MÉXICO

El agravamiento de la crisis y los desafíos para los derechos sociales

Laura Becerra Pozos1
Areli Sandoval Terán2
Adhiere: Espacio DESC3

El país presentaba el peor de los escenarios posibles para afrontar la crisis que se gestó por años. La crisis sistémica ha agravado ya problemas preexistentes, como la creciente pobreza, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos o el decrecimiento del PIB. En tanto los ajustes menores que anuncia el Gobierno profundizan el modelo económico neoliberal y crece la disconformidad ciudadana, también aumentan las propuestas desde la sociedad civil. Se hace imperativo generar alternativas y estrategias capaces de hacer frente a la múltiple crisis, para minimizar sus impactos y para replantear el modelo.

Diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana coincidimos con la visión de que la crisis global actual es sistémica y se expresa, no sólo en el ámbito financiero, sino en el alimentario, el laboral, el ambiental, el energético, entre otros; y es consecuencia del modelo económico capitalista neoliberal basado en la desregulación financiera y la apertura comercial y su agotamiento, cuyos impactos afectan a toda la humanidad pero son más severos para los países del Sur4.

Como lo explica el investigador mexicano Arturo Guillén5, la crisis ha tenido una trayectoria compleja que en su última etapa se desencadena por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y la consiguiente recesión económica, la cual tendió a “globalizarse rápidamente” con decrecimientos del PIB incluso en economías importantes de Europa y Asia. La crisis también se ha extendido a América Latina, con un desarrollo diferenciado entre países, regiones y sectores, pero coincidimos en que no viene exclusivamente de fuera, sino que tiene entre sus causas algunas de carácter endógeno6.

La crisis en México7 

Sin menospreciar los efectos de la crisis global sobre nuestro país, es necesario decir que muchos de los problemas ya estaban presentes en el funcionamiento previo de la economía mexicana, como el incremento de la pobreza en números absolutos8, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos (no obstante el saldo levemente favorable entre exportaciones e importaciones anterior a la crisis) y el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros. Indudablemente la crisis sistémica ha agravado los problemas.

Para dimensionar los efectos de la crisis en México, las siguientes cifras son muy ilustrativas:

• El encarecimiento de la gasolina y el diesel a nivel mundial, que desde 2007 impactó los precios de los alimentos, se ha reflejado en México en un incremento de la inflación en alimentos por encima de la inflación general. En enero de 2009, la de alimentos fue de 11,3%, mientras que la general fue de 6,3%. El impacto ha sido más severo en la población con menos ingresos, ya que destina un porcentaje mayor a la compra de alimentos9.
• En el tercer trimestre de 2008, el 71,3% de la población económicamente activa, es decir 31 millones de personas, vivía con un ingreso de tres salarios mínimos –152 pesos (MXN) diarios (aproximadamente USD 11,4) – o menos; la tasa de desocupación se ubicaba en 4,2%, lo que significaba 1,9 millones de personas desempleadas; mientras había 11,8 millones de personas sobreviviendo en el comercio informal10
• Las exportaciones hacia Estados Unidos se han desplomado y cientos de miles de personas pierden sus trabajos en tanto que las empresas recortan gastos. En noviembre de 2008, las exportaciones manufactureras de México cayeron en promedio 7,3%, mientras que las dirigidas a Estados Unidos cayeron 18%11.
• Del otro lado de la frontera aumenta el desempleo de los inmigrantes mexicanos y disminuyen las remesas; para diciembre de 2008, el porcentaje de variación anual de las remesas totales a México fue de -9,8%12. Hay que subrayar que las remesas han jugado un papel fundamental en los ingresos de los hogares mexicanos: en el primer quintil de ingreso (20% más pobre de la población) considerando hogares que reciben remesas, MXN 6 de cada MXN 10 provienen de éstas. Es previsible que estos hogares sean los que más sufran el impacto de la disminución de las remesas13.
• En febrero de 2009, la tasa de desempleo se ubicó en 5,3%14 y la actividad industrial se desplomó un 13,2%15; ambas son las peores cifras registradas en estos rubros desde la llamada “crisis del tequila” originada en México a mediados de los 90. Es así que los analistas coinciden en que este año el país vivirá la recesión más profunda desde dicha crisis.

Los graves impactos de la crisis en el ámbito laboral serán usados como pretexto para congelar o reducir salarios y para precarizar, flexibilizar y tercerizar aún más el trabajo, reduciendo derechos, así como restringiendo el radio de acción de los sindicatos16.

En cuanto al campo mexicano, la ausencia de una justa política agraria e incluso la indiferencia han provocado desde hace años tres tipos de impacto agravados por la crisis: 1) la especulación con los alimentos en las bolsas de valores, que los pone fuera del alcance de las familias más pobres; 2) la invasión que padecen los mercados nacionales de parte de los alimentos producidos y comercializados por las trasnacionales, cuya alta productividad hace que se sacrifiquen suelos, bosques, y mantos acuíferos para poder ganar la loca carrera productiva y librecambista, además de que el dumping destruye los sistemas productivos nacionales, sobre todo los tradicionales; y 3) la inundación de semillas genéticamente modificadas que arrasa con la dotación de simientes naturales y con ecosistemas antiguos17. Frente a la crisis del campo mexicano, la campaña nacional Sin maíz no hay país18, de la cual somos adherentes, propone, entre otras medidas, transitar desde el modelo de agricultura basado en grandes unidades de producción de monocultivo, que implica un uso creciente del agua, maquinaria e insumos contaminantes, hacia una agricultura campesina sustentable, que siendo de pequeña y mediana escala no sólo tiene potencial para responder a las necesidades alimentarias de las y los mexicanos, sino que posee virtudes ecológicas adicionales.

A partir de todo este balance podemos afirmar que México presentaba el peor de los escenarios posibles ante la inminencia de una crisis que se venía gestando desde hace varios años. El Gobierno se ha sometido acríticamente al modelo económico neoliberal, y varias de las medidas que ha anunciado constituyen ajustes menores, que lo mantienen y profundizan.

El Gobierno y la sociedad civil frente a la crisis

En la pasada Cumbre de las Américas, la CEPAL confirmó que los países del continente no tienen una estrategia común de salida a la crisis, sino que han anunciado e implementado medidas de muy diversa índole19.

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En octubre de 2008, poco después de haber minimizado los impactos que la crisis estadounidense tendría en México dada “la fortaleza de las finanzas públicas”, el gobierno federal anunció el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo(PICE), un plan anticrisis de cinco puntos, consistente en: 1) ampliar el gasto público en infraestructura para estimular el crecimiento económico; 2) cambiar las reglas en el ejercicio de ese gasto en infraestructura por parte del sector público para poder agilizarlo; 3) iniciar la construcción de una nueva refinería; 4) lanzar un programa extraordinario de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en México; y 5) hacer más competitivo el aparato productivo nacional mediante un nuevo programa de desregulación y desgravación arancelaria.

En aquel momento el Ejecutivo Federal destacó que llevábamos varios años disminuyendo el monto de la deuda externa, que registrábamos la inflación más baja de América Latina, y que nuestras reservas ascendían a más 90 mil millones de dólares, lo cual nos permitía resistir presiones en la balanza de pagos21. Pasados seis meses, en la Cumbre del G-20 a principios de abril de 2009, el gobierno recibió respaldo al solicitar al FMI un préstamo de USD 47 mil millones. Asimismo, en la Cumbre se anunció que se destinarían a las economías emergentes –entre ellas México – USD 850 mil millones adicionales para financiar, entre otras cuestiones, gasto contra-cíclico, recapitalización de bancos e infraestructura 22.

Aun sin haber utilizado los USD 57 mil millones de las líneas de crédito del FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, la administración del presidente Felipe Calderón incrementó la deuda pública en MXN 968.477 millones (unos USD 72.744 millones) sólo en los dos primeros años de su gestión (2007-2008), monto que equivale a 12 veces el endeudamiento contratado durante los dos primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo (bienio 1995-1996), cuando el país enfrentó la crisis económica más severa de los últimos 60 años23. Resulta sumamente preocupante que estas medidas, además de incrementar la deuda pública mexicana, reafirman el apego al modelo económico neoliberal y sus instituciones, cuyas limitaciones y contradicciones han sido señaladas en muy diversos foros. Sorprende también cuando varios países de América Latina están probando medidas o procesos diferentes a los que obliga el modelo neoliberal.

Ante el panorama de la crisis la inconformidad ciudadana ha ido creciendo, pero también las propuestas, como la del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, plasmada en la carta del 16 de abril de 2009 dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que proponemos “iniciar un diálogo del más alto nivel, en donde se aborden los temas de la agenda para la urgente renegociación del TLCAN y la salvaguarda de los derechos laborales, sociales y humanos de los ciudadanos de nuestra región”, que pasaría por construir un Fondo de Compensación Asimétrica para Norteamérica, negociar un acuerdo binacional sobre el tema migratorio y firmar un acuerdo para impulsar el Tratado para el Desarrollo Económico y Social de Norteamérica.

Otros piensan que los momentos de crisis ofrecen un terreno fértil para nuevas concepciones teóricas. En todo caso, es urgente generar nuevas ideas, alternativas y estrategias capaces de hacer frente a “las crisis”, ya sea para minimizar sus impactos, o para replantear el modelo.

La vigilancia del gasto público

En el corto y mediano plazo, un tema importante en la agenda de las organizaciones civiles que trabajamos en materia de desarrollo social y derechos humanos, será la vigilancia del gasto público a partir de la obligación del Estado de destinar el máximo de recursos disponibles para el logro progresivo de los DESC, y la premisa de que “aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo”24. Cabe mencionar que el gobierno mexicano respondió a la crisis de 1995 con recortes al gasto que afectaron seriamente a los sectores de educación, salud y electricidad, impactando gravemente la realización de los DESC. Si bien hasta ahora el gobierno federal ha asegurado que mantendrá sus niveles de gasto, es muy necesario que el ejercicio presupuestal enfatice “su sentido social de manera eficaz y sostenida, reduciendo gastos de operación, reorientando prioridades y reduciendo el gasto administrativo en algunas dependencias”25.

Desde la perspectiva de derechos, también será fundamental dar seguimiento a la inversión en infraestructura que se impulse como parte del PICE, sobre todo para asegurar de que, en caso de inversión en megaproyectos de infraestructura (como presas), se informe y consulte debidamente a las comunidades que podrían verse afectadas y se realicen adecuadamente los estudios de impacto social y ambiental para valorar su viabilidad y su capacidad de promover verdadero desarrollo.

En el largo plazo, la oportunidad que se presenta no es sólo para resistir, sino para delinear y empujar un modelo económico y social más justo, como salida a la crisis y en prevención de éstas26. En cualquier caso, consideramos que el respeto al marco internacional de derechos humanos es el referente clave para que “otro país” y “otro mundo sea posible”.