Bahrein: Severas condenas a opositores, periodistas y activistas sociales

Bahrain News Agency.

Fuentes: Bahrain Center for Human RightsFederación Internacional para los Derechos Humanos.

El Tribunal de Seguridad Nacional de Bahrein condenó el miércoles a cadena perpetua a ocho activistas y dirigentes políticos acusados participar en supuestas "actividades terroristas" y a otros trece a penas de entre dos y quince años de prisión, informaron organizaciones de la sociedad civil nacionales, regionales e internacionales.

La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH, por sus siglas en francés) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresaron ese mismo día su preocupación, por considerar que los cargos tienen una motivación política y que los juicios no se ajustaron a derecho. Ambas organizaciones han solicitado la liberación inmediata e incondicional de los detenidos.

Los 21 acusados habían sido acusados de delitos como "organizar y administrar una organización terrorista", "intento de derrocar al gobierno mediante la fuerza y en colaboración con una organización terrorista que opera para un país extranjero" y “recaudación de dinero para un grupo terrorista". La FIDH y la OMCT atribuyeron estos juicios al propósito de castigar la participación de ciudadanos en manifestaciones pacíficas en demanda de democracia y de respeto por los derechos humanos.

Siete de los 21 condenados lo fueron en ausencia. Varios de los 14 presos aseguraron haber sido mantenidos en confinamiento solitario y sometidos a tortura. Abdulhadi Al-Khawaja, ex director del Centro de Derechos Humanos de Bahrein y condenado a cadena perpetua, dijo haber sufrido tortura regularmente. 

El juicio no fue público. En mayo, se les impidió a los observadores internacionales acceder a la segunda audiencia. Desde entonces, los observadores internacionales --incluidos los periodistas que cubrían los hechos-- han tenido, casi de manera sistemática, prohibida la entrada al país.

"Estas condenas son extremadamente duras, y parecen tener una motivación política", señaló Malcolm Smart, director de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el Norte de África. "Los civiles no deberían haber sido juzgados por un tribunal militar. El tribunal no investigó adecuadamente los alegatos de tortura y las confesiones falsas", añadió.

"El Poder Judicial no ha garantizado la mayoría de los elementos básicos para un juicio justo. Tememos que el Tribunal de Apelación Especial no sea capaz de restaurar la confianza del pueblo de Bahrein", señaló Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH.

"El derecho internacional prohíbe la tortura y los malos tratos en todas las circunstancias, y por eso solicitamos a las autoridades de Bahrein poner fin inmediatamente a tales prácticas y a investigar con celeridad e imparcialidad los citados informes. Las sentencias efectuadas en base a declaraciones realizadas como resultado de tortura deben ser revocadas conforme a lo estipulado en el artículo 15 de la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, convención de la cual Bahrein es parte", señaló Eric Sottas, Secretario General de la OMCT.

Los fallos afianzan más aun el año 2011 como el peor año para la libertad de prensa en Bahrein desde que el reino declaró su independencia en 1971, según el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists).

Entre los 21 hombres condenados figuran dos bloggers, Abduljalil Alsingace, condenado a cadena perpetua, y Ali Abdel Imam, condenado a 15 años de prisión en ausencia, señaló la agencia de noticias gubernamental. Ambos fueron declarados culpables de 12 cargos contra el Estado, después de haber sido arrestados el año pasado por difundir "información falsa" y abusar de "la libertad de opinión y expresión que prevalece en el reino". Pero fueron puestos en libertad en el marco de una amnistía real en febrero y vueltos a detener en marzo.

Cientos de civiles están siendo procesados, sin el debido proceso, ante el Tribunal de Seguridad luego de las protestas en Bahrein, la mayoría de ellos por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Además, al menos 1.700 personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos debido a su participación las protestas.

 

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