Con el crecimiento económico no basta

El crecimiento económico registrado en los últimos años no ha contribuido a ampliar las capacidades y libertades que permitan a los panameños llevar una vida digna, ni tampoco  a la adopción de políticas eficaces para reducir la pobreza. No se ha traducido, además, en políticas más efectivas para la conservación y protección ambiental. Las desacertadas decisiones políticas adoptadas a partir de 2009 han afectado la gobernabilidad y la tranquilidad ciudadana. Para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable, el Gobierno debe diseñar e implementar mejores políticas y mejorar la inversión social para lidiar con la alarmante inequidad que afecta a los panameños.

La economía del país ha crecido en los últimos años, y en 2010 alcanzó un pico de 7% de crecimiento anual[1], impulsado por las inversiones en obras públicas y la ampliación del Canal y otros servicios. Esto fue señalado por ejemplo por informes del Banco Mundial, el FMI y la ONU, que han coincidido en establecer que Panamá tiene el ingreso per cápita más alto de América Central. Con un PIB de USD 24.711.000 millones y uno per cápita de 6.570 en el 2009,  el país es además, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el mayor exportador e importador a nivel regional.[2]

Esta tendencia  de crecimiento, sin embargo, contrasta con un panorama social de pobreza, distribución desigual del ingreso y de desigualdad de género. Aún existen enormes retos para erradicar las desigualdades sociales, y las brechas en la distribución del ingreso son extremadamente grandes,  especialmente cuando se presentan en forma diferenciadas por el tipo de región, condición étnica  o de género. El índice GINI para el país, por ejemplo, es de aproximadamente 55, según datos de 2005[3], lo que señala una desigualdad importante.

El crecimiento de la economía de Panamá está basado en modelos de desarrollo no sustentable que fijan su atención en indicadores económicos y desdeñan los problemas sociales y medioambientales más acuciantes. Esto plantea un complejo desafío para la sociedad civil panameña,  sobre todo por el estilo de gobierno que ha impuesto el Presidente  Ricardo Martinelli, con un marcado sesgo autocrático y de extrema derecha.  

Todo parece indicar, además, que cada cinco años se tiene que reinventar el país; es decir, se hace un “borrón y cuenta nueva” en las políticas públicas. Por ejemplo, entre 2004 y 2005 la entonces Administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en coordinación un equipo de especialistas interinstitucional, diseñó siete políticas públicas ambientales en temas prioritarios,  como recursos hídricos, cambio climático, producción más limpia, supervisión, control y fiscalización, desechos sólidos, información ambiental y descentralización de la gestión ambiental. Estas políticas fueron promulgadas en 2007, pero nunca llegaron a ser aplicadas debido al cambio de cambio de gobierno en julio de 2009.

Actualmente el país carece de una política ambiental. Las nuevas autoridades de la ANAM han ignorado por completo los avances realizados en esta materia, y el Presidente Ricardo Martinelli, contrario a lo esperado, año y medio después de asumir el poder y con el apoyo de su Gabinete y mayoría en la Asamblea Nacional, decidió imponer varias reformas a la Ley General de Ambiente, eliminando el requisito a las empresa de hacer estudios de impacto ambiental[4]. Las reformas, además, permitían a los allegados al gobierno realizar  cualquier tipo de inversiones en obras y  explotaciones  mineras sin tener realizar las consultas públicas. La Administración de la ANAN guardó silencio y  mantuvo una posición pasiva y desapercibida en todo el proceso. Esto fue severamente criticado por los grupos ambientalistas, que la calificaron de “débil” y carente de una “voz alta y clara” para orientar la política ambiental del país[5].    

Tal situación, aunada a la protesta de los grupos sindicalistas por las reformas al Código Laboral que atentaban contra el derecho a huelga – y de otras organizaciones sociales  por reformas similares que constituían violación a los derechos humanos – creó en el país un clima de agitación. El rechazo generalizado de la población  y  la reacción en cadena de la sociedad civil, pero sobretodo de las organizaciones ambientalistas, mantuvo al país convulsionado por tres meses debido a las constantes protestas públicas desde los más diversos sectores.  Finalmente, las reformas fueron derogadas en octubre del 2010, con lo cual “se restituyó el derecho a huelga de los trabajadores, la cuota sindical, se impidió la impunidad que se pretendía otorgar a los policías, y los ambientalistas lograron hacer valer los estudios de impacto ambiental”[6].

Deterioro de los recursos naturales

Otro desafío importante para el desarrollo sustentable en Panamá es el creciente deterioro de los corredores biológicos del país y de gran parte de los recursos naturales, debido a la explotación indiscriminada de la cobertura boscosa, la ganadería extensiva  y a la contaminación ambiental por efecto de la extracción minera “a cielo abierto” por compañías transnacionales. Todo esto, aunado a los efectos del cambio climático, podría tener repercusiones lamentables en deterioro de la salud y el bienestar de los individuos y el ambiente.

Panamá registra severos problemas de erosión y deterioro de suelos, con proceso de degradación paulatino y creciente en casi todas las cuencas, suelos y aguas, que lleva a la desertificación y a la pérdida de la capacidad productiva. De hecho, gran parte de las tierras cubiertas por bosques han sido ya deforestadas, debido fundamentalmente a actividades agropecuarias. El grado de urbanización ha mostrado también un incremento considerable y desordenado, debido a los flujos migratorios desde las áreas rurales hacia los centros urbanos[7]. 

Según cifras del Sistema de Información Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el proceso de deforestación es alarmante, ya que la cobertura boscosa alcanzaba un 70% en 1970 y se ha visto reducida a aproximadamente el 35% en 2011. El último Informe exhaustivo sobre este  particular se elaboró en el año 2000, y señala que en 1992 existía una cobertura boscosa de 49%, mientras que para el año 2000 esa superficie se había reducido a 45%.[8]

Contaminación del agua

Las organizaciones ambientalistas también han denunciado la contaminación de importantes fuentes de agua dulce localizadas muy cerca de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, a raíz del establecimiento de dos compañías mineras de oro y cobre en el área de Petaquilla y Molejones, a 100 km de la capital.  Por iniciativa de las propias organizaciones ambientalistas se ha monitoreado la situación y  se realizaron análisis de las fuentes de agua y sedimentos cercanas al área de las minas. Los estudios mostraron altos niveles de sólidos suspendidos y una elevada turbiedad en el agua que poco a poco van alterando el ambiente de manera severa[9]. En reiteradas ocasiones se ha alertado a las autoridades ante la posibilidad de que aumente en los ríos el contenido de sustancias potencialmente peligrosas para el ambiente y la salud humana. No obstante, más que prestar atención a esta situación, la política gubernamental ha sido la de incentivar actividades contaminantes y no sustentables  – como por ejemplo la minería – como estrategia de desarrollo económico. De hecho, el Gobierno ha estado promoviendo una serie de reformas al Código Minero que facilitan la entrada al país de diversas empresas mineras transnacionales[10].   

Acceso al agua potable

Un informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), preparado por las Naciones Unidas en Panamá, indica que existen en el país grandes sectores de la población que carecen de acceso a fuentes de agua potable. Las mayores limitaciones se concentran en las áreas rurales, indígenas y algunas áreas urbano-marginadas localizadas en las periferias de la ciudad, con un componente mayoritario de población afrodescendiente y mestiza. Una situación similar se presenta en el acceso a servicios de saneamiento mejorados, que se distribuye de manera desigual en detrimento del área rural e indígena[11].

En el informe mencionado se señala además que la gente que vive asentamientos precarios está muy lejos de poder satisfacer sus necesidades básicas. En la mayoría de los casos se trata de familias acosadas por la pobreza y el desempleo, que no encuentran otras alternativas para la solución de su problema habitacional. Asimismo, se reconoce que existe una estrecha relación entre el analfabetismo y la pobreza que luego se traduce en otras desigualdades, tales como limitaciones en el acceso a la salud, la vivienda, la equidad de género, la participación política, la protección del medio ambiente [12].

Según la Encuesta de Niveles de Vida (ENV) realizada en Panamá en el 2003, aproximadamente 4 de cada 10 personas estaba viviendo en condición de pobreza, es decir con menos de 100 dólares mensuales, lo que representaba un 36.8%. Además, el 16.6% de la población vivía en situación de pobreza extrema. En el 2008 un estudio similar registró una leve mejoría: la pobreza se redujo a 32.7% y la pobreza extrema a 14.4%[13].  

En cuanto a las áreas urbanas, la pobreza total y la extrema alcanzaron a un 20.0% y 4.4% de la población, respectivamente. En cuanto al área rural no indígena, poco más de la mitad de su población sigue viviendo en condición de pobreza (54.0%), y una de cada cinco personas de este grupo (22.0%) se encuentra en situación de pobreza extrema. Para el área rural indígena el panorama resultó aun más crítico, ya que casi la totalidad de la población en esas áreas vive en estado de pobreza (98.4%)  y pobreza extrema (90%)[14]. 

Inequidad de género y pobreza

La desigualdad social y de género representa uno de los desafíos más importantes que debe enfrentar el país para superar la pobreza y la exclusión social. Actualmente, la pobreza genera mayor vulnerabilidad y exclusión entre las mujeres más pobres y sus familias, así como menores oportunidades, en comparación con los hombres pobres, para superar la situación. Los niveles de pobreza se vuelven más preocupantes si se consideran las características y el impacto diferenciado que ésta tiene en hombres y mujeres según su franja etaria o su condición étnica. 

Las inequidades de género se expresan sobre todo en el mercado laboral.  Según cifras oficiales del 2009, el ingreso de las mujeres con respecto a lo hombres era  equivalente al 57%. Aunque representan prácticamente la mitad de la población, todavía un gran número (51,7%) de mujeres en edad productiva se mantiene fuera de la actividad económica formal, lo que sin duda constituye un factor importante en la situación de pobreza.  Siguen siendo el grupo más vulnerable en el mercado laboral y la mayor parte de su actividad no recibe remuneración alguna. Según la encuesta de hogares de 2009, la composición de la población económicamente activa masculina alcanzaba un 80.9%  mientras que la femenina representaba sólo un 48,3%. Para el 2009, la tasa de desempleo entre mujeres adultas alcanzó un 9,27 comparada con 5,25 entre los hombres[15].

En cuanto a la educación, los registros revelan un mejor resultado para las mujeres, con un promedio de 2 puntos porcentuales  superior a los hombres en cuanto al acceso a la enseñanza.  Las nuevas generaciones de niñas están teniendo un mayor acceso a la educación que el que tuvieron sus madres y abuelas; sin embargo, existen todavía áreas indígenas donde el indicador de escolaridad de las mujeres  es  inferior  al de los hombres.[16]  

Conclusión

El enfoque de desarrollo económico de Panamá ignora la sustentabilidad y ha conducido a la degradación de sus recursos ambientales, a la vez que tuvo un impacto mínimo sobre la mejora de la vida de la mayoría de sus habitantes. Deforestación, desertificación, contaminación del agua, acceso limitado al agua potable e instalaciones sanitarias inadecuadas son problemas que atentan contra el medio ambiente y la salud de los panameños. Los migrantes desde comunidades rurales a las ciudades y los pueblos, los habitantes del campo y la población indígena son grupos especialmente afectados, que sufren de severa y en ocasiones extrema pobreza. Las mujeres, particularmente, han sido golpeadas con dureza por modelos económicos abocados antes que nada a beneficiar a la elite acomodada y sus socios e inversores internacionales.