Asamblea Constitucional (Foto: ANHRI)

La característica que define la estrategia de desarrollo sostenible en Egipto es la falta de un plan de trabajo detallado para lograr varios objetivos fundamentales, especialmente la reducción de la pobreza y el desempleo, y la lucha contra el sector informal. Esto se suma a la falta de claridad en los mecanismos de implementación y la falta de coherencia entre los objetivos. Los indicadores utilizados para medir los objetivos reflejan la continuación del enfoque neiberal del gobierno, que es contingente en el desarrollo del sector privado y dependiente de éste para financiar los objetivos de desarrollo. Así, por ejemplo, para reducir el déficit, la estrategia no contempla el aumento de los impuestos a las empresas y, en su lugar, opta por gravar con impuestos a los consumidores, como el impuesto al valor agregado del 10%. Además, la estrategia difiere claramente de las estrategias de desarrollo anteriores, ninguna de las cuales se discutieron en el Parlamento o en cualquier tipo de diálogo social.

Este informe examina las dimensiones económicas, sociales y ambientales clave del marco de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e incluye recomendaciones para los cambios que necesariamente deben realizarse si se quiere tener éxito.

La implementación de la Agenda 2030 requiere de urgentes medidas audaces y transformadoras necesarias para que el mundo cambie y tome un camino sostenible y resiliente. Para que sea un viaje colectivo del que nadie quede excluido, la escala y la ambición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas requieren un enfoque amplio e integrado, no solo para equilibrar y realinear la economía mundial, sino también para modificar las prácticas político-económicas regionales y nacionales. La política de siempre y la economía determinada por los ricos y poderosos no tendrán cabida en este nuevo camino. El sentido histórico y el contenido social-estructural de este cambio implicarán la modificación de las estructuras profundas de la pobreza en las economías de la periferia e incluyen el abordaje de diferentes aspectos de la autonomía de los estados y los déficits democráticos subyacentes que se interponen en el camino de la construcción de las economías nacionales sostenibles.

Foto: Cortesía de Oscar Rey, de Altépetl, A.C.

DECA Equipo Pueblo, A.C. como punto focal de Social Watch en México, presenta la experiencia de Social Watch y las recomendaciones desde el Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en el evento Día nacional: Implementando la Agenda 2030 con perspectiva de inclusión social y económica" convocado por la Cancillería mexicana previo al trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que se celebra en México del 23 al 27 de mayo de 2016.

El panel "Lecciones aprendidas de los ODM y nuevos retos para la generación de datos desagregados sobre la medición de los ODS" tuvo como mensaje central la incorporación del enfoque de derechos humanos en la implementación, medición y evaluación de la nueva agenda de desarrollo mundial y mecanismos institucionalizados de seguimiento participativo a nivel nacional.

Un índice de desempeño ambiental (Environmental Performance Index, EPI), que será lanzado el 9 de mayo en las Naciones Unidas, pretende alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero en realidad esconde el impacto de los patrones de consumo y producción insostenibles en el Norte, así como las contribuciones del Hemisferio Sur para el logro de los objetivos acordados internacionalmente.

El EPI (se encuentra disponible aquí en inglés), ahora en su 10ª edición, fue creado por el Centro Yale de Derecho y Política Ambiental en colaboración con el Foro Económico Mundial (Davos).

Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos es el primer texto internacional que reconoce los obstáculos existentes que impiden a las familias que viven en situación de extrema pobreza acceder y disfrutar de sus derechos.

La adopción de los Principios Rectores por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en 2012 constituye una victoria significativa en la lucha por la erradicación de la miseria, reconoce que la extrema pobreza no es simplemente una cuestión de falta de recursos sino una cuestión de derechos. Los principios rectores identifican explícitamente las dinámicas que los gobiernos y actores involucrados deberían emprender para garantizar que toda persona pueda disfrutar de sus derechos y que la miseria sea erradicada.