Sociedad civil española movilizada contra restricción constitucional del déficit
Published on Fri, 2011-09-02 08:01
Fuente: Plataforma 2015 y Más Las principales centrales sindicales de España y numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Plataforma 2015 y Más (integrante de Social Watch) establecieron esta semana un programa de movilizaciones para expresar su rechazo a la reforma constitucional a estudio de los grupos parlamentarios del gobernante Partido Socialista Obrero Español y el opositor Partido Popular para establecer un límite al déficit público y por la convocatoria de un referéndum. En una reunión mantenida el lunes, las organizaciones acordaron un manifiesto y la convocatoria a las movilizaciones, iniciadas esta misma semana, así como apoyar otras en ciernes y la realización de una marcha el 6 de septiembre, cuando se discuta el proyecto de reforma en el Senado. La Plataforma 2015 y Más reclamó a los legisladores y las legisladoras que rechacen la propuesta, a la que consideran una opción política a favor de medidas de control del gasto en detrimento de promoción del crecimiento económico y empleo o a medidas de reforma fiscal equitativa. La opción de un límite al déficit público constituye, según las organizaciones de la sociedad civil firmantes del manifiesto, una amenaza para el Estado de Bienestar, las políticas sociales y la cooperación al desarrollo, limitando la autonomía de los poderes públicos. Lo que sigue es el texto de la convocatoria: Las organizaciones sociales abajo firmantes acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación. Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público. Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo. Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum. Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna. Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente: 1. Su rechazo a la reforma constitucional que se propone Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular: 1. Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español Madrid, 29 de agosto de 2011 Organizaciones firmantes:
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