La Alianza Mexicana contra el Fracking responde a decisión de la CNH y la ASEA de entregar permisos para pozos en la Sierra Norte de Tamaulipas y los alrededores de Poza Rica, Veracruz. Además exige al gobierno federal abandonar técnicas de extracción dañinas y transitar hacía una economía libre de hidrocarburos

Las 43 organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), representativas de territorios en once estados de la República Mexicana, emitieron un pronunciamiento en rechazo a la decisión del pasado mes de febrero, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos (ASEA), de entregar a la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, los permisos necesarios para la apertura de tres campos exploratorios donde se pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica.

La Plataforma 2015 y más presenta el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD), una innovadora herramienta para medir el progreso de los países de forma alternativa a las medidas basadas en el crecimiento económico.

El ICPD supera la limitada visión que ofrecen medidores como el PIB y propone un completo análisis de 133 países, a partir del análisis de sus políticas públicas y su impacto en el bienestar de la ciudadanía y del planeta a escala local y mundial.

El Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre por la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue el resultado de grandes batallas sobre múltiples temas, especialmente entre países desarrollados y en desarrollo.

Los objetivos de negociación de los países en desarrollo fueron los siguientes: (a) defender la CMNUCC y no dejar que se modificara o subvirtiera; (b) garantizar que el Acuerdo no se centrara en la mitigación con todos los temas abordados y se hiciera de manera equilibrada; (c) garantizar que se reflejara la diferenciación en todos los aspectos, con los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas; (d) garantizar que los países desarrollados mejoraran la financiación y la transferencia de tecnología; (f) asegurar que “las pérdidas y los daños” fueran reconocidos como un pilar separado, aparte de la adaptación y (g) las disposiciones jurídicamente vinculantes, especialmente en los países desarrollados.

El pasado 11 de febrero se presentó en Tegucigalpa la Unidad de Investigación de muerte violenta y Femicidios en la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Esta unidad funcionará en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, e iniciará su trabajo con 30 millones de lempiras aprobados en el presupuesto nacional para el año 2016, con 40 agentes y 8 fiscales especializados en violencia contra las mujeres y femicidio.

Esta unidad se ha creado gracias a la incidencia política promovida desde el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y de las organizaciones de mujeres y feministas que conforman la plataforma 25 de noviembre, espacio desde el cuál CEM-H ha impulsado varias acciones de las mujeres por el acceso a la justicia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina) presenta el informe Derechos Humanos en Argentina. El mismo abarca la situación de los derechos humanos en el país durante 2013 y 2014, se publica en una coyuntura particular. Por un lado, en el año en que finaliza el segundo gobierno de Cristina Fernández, el tercero del ciclo kirchnerista. Por el otro, en 2014 se cumplieron 35 años desde la fundación del CELS en plena dictadura. Estas coordenadas temporales invitan a reflexionar sobre las transformaciones en materia de derechos humanos de este ciclo de gobiernos y sobre las relaciones de los organismos de derechos humanos –en particular, del CELS– con el Estado a lo largo de las tres décadas de la democracia argentina.