en términos de rédito económico, sino de acceso a derechos fundamentales, el Informe Social Watch revela que, paradójicamente, fue en el propio año 2000 —cuando los gobiernos de todo el planeta se comprometieron en la Declaración del Milenio a reducir la pobreza, entre otras metas— que comenzó una década en la que se dieron muchos retrocesos.
El desarrollo que no crea justicia social
La evidencia de estos retrocesos es la evolución del Índice de Capacidades Básicas (ICB) elaborado por Social Watch combinando la media de tres indicadores: mortalidad infantil, salud reproductiva y educación. Si la renta mundial por habitante se aceleró de 17% del decenio 1990-2000 a 19% en el 2000-2010, el ICB, en cambio, cayó de 4% en los años 90 a 3% en el primer decenio del siglo XXI. El incremento de los recursos y el desarrollo económico no son sinónimos de mayor justicia social.
La conclusión
Las consecuencias de estas contradicciones entre desarrollo económico y desarrollo social se aprecian ahora con las protestas y disturbios sociales en los países de África septentrional y Medio Oriente
Por eso, concluye el informe de Social Watch, “la mayor ayuda monetaria y las mejores condiciones comerciales para los países en desarrollo son hoy más que nunca un imperativo ético”.
Fuente: La Repubblica, de Roma
Versión en italiano: www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/02/17/news/i_poveri_del_...
Vídeo de la presentación del Informe: www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=14195
Fotografías y videos del acto: www.zerozerocinque.it
Una pizza desde El Cairo
Por Roberto Bissio*
Manifestar en las calles de Madison, la capital de Wisconsin, no es tan peligroso como enfrentar a las balas en las plazas de Trípoli y Manama, pero con temperaturas bajo cero y aguanieve tampoco es un paseo. El pizzero Ian tuvo la idea de ofrecer en su sitio web la posibilidad de comprar desde cualquier parte del mundo una pizza a ser entregada a los manifestantes que desde hace más de una semana rodean el Capitolio estadual en oposición a las políticas antisindicales del gobernador Scott Walker.
El pizarrón en lo de Ian comenzó a anunciar públicamente la procedencia de las pizzas solidarias: cuarenta de los cincuenta estados de la Union, y decenas de otros países. Pero los aplausos estallaron cuando llegó una de Egipto.
Nada más lejano entre sí que las mayorías empobrecidas a orillas del Nilo que ganan menos de dos dólares diarios y los empleados públicos de Wisconsin, con un promedio de 58,000 dólares anuales. Sin derechos los primeros y ciudadanos de la democracia más poderosa del mundo, los segundos. Y, sin embargo, vía la misma Internet que a ambos ayuda a organizarse se expresa la simpatía de unos a otros.
Y no sólo quienes se apropian de la calle entienden el vínculo. También la prensa conservadora de Estados Unidos, la misma que sostiene que el presidente Barack Obama no debería haber abandonado al leal aliado Hosni Mubarak, ve similitudes subversivas entre Madison y El Cairo.
El gobernador Walker no tiene treinta años en el poder, sino que acaba de llegar a él, empujado por la ola de descontento con el desempleo y la crisis, que comenzó por cierto bajo la presidencia de George Bush (hijo) pero que Obama no ha logrado paliar con celeridad.
Con el argumento de paliar el déficit, Walker quiere rebajar entre diez y quince por ciento el sueldo de los funcionarios públicos, por la vía de aumentar su contribución a la seguridad social. Pero al mismo tiempo, está agravando el déficit al rebajar impuestos a los ricos, ya favorecidos con la reducción federal de las cargas fiscales a las familias que ganan más de un cuarto de millón de dólares al año. Y en vez de negociar con los sindicatos el reparto de los sacrificios, la legislación que propone el gobernador quiere prohibir la negociación colectiva de los empleados por el estado.
Con un ojo puesto en Wisconsin, medidas antisindicales similares están en la agenda en Ohio y otros estados.
Existe, por cierto, un debate sobre las políticas económicas apropiadas para enfrentar la crisis. Por un lado, los neokeynesianos reclaman más gasto estatal para compensar la retracción de los mercados y, por otro, los neomonetaristas quieren recortar el presupuesto para lograr equilibrio fiscal. Algunos extremistas republicanos reclaman incluso una vuelta al patrón oro para impedir que el gobierno siga imprimiendo dólares, que es la última herramienta de la administración Obama para estimular la economía sin el apoyo del Congreso, ahora dominando por la oposición.
Pero lo que de verdad está en juego en Wisconsin es el futuro político del país. Los sindicatos que el gobernador Walker quiere liquidar –ya que sin negociación colectiva pierden su razón de ser– no sólo son la base organizativa del Partido Demócrata, sino también su principal contribuyente financiero. Los republicanos, por su parte, basan sus finanzas en las donaciones empresariales. Poco antes de las elecciones de noviembre, una decisión de la Corte Suprema derogó los topes a las contribuciones de los negocios a los partidos políticos y la inundación de dólares en las arcas republicanas precedió –entre otras causas– su victoria en las urnas.
Si el gobernador Walker gana la pulseada, el ejemplo va a cundir y Obama verá esfumarse sus esperanzas de una reelección en 2012. Así, tras una semana de movilizaciones en Wisconsin el presidente abandonó la línea de ecuanimidad y conciliación que se autoimpusiera desde la derrota electoral de noviembre y salió a la palestra a decir que “los empleados públicos son nuestros vecinos, son nuestros amigos” y que lo que se propone en Wisconsin “es un asalto a los sindicatos”.
Los diputados demócratas del Congreso local, en minoría pero con capacidad de dejar al cuerpo sin quórum, marcharon voluntariamente al exilio al estado vecino de Illinois, para evitar ser llevados a sala por la fuerza, extremo permitido en muchos estados.
Nada de esto explica, sin embargo, la indignación, determinación y euforia de decenas de miles de personas en las calles de Madison, durante más de una semana, con cientos de personas acampando dentro del Congreso –es imposible hacerlo afuera en invierno–, gente ofreciendo alojamiento en sus casas a los manifestantes que llegan de fuera, huelgas espontáneas y paralizaciones en la enseñanza. “Les dije a mis alumnos: hoy no hay clases, pero van a aprender una importante lección de civismo”, explica una maestra en su blog.
“Esta no es una guerra contra los sindicatos. Es una guerra de clases que afecta a cada trabajador y a cada miembro de la clase media”, dice Diane Russell, una diputada demócrata de Maine, que resolvió atravesar medio país con tres amigas para llevar solidaridad y chocolate caliente a los manifestantes.
El símil bélico no es una cita marxista, sino una alusión a la ya famosa boutade del multimillonario Warren Buffett en 2006: “Aquí hay guerra de clases, sí, y somos los ricos los que la empezamos y vamos ganando”.
Tal vez ya no tanto.
Fuente: Agenda Global
