Argentina: Comunidad indígena La Primavera eligió representante

Félix Díaz. (Foto: Agencia Walsh)

Fuente: CELS

Los miembros de la comunidad indígena toba-qom “La Primavera” de Formosa realizaron el sábado 25 de junio un acto sin precedentes: la elección de su representante ante el Estado nacional y las autoridades provinciales. En el proceso del que resultó elegido Félix Díaz participó como veedor el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto nacional focal de Social Watch.

En un proceso limpio y sin ningún tipo de irregularidades, votó más de 80 por ciento de los 1.256 miembros de la comunidad incorporados al padrón. Díaz obtuvo 610 votos frente a los 369 de Cristiano Sanabria, y deberá llevar adelante las gestiones y negociaciones para la restitución y retención de las tierras que le pertenecen a la comunidad. 

Esta misma semana, el flamante representante de “La Primavera” se inscribió en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).

Los comicios fueron organizados por una mesa de diálogo que integraron representantes de la provincia y del gobierno federal, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Nación y organizaciones de la sociedad civil.

El director del programa de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS, Diego Morales, integró la Junta Electoral en calidad de observador y aseguró que “la elección fue tranquila, sin ningún tipo de presión, porque los dos grupos habían consensuado el padrón”. 

Para Morales, esta elección es un paso fundamental para que “los qom puedan discutir y alcanzar una solución al conflicto de fondo por las tierras tradicionales que les pertenecen”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado en abril al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad toba-qom “La Primavera”. En su resolución, la CIDH ordenó las medidas cautelares que habían sido solicitadas por la comunidad, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el CELS.

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. Díaz había debido abandonar la provincia por amenazas contra él y su familia, por lo que la CIDH también exhortó al Estado a garantizar su retorno en condiciones de seguridad.

Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad en noviembre de 2010. En ese operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos. Además, fueron incendiadas las casas de los comuneros, quienes perdieron sus objetos personales y sus documentos.