Puerto Rico

La preocupación por los problemas del desarrollo de los países pequeños y la consideración de la escala reducida como una variable importante debe estar presente al discutir medidas innovadoras para erradicar el coloniaje y cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, enfrentando los retos ante el cambio climático. El problema de desarrollo alternativo en países pequeños requiere elaborar nuevos enfoques que permitan una planificación endógena apropiada, ante este problema, reconociendo que son ecosistemas frágiles, existen poblaciones con derechos humanos y enfrentamos los retos del cambio climático, evitando copiar modelos externos o exógenos y reconociendo el contexto histórico, social y cultural del país. Por eso la escasez de recursos económicos, físicos y la fragilidad de sus ecosistemas impone que se diseñen estrategias para garantizar su estabilidad económica y social, donde las condiciones políticas dentro del país deben cambiar para que el poder se asigne de tal manera que apoye estos cambios.

En Puerto Rico se ha abierto una caja de Pandora de los males y se llaman –corrupción- cuando se intenta evaluar las leyes gentrificadoras y con los casos de destrucción ambiental de parte de las élites económicas. El problema deja de ser de justicia ambiental y se convierte en racismo ambiental y colonial dado las formas violentas de destruir la sociedad de parte de los llamados a defendernos y de entregar el Estado a las empresas, fomentando otra forma de corrupción llamada captura del Estado, representada con la Junta de Control/Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso de EEUU.

Desde Puerto Rico, la organización de mujeres Cohitre también describe una "condición colonial que impone agendas ajenas a nuestro pueblo". En septiembre de 2017, los huracanes Irma y María llegaron a la isla, destruyeron 70,000 casas y colapsaron su red eléctrica (aún no completamente restaurada), su sistema de transporte, hospitales y suministros de combustible y alimentos.

Los efectos catastróficos se agudizan por la ausencia de poderes políticos -la isla es un "territorio no incorporado" de los Estados Unidos. Desde 1898- y el control de sus finanzas por un Consejo de Control Fiscal impuesto por los Estados Unidos, debido a su endeudamiento. "La desviación de fondos para pagar deuda pública, planes de ajuste, medidas de austeridad, la reducción del sector público y la privatización han comprometido la capacidad del gobierno para responder a la crisis" mientras "la respuesta del gobierno de los Estados Unidos es lenta, errática y centralizada” y el Congreso de Estados Unidos ”no ha mostrado apuro por proporcionar ayuda a Puerto Rico, dado el debate sobre la corrupción y la forma de administrar los fondos".