A las puertas de la muerte ambiental

Coordinación de ONG Y Cooperativas de Guatemala
CONGCOOP
Norayda Ponce Sosa
Helmer Velásquez

El modelo extractivista implementado históricamente en Guatemala ha degradado al medio ambiente y empobrecido a la población rural. La industria de la caña de azúcar, por ejemplo, ha contribuido a la deforestación y a la injusticia social, favoreciendo el desplazamiento de poblaciones enteras cuyos derechos son dejados de lado frente a los intereses económicos. Los gobiernos de turno han eludido la responsabilidad de generar una institucionalidad respetuosa del ambiente y de las necesidades de de la población. La sociedad civil debe exigir mayor participación en los procesos de toma de decisiones, a la vez que instar al Gobierno a descartar los modelos extractivistas en favor de un desarrollo sustentable.

Desde comienzos del siglo XVI, cuando fue conquistada por España, la economía de Guatemala ha estado basada en agricultura y la explotación intensiva de la tierra a través tanto de latifundios basados en monocultivos para la exportación como desde minifundios fincados en la producción de infrasubsistencia y subsistencia. En la última década el país ha visto la llegada de una nueva amenaza a su biodiversidad a través del otorgamiento de licencias de exploración minera en prácticamente todo el territorio.  La explotación de vetas de oro y hierro está llevando a los campos sustancias químicas que, como el cianuro utilizado en la industria del oro, provocan daños irreversibles para las fuentes hídricas. Además, el uso extensivo del agua por estas industrias pone en peligro el acceso a este recurso de las comunidades locales.

Estas industrias, cuyo poder contrasta con una institucionalidad pública precaria que no logra ejercer control sobre sus actividades, se han constituido en una amenaza para la sustentabilidad a futuro del país. Los modelos de desarrollo implementados, además de carecer por completo de planeamiento a largo plazo y poner en grave peligro al medio ambiente, han sumido a aproximadamente la mitad de la población en la pobreza, situación que se ve agravada en el medio rural, donde el 72% de la gente es pobre y el 40% se encuentra en extrema pobreza, y en las comunidades indígenas, que registra un 55% de personas en situación de pobreza[1]

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, responsables de regular y administrar el medio ambiente, los recursos naturales y la agricultura, carecen de capacidad financiera y cuentan con escaso peso político en las decisiones de Estado. De hecho, país prácticamente carece de capacidad de planificación y control en los sectores agropecuario y ambiental, en los que descansa buena parte de la sustentabilidad económica, social y ambiental del país. Un informe gubernamental afirma que el país se encuentra, “ante una situación socio ambiental degradada, cuyos indicadores principales se manifiestan en la creciente desestructuración social resultado de la marginación de las grandes mayorías nacionales, lo cual pone de manifiesto la relación directa entre ambiente y pobreza. La población rural es ahora más pobre que antes, cuando tenía acceso a los frutos de la naturaleza.”[2]

Insustentabilidad y medio ambiente

La industria cañera, que depreda los bosques arrasándolos para dedicar los campos al cultivo de la caña de azúcar, es un ejemplo de la insustentabilidad del modelo implementado actualmente. Basada en el poder el poder económico y político que ejercen sus propietarios, esta industria ha logrado incluso desviar el curso de los ríos para garantizar la irrigación de sus cultivos. Entre las consecuencias medioambientales de esa intromisión se encuentra la mayor incidencia de inundaciones en invierno y de sequías en verano, así como también la liberación de gases de efecto invernadero: “cerca de un 90-95% de la caña cultivada en más de 200,000 ha, es quemado como parte del proceso industrial. A una razón de 50 kilos de dióxido de carbono por hectárea quemada, esto genera alrededor de 9 mil toneladas de dicho gas anualmente”[3].
La agricultura y las industrias extractivistas han explotado los bosques descuidando la implementación de procesos de reforestación serios y sostenidos, para emplear la madera no sólo para la construcción sino también como fuente de energía. Esto ha llevado a la virtual desaparición de los bosques naturales: el ritmo de deforestación anual ronda las 82,000 hectáreas, lo que significaría que para 2040, de continuar esta tendencia, habrían desaparecido todos los bosques[4].

Alta vulnerabilidad
El país es amenazado por fenómenos meteorológicos y tectónicos extremos, pues está ubicado en la ruta de los huracanes del Océano Atlántico y de la actividad sísmica del Océano Pacífico. Además, la aridificación, sequía y desertificación amenazan los potenciales de sobrevivencia de quienes habitan en el corredor seco que atraviesa la parte central del país. Ambos procesos están intensificándose por causa del cambio climático[5].

En 2010, la tormenta tropical Agatha y la erupción del Volcán Pacaya dejaron pérdidas materiales de alrededor de USD 950.000.000, además de centenares de muertes. La vulnerabilidad de las poblaciones rurales se hizo evidente; la falta de planeamiento y visión a largo plazo del Gobierno, así como también la explotación no regulada del medio ambiente, crean un círculo vicioso en el que cada desastre deja al país con serios problemas que el siguiente desastre sólo agrava más.

Desarrollo sustentable y desarrollo rural

El campesinado –víctima de la represión del Gobierno a lo largo de los 36 años de conflicto armado y sus secuelas– se ha visto afectado negativamente por las medidas de ajuste estructural y la apertura comercial implementadas en los últimos años.

El 30 de abril de 2008, después de un largo proceso de consulta, la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), conformada por organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas, sindicalistas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, firmó  con el Gobierno el Acuerdo Marco para el proceso de Diálogo Nacional por el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria, Laboral y Ambiental. En noviembre del mismo año, las mismas organizaciones sociales –junto a representantes del Gobierno y con la presencia de los asesores políticos de la Presidencia de la República–, entregaron al Presidente de la República la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral consensuada en el proceso de diálogo, la cual define como sujetos de la ley a “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales, artesanos, pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”[6].  Esta propuesta de Ley, a tres años de su elaboración, se encuentra engavetada actualmente en el Congreso de la República, demostrando falta de voluntad política por encontrar soluciones consensuadas a la problemática agraria en Guatemala.

Mientras tanto las comunidades siguen resistiendo a la instalación de mega proyectos en sus territorios, de lo cual hacen caso omiso el Estado y el sector privado. Frustradas, poblaciones enteras abandonan sus tierras ancestrales en busca de nuevos sistemas de sustento. Por ejemplo, en abril de 2011, ochocientas familias que ocupaban tierras disputadas por un ingenio azucarero fueron desalojadas de manera violenta por agentes privados al servicio de los propietarios y apoyados por la fuerza pública, provocando la muerte del dirigente campesino Antonio Beb Ac y el desplazamiento de hombres, mujeres, niñas y niños, a quienes además quemaron – con total impunidad - sus cultivos.

Minería y resistencia

El modelo de desarrollo promovido por el Gobierno y el Banco Mundial en el país no responde a las necesidades de la población. Las inversiones realizadas sólo sirven para consolidar el modelo implementado, desdeñando su condición de explotador, opresivo, discriminador y promotor de inequidad.

El Banco Mundial valoró como un aporte al “desarrollo nacional” de Guatemala el crédito que su Corporación Financiera Internacional (CFI) le concedió a la empresa canadiense Glamis Gold Corporation para abrir en el departamento de San Marcos la Mina Marlin, proyecto que afecta a los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Ni esta institución financiera ni el Gobierno analizaron la posibilidad de utilizar las ganancias por el oro que se extraerá para solventar un plan de desarrollo regional sustentable, cultural y ambientalmente apropiado. Ni sopesaron los costos y beneficios sociales, ambientales y económicos del proyecto para determinar hasta dónde y hasta cuándo explotar la mina.

Un movimiento social contra la explotación minera a gran escala ha acusado al gobierno de imponer el proyecto como un hecho consumado, ya que no consultó a la población de la zona como establece el derecho internacional. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ordena al Estado “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.[7]

La resistencia indígena

La oposición por medios pacíficos a los proyectos de desarrollo que los afectan y la “territorialidad”, son, para la población maya, una cuestión de principios. Según la activista Leonor Hurtado, del Frente Nacional de Resistencia a la Minería de Guatemala, esto está “relacionado directamente con la libertad y la dignidad de las personas. La resistencia permite hacerle frente a la agresión de manera pacífica y activa, promueve la unidad de la comunidad con un objetivo común, estimula la organización y la movilización sustentadas en los valores propios y en la identidad cultural” [8].

Los Principales (líderes indígenas) de la localidad de San Juan Sacatepéquez explicaron, en diálogo con Hurtado, que su actitud de resistencia pacífica implica “respetar a la Madre Tierra y que su fuerza nos diga qué hacer”. “Ésa es nuestra resistencia, es escuchar y hacer como nos enseñaron nuestras abuelas y abuelos de muy lejos, de todos los tiempos. Nunca nosotros podemos enfrentarnos con armas, porque el arma lo que lleva es a acabar, a matar, a convertir a la persona en un ser más débil y despreciable. Los pueblos indígenas de origen natural resistimos calladamente, sin mostrar enojo, sabiendo que estamos en lo digno y justo. Estos valores nos han permitido sobrevivir y resistir durante siglos, y también nos permiten saber que tenemos capacidad y conocimiento para defendernos y aportar”.

Otro principal, pero de la localidad de Sipacapa, brindó un argumento complementario: “El oro es más útil y valioso aquí donde está, en nuestras montañas. El oro es como los brazos de la montaña, la sostiene, le da forma, le da su energía y su equilibrio para que haya vida. Si se saca de aquí, destruyen la montaña, y aunque después junten la tierra, no será lo mismo. Además, al oro se lo llevarán de Guatemala”.

Un geólogo le dijo a Hurtado que el líder indígena de Sipacapa “tiene mucha razón”. “El oro es parte de la estructura de la montaña y la estructura es indispensable para que la vida se dé”.

Pese a que el Gobierno ratificó el Convenio, a la vez carece de mecanismos para implementarlo. La Ley de Minería elude además normas nacionales relativas a las administraciones locales, como el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

A futuro

Para revertir los procesos de degradación del medio ambiente y de la calidad de vida de la población, es urgente que el Gobierno adopte un modelo de desarrollo sustentable. Es imperativo imponer un sistema que resguarde el uso y acceso democrático a la tierra en armonía con la naturaleza.

El país debe preservar su gran riqueza en términos de biodiversidad. Necesita planes de recuperación de la tierra que protejan y sostengan las áreas destinadas a la producción de alimentos. Debe involucrar a la sociedad en su conjunto, y especialmente a las poblaciones afectadas, en un amplio proceso de planificación nacional. Las comunidades locales deben tomar las decisiones clave sobre cómo puede ser cambiado el medio ambiente en sus territorios, y que medios han de ser empleados en esa tarea. Decisiones de esta importancia deben estar basadas en los valores, la cosmovisión y las aspiraciones de desarrollo de las poblaciones locales. Los planes de desarrollo deben ser construidos en conexión con los ecosistemas del país y los intereses de las personas que viven en ellos.

La sustentabilidad debe ser basada en un modelo de desarrollo rural orientado hacia la tierra en sí misma y al reparto equitativo de su riqueza. Los modelos vigentes están centrados en las empresas privadas y el pillaje al que someten a la tierra. Si el desarrollo rural ha de salir adelante, debe estar afincado en la agricultura a pequeña escala de las familias campesinas. Sólo de esta manera esas familias podrán tener acceso a créditos, asistencia técnica, educación, tecnología y la infraestructura necesaria. Los programas de investigación agro-ecológica que investigan maneras de reducir a un mínimo absoluto el uso de productos químicos que dañan el suelo deben ser establecidos y apoyados. Deben tomarse medidas que protejan los ecosistemas. La comunidad y el Estado deben orientarse seriamente hacia la protección de las semillas nativas, especialmente en cuanto a los granos.

También es imperativo retomar los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996. A través del Acuerdo Marco para la Implementación, estos acuerdos han de convertirse en compromisos de Estado para reconocer que Guatemala es un país pluricultural, plurilingüe y multiétnico. Estos acuerdos, además, resaltan que la participación ciudadana activa es clave en la toma de decisiones para la transformación estructural  del país.

La participación de la población debe extenderse al campo del desarrollo sustentable. Debe prestarse especial atención a favorecer el retorno de las comunidades que han sido desplazadas por el conflicto armado. Deben ser definidos los criterios relacionados con la producción y el manejo sustentable de los recursos, así como también la selección de tierra, el ordenamiento territorial, el uso del agua e infraestructura y saneamiento. Un acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, por su parte, fortalecerá aspectos del medio ambiente, los recursos naturales, ciencia y tecnología para la conservación del ambiente y la administración sustentable de los recursos naturales. 

[1] Plataforma Agraria, Propuestas políticas, (Julio 2008), <www.plataformaagraria.org/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55>.

[2] Informe Ambiental Gobierno MARN

[3] Ibid.

[4] Palma, Gustavo, Taracena, Arturo, Baumaister, Eduardo, Cambios en la tenencia de la tierra: tendencias históricas, (Guatemala: PNUD, 2004).

[5] Informe Ambiental Gobierno MARN.

[6] CNOC, CNP-T, CNAIC, CONGCOOP/IDEAR, “Comunicado de Prensa: El Gobierno debe cumplir sus compromisos en relación a la Política y la Ley de Desarrollo Rural Integral”, Feb. 2009

[7] ILO, Indigenous and Tribal Peoples Convention 169, (1989), <www.ilo.org/ilolex/cgilex/convde.pl?C169>.

[8] Hurtado, Leonor, Explotación minera: Una herida en la tierra y en la sociedad, Revista Pueblos, Madrid, junio de 2006.