Honduras: Comisión contra los Femicidios reclama legislación adecuada

Conferencia de prensa de la Comisión contra el Femicidio. (Foto:CEM-H)

Fuente: CEM-H, Minga Informativa de Movimientos Sociales, El Heraldo

Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Comisión contra los Femicidios en Honduras manifestaron esta semana su indignación y preocupación ante el incremento del fenómeno en el país y el "poco o ningún interés" que perciben en las autoridades al respecto. "El femicidio sigue siendo la expresión extrema de la violencia contra las mujeres basada en el poder de control y dominio de los hombres sobre nosotras, nuestros cuerpos y nuestras vidas", advirtieron.

"Las agresiones y asesinatos contra mujeres se han convertido en hechos sistemáticos y habituales en el país", señaló la Comisión en una conferencia de prensa la comisión, entre cuyos integrantes figura el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H, punto focal de Social Watch). "Según la Fiscalía Especial de la Mujer, de enero a junio del 2010 se reportaron 178 femicidios y en el mismo período de 2011 fueron 192, es decir que hubo un aumento de un ocho por ciento en tan corto tiempo."

El comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, informó la semana pasada que entre 2002 y el primer semestre de 2011 murieron en forma violenta alrededor de 2.400 mujeres. Setenta por ciento de las víctimas tenían entre 15 y 40 años, y las más expuestas a ser asesinadas tienen entre los 20 y los 24 años, informó el diario El Heraldo.

La Comisión de la sociedad civil recordó en la conferencia de prensa que el 23 de agosto ingresó en el Congreso Nacional el proyecto de ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, que entre otras disposiciones tipifica el femicidio como delito. No obstante, advirtieron las organizaciones, "más que leyes inconsultas, se requiere del interés y compromiso real de quienes administran el país, de sus operadores y operadoras de justicia y de quienes se supone garantizan la seguridad de los y las ciudadanas. En suma, se requiere de una institucionalidad fortalecida y dinámica, éticamente responsable y políticamente coherente con los postulados de derechos humanos, cualidades de las que lamentablemente se carece, aún más desde el golpe de Estado", advirtieron.

"Para que una ley en contra del femicidio y la violencia contra las mujeres sea efectiva, se requiere una amplia consulta y consenso con las organizaciones de mujeres y feministas, al margen de cualquier interés partidario o bajo la excusa de un plan de seguridad regional que incrementará presupuestos para armamentos y para controlar la vida de los y las ciudadanas", agregaron.

Además, consideraron que la iniciativa legislativa "parte de principios que desconocen a las mujeres como sujetas de derechos; contiene una serie de incoherencias e imprecisiones que pudieran dejar vacíos legales que fomenten la impunidad y coloca al femicidio como sinónimo de homicidio, despolitizando el término acuñado por el movimiento feminista en el ámbito internacional y nacional al ocultar y desconocer las relaciones desiguales de poder y las causas estructurales de la violencia contra las mujeres."

"Exigimos al Congreso Nacional que no apruebe una ley que tipifique el femicidio, sin la realización de una amplia consulta con las organizaciones e instituciones que defienden los derechos de las mujeres", concluyeron.

Este pronunciamiento se conoció el 31 de agosto, dos días después de que la Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, reunida en la ciudad de Antigua Guatemala, expresara su alarma por "por el evidente retroceso del reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres, en especial por la invisibilización de la violencia específica que vivimos las mujeres en los diferentes contextos, en particular por el incremento de los escenarios de conflictividad política, las redes de crimen organizado, y el militarismo".

"Igualmente nos alarma el posicionamiento de enfoques fundamentalistas y familistas insertados en nuestros Estados mayoritariamente laicos que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos vulnerando la vida y la salud de mujeres de todas las edades", agrega la declaración de la Red. "Esta situación favorece en la región el aumento sostenido de los femicidios que se producen no solamente en las relaciones de pareja, sino en todas las relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres, afectando especialmente a mujeres adolescentes, situación que genera además un incremento en la violencia sexual, la explotación sexual y la trata de mujeres. Ante este preocupante panorama identificamos la debilidad de las instituciones responsables de aplicar justicia y seguridad para todas las mujeres, legitimando y promoviendo la impunidad para los agresores, provocando la desesperanza y acrecentando la desconfianza en la institucionalidad de los Estados."