República Checa: Es imprescindible una nueva arquitectura financiera mundial

Ilustración sobre la octava ODM
por estudiantes de la Escuela
Gráfica Hollar (Praga).

Alcanzar la seguridad alimentaria –responsabilidad común del Sur y del Norte– y la promoción del trabajo decente y la electrificación universal para 2030 son, a nivel nacional, las propuestas que concentran en República Checa la atención de una amplia alianza de organizaciones no gubernamentales. Para lograr estas metas, la coalición checa de Social Watch considera necesario reconstruir la arquitectura financiera a nivel mundial.

La sociedad civil checa conoce el impacto de la crisis financiera por la experiencia de la población en su propio país. El gobierno, según el aporte nacional al Informe de Social Watch 2013, “insiste con políticas antisociales y anti-familia como restricciones fiscales, privatizaciones y reducción de gastos sociales, que elevaron el desempleo a 10 por ciento, socavaron la economía, alentaron a la fuga de capitales y destruyeron instrumentos de protección ambiental”.

“La demanda interna se ha desplomado por la fuerte restricción fiscal, en especial el consumo de los hogares”, dice el estudio, que atribuye la recesión a la política económica del gobierno. “El descenso en el consumo del Estado ha sido comparable al de Grecia, a pesar de que la deuda figura entre las más bajas de Europa. Igualmente fuerte ha sido la respuesta de las familias”, añade el texto, editado por Tomáš Tožička.

A comienzos de 2012, el gobierno dispuso “medidas de estabilización” que regirán para los próximos años, entre ellas “algunas tan drásticas como la congelación de pensiones (...), otra incremento del IVA, la supresión de subsidios de maternidad” y “una restauración temporal de los impuestos progresivos a las empresas”.

“El efecto combinado del aumento del IVA, de los pagos por medicamentos y por los servicios de salud (como las tasas de hospitalización) afectaron y empobrecieron aun más a la población de mayor edad”, advierte el estudio.

La denominada “reforma social” consiste en “complejos cambios en todas las prestaciones sociales para los padres, las personas con discapacidades y para grupos de bajos ingresos, en el pago de subsidios por desempleo, y en el Código Laboral, muchos de los cuales debilitan la posición de los empleados. La mayoría de estos cambios son efectivos desde enero de 2012”, agrega el informe.

Las mujeres son las más afectadas. “Quienes quedan sin empleo por la discriminación de las personas que cuidan niños y niñas, común en República Checa, y los que no acceden a lugares en las atestadas guarderías públicas” quedan en muy malas condiciones para “proporcionarles a sus hijos los debidos cuidados”, dice el estudio. “La ‘reforma social’ también prohíbe el cobro simultáneo de asignaciones familiares y para niños y niñas con discapacidades, lo que ha deteriorado significativamente la situación económica de esos hogares, sobre todo de las mujeres, que por lo general dejan de trabajar para cuidarlos.”

El gobierno checo también respondió a la crisis restringiendo “los permisos de trabajo, residencia y reunificación familiar”, mediante la implementación de una política de inmigración destinada “a controlar y reprimir más a los extranjeros”, no “a respetar sus derechos, incluidos los laborales”.

“Las estrictas medidas afectan a los trabajadores migrantes de ambos sexos en los puestos de trabajo no cualificados, es decir, el grupo de personas que a menudo se encuentran en una posición muy vulnerable dentro de las empresas”, señala el informe.

Fuente
Informe de Socia Watch República Checa (en inglés): http://bit.ly/T273lD