GUATEMALA
País rico, pueblo pobre
Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala
CONGCOOP
Zully Morales
Helmer Velásquez
La crisis alimentaria recurrente que vive el país, con 121 de los 333 municipios que lo componen sumidos en la hambruna, hacen imprescindible la intervención estructural en el campo. Terminar con el desplazamiento de las comunidades campesinas, permitiéndoles ser dueños de sus tierras, permitirá hacer más equitativa la tenencia y volver a la autosuficiencia alimentaria. Para ello, es urgente revertir el actual modelo feudal de producción agrícola e impostergable aplicar la prometida Reforma Agraria Integral.
En Guatemala, menos del 2% de los productores posee casi el 57% de las tierras productivas. De los 18.937 km2 aptos para el cultivo del maíz, 7.235 km2 – en propiedades privadas de gran extensión – se encuentran sub-utilizados, cubiertos de arbustos, matorrales, pastos cultivados y pastos naturales o yerbazales. Este hecho, sumado a las políticas de ajuste estructural y la apertura comercial de los años 1980, ha provocado que Guatemala pase, de ser un país alimentariamente autosuficiente, a importar el 70% de sus alimentos.
Desigualdad estructural en el agro
La crisis alimentaria mundial se evidenció con más intensidad en Guatemala en el último semestre de 2007, lo que ha motivado una profunda reflexión acerca de los escasos avances en la lucha contra el hambre y la pobreza. Las acciones estatales diseñadas para cumplir con el ODM 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), venía consolidando una tendencia levemente positiva. Sin embargo se considera que debido a la actual crisis alimentaria, el cumplimiento de este objetivo se ve seriamente amenazado.
El Programa Mundial de Alimentos Guatemala estima que la pobreza y la pobreza extrema abarcan a más de la mitad de la población, aproximadamente seis de trece millones de habitantes han caído bajo la línea de pobreza (56,4% en pobreza y 19,7 % en pobreza extrema), el índice subió entre 2008 y 2009, en 5,4 y 4,5 puntos respectivamente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estimó el incremento, entre el 2007 y 2008, en 700.000 nuevos pobres. Un millón trescientos mil hogares pobres se ubican en el campo, 51% de ellos carece de tierra o posee menos de una hectárea.
El salario mínimo para el trabajador en el campo y la ciudad equivale a USD 6,50 por día. Sin embargo, según estimación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, en el campo esto no se cumple y el campesino recibe, en realidad, entre USD 3 y USD 5 al día por un jornal de trabajo de 8 a 10 horas, dependiendo el lugar y el tipo de cultivo. La pobreza se concentra especialmente en la población indígena y campesina. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006 evidencia que se consolida la tendencia de que la pobreza general (quienes viven con menos de USD 2 al día) es inclusive el doble para la población indígena que para lo no indígena1. En cuanto a la pobreza extrema (quienes viven con menos de USD 1 al día), la situación es mucho más grave, pues es tres veces mayor que para la población no indígena. Durante el primer semestre de 2008, los precios de las mercancías que integran la Canasta Básica Alimentaria han experimentado un fuerte incremento que ha motivado que las personas de más bajos recursos restrinjan sus niveles de consumo. Esta situación ha alcanzado e impactado a la capa media.
Desarticulación del aparato productivo
Hasta los años 1970 el aparato público agropecuario, que brindaba servicios de extensión, crédito, dotación de tierra, investigación y transferencia tecnológica al campesino y al pequeño productor, promovía programas y proyectos de fomento al cultivo de los granos básicos, la protección boscosa y la producción pecuaria. Esto, combinado con la no importación de alimentos, mantuvo al país como agente productor de sus propios alimentos. El ajuste estructural determinó el cierre final a los servicios de extensión para principios del siglo XXI, desmantelando el aparato público agrícola, que pasó de tener 18.000 trabajadores a 1.200.
Como una acción paralela se dio en concesión a la “iniciativa privada” la administración de los silos nacionales (almacenamiento de granos básicos), dejando al país sin reservas alimentarias para el caso de catástrofes o tiempos de carencia. Como el Estado dejó además de intervenir en el comercio de granos y se abrieron las fronteras a los granos producidos en el norte del continente a precios subsidiados, el aparato productivo nacional ha sucumbido. Una de las consecuencias mas funestas es que 49% de los niños y niñas padecen desnutrición crónica y 24% de la población en general está desnutrida, lo que genera un atraso en prácticamente todos los indicadores vinculados al desarrollo fisiológico del individuo
La importancia del maíz
En el altiplano guatemalteco, (región en donde coincide hasta un 90% de población indígena e incluye las zonas más pobres del país), el 100% de la población consume maíz en su dieta diaria2, con un promedio de 310 gramos per cápita, 110 kilogramos anuales para un consumo nacional de casi 3 millones de toneladas, lo cual nos provoca un déficit de alrededor de 1,5 millones de toneladas que suplimos con compras en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos de América, por más de USD 73 millones para el 2002.
La dependencia internacional de los granos provocó que, entre enero 2006 y enero 2009, los precios se incrementaran 62 % para el maíz amarillo, 70% para el arroz y 39% para la harina de trigo. Sin embargo, pese a que bajaron los precios internacionales en 2007 y 2008, en Guatemala al día de hoy, con excepción del precio del arroz, que volvió a niveles del año 2006, se mantienen los mismos precios que se ajustaran al precio internacional en su pico más alto.
Nuevas amenazas para la población rural
Desde la reforma a la ley de minería de l996, realizada a instancias del Banco Mundial, esta industria ha ido en aumento. Así, 17 departamentos del país son objeto de exploración y/o explotación minera. La Industria turística amenaza la propiedad campesina e indígena en el norte y sur del país. La urbanización y construcción de polos comerciales desplazan tierra rural, expulsando a sus pobladores y debilitando la capacidad productiva, especialmente de alimentos. La ganadería extensiva desgasta la tierra productiva y deforesta enormes extensiones, expulsando a campesinos e indígenas, sea con argumentos “legales” sea por presión armada. Incluso sucede en las llamadas áreas protegidas (para la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y recursos naturales), en connivencia con la burocracia del sector.
Se promueve ahora la instalación y ensanchamiento de mega monocultivos agrícolas orientados a la exportación, tales como la caña de azúcar, la palma africana y el piñón, que implícitamente expulsan a la población campesina del campo. La superficie sembrada con caña ocupaba un 6% del total en 1995 y 11% en 2007. El crecimiento anual promedio del área para siembra de caña entre 1990 y 2005 fue del 3,6%, mientras que, sólo entre 2005 y 2007, se incrementó un 17.7%. La Gremial de Aceites estimó para 2012, 150 mil hectáreas sembradas, con una inversión de USD 32,5 millones para compra de tierras que implícitamente expulsan a la población campesina del campo, la que fácilmente ahora pueden ser rebasadas.
Estas nuevas extensiones para la exportación devastan amplias zonas de cultivo alimentario y expulsan diariamente a cientos de familias campesinas, ya que además no generan empleo masivo. El rompimiento de los patrones culturales de la población expulsada provoca no solamente pobreza económica, sino social, cultural y espiritual, sino también desesperanza y violencia.
El narcotráfico es una nueva amenaza, algunas veces aparejada a la ganadería extensiva, que cuenta con la protección de fuerzas del Estado para expulsar campesinos y operar en sus tierras. Las familias campesinas están indefensas frente a las presiones de compra del narcotráfico y del latifundio motocultivador.
Respuestas del Estado
Dentro de las políticas y acciones que plantea el Gobierno en el marco de su Programa de Emergencia y Recuperación Económica, destacan una política fiscal contracíclica, una de protección social y otras políticas sectoriales prioritarias (desarrollo rural, programas de agricultura competitiva ampliada, desarrollo Agrícola y Asistencia alimentaria y sostenibilidad de los Recursos Naturales y fortalecimiento del arrendamiento arrendamiento de tierras).
Se insiste en mantener, a cualquier precio, la estabilidad macroeconómica. Esto implica reservas internacionales altas, bajos salarios, atracción de industrias vía eliminación de impuestos, entre otras medidas. El paradigma fundamental, para el Estado y los sectores oligárquicos, es ensanchar la banda de tratados de libre comercio. Dos de ellos son considerados los más importantes: El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que lleva ya tres años de vigencia y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (en negociación). Ninguno de los dos esquemas propone líneas de beneficio al pequeño productor.
Por otro lado el Gobierno ha implementado programas de transferencias monetarias y bolsas solidarias, que generan un cambio cualitativo en la formación de capital humano – que tendría mayor impacto si, además, se establecieran políticas de desarrollo rural, fiscal y se mejorara la institucionalidad del Estado. Estas medidas, así como el desarrollo de modelos internacionales adaptados a la realidad nacional están en boga en varios países de la región.
Uno de los mecanismos gubernamentales para paliar la crisis fue la ampliación de contingentes de importación con arancel cero para productos como el maíz amarillo, harina de trigo y arroz corriente. Sin embargo, la estructura oligopólica de la importación de alimentos al país provocó que solo uno de los grupos importadores, el Grupo Buena, obtuviera el 82% de las cuotas de importación. Esto, que no condujo a bajar los precios, se redujo en la práctica en un subsidio a esta empresa que no traslada al consumidor los aranceles no pagados.
Por otra parte, el déficit fiscal se cubre prioritariamente con deuda externa e interna; no existen posibilidades de una reforma fiscal. El 20% de los impuestos son directos y el 80% indirectos. No se cumple con la promesa del Gobierno de iniciar un proceso de reforma fiscal que revierta el modelo. La proyectada reforma, en el marco de esta crisis, se ha reducido a las que benefician el ciclo económico macro y los programas asistenciales para la población en extrema pobreza.
Para el agro, hay programas asistenciales de arrendamiento de tierra; no así para el acceso en propiedad y el crédito campesino. El nuevo Gobierno ha incrementado los desalojos forzados a campesinos (50 al 31 de marzo 2009), lo cual ha generado inestabilidad y descontento en las organizaciones indígenas y campesinas que esperaban la aprobación e implementación de una prometida Política Agraria de Desarrollo Rural. El liderazgo comunitario está siendo cooptado por el Gobierno y las transnacionales extractivas, que generan su propio movimiento social paralelo, de corte clientelista, financiando a discutibles representantes de las bases sociales. Esto ha provocado una sustitución del liderazgo tradicional por el financiado y enfrentamientos entre las organizaciones campesinas de base. A ello se suma la criminalización y persecución de los dirigentes campesinos que luchan por acceder a tierra para producir sus alimentos.
Alternativas sociales
De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, “la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana”. Es decir que todos los guatemaltecos tienen derecho a acceder a la propiedad. A esos efectos, “la propiedad en casos concretos podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas”. La desnutrición, la pobreza y pobreza extrema, el desempleo y ahora la profundización de la crisis alimentaria recurrente tienen su origen en la incapacidad de la población de proveerse los medios de sustento, al carecer de activos para tal fin, especialmente la tierra. Es este un claro caso de utilidad y necesidad pública comprobada; es decir, se trata de una propuesta enmarcada en el ordenamiento jurídico nacional.
La agricultura es una estrategia de salida para el desarrollo y es necesario romper con el modelo feudal de producción. La equitativa distribución de la tierra es una estrategia idónea para fomentar el empleo rural e incrementar la productividad en el campo que apareje el crecimiento de la economía y la capacidad de previsión y provisión alimentaria. La reforma agraria es impostergable. Se trata de un instrumento de paz social y gobernabilidad que pondrá fin a los conflictos propiciados por la usurpación de la tierra indígena y campesina y evitará la depredación boscosa, al tiempo que hará emerger amplios sectores con capacidad productiva y de inversión. A partir de ella, las generaciones contarán con más y mejores capacidades para su auto desarrollo y se incrementará la capacidad de consumo, lo cual dinamizará la cadena productiva3.
2 De acuerdo al Popol Wuj – libro sagrado de los Mayas – “De mazorcas amarillas y de mazorcas blancas se hizo su cuerpo, con masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre, únicamente masa de maíz se utilizó en la carne de nuestros padres”.
3 Con datos y análisis de la Coordinación de ONG y Cooperativas, a través de sus dos Institutos de Análisis, Instituto de Estudios para la Democracia en formación y el Instituto de Estudios Agrarios y Desarrollo Rural. Guatemala, 2009.