República Dominicana

Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo firmantes rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante ocho décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.
La sentencia, que viola al menos quince artículos de la Constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.

El Pleno de  la Junta Central Electoral (JCE) promulgó el 10 de diciembre del 2007 la Resolución 12-07, que dispone la “Suspensión Provisional de los actos del Estado Civil con indicios de irregularidades”. Aunque no queda explícitamente indicado, en la práctica se considera una “irregularidad” el hecho de que las declaraciones de nacimientos hayan sido hechas por extranjeros de nacionalidad haitiana, más específicamente inmigrantes indocumentados. En estos casos, la “orden de Suspensión Provisional” contenida en la resolución 12-07 es aplicada implacablemente, por los Oficiales del Estado Civil. Para frenar el proceso de desnacionalización la Resolución 12-07 debe ser revocada o modificada lo antes posible para asegurar que no pueda ser interpretada en un sentido que implique la aplicación retroactiva de la ley.

Viviendo en el Batey Libertad. (Foto: Yspaniola.org)

Para acabar con la pobreza, las autoridades de República Dominicana deben impulsar un reparto equitativo de la riqueza, ampliar y mejorar la calidad de la educación, la salud, el empleo y la seguridad social, e implementar políticas en beneficio de los más pobres y vulnerables. Pero el gobierno contradice en los hechos su discurso favorable a la inversión social y el desarrollo humano, pues reduce sus gastos y eleva impuestos respondiendo a condiciones del Fondo Monetario Internacional, advirtieron organizaciones de la sociedad civil en su aporte al Informe de Social Watch 2013.