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En Tailandia los ODS han servido de pretexto para incluir representantes del sector privado en organismos gubernamentales de alto nivel. En el Comité de Desarrollo Sostenible, la sociedad civil solo juega un papel menor en comparación con las empresas, sostiene el informe alternativo de la sociedad civil tailandesa.

La política denominada Pracha-Rath (Estado del pueblo) iniciada por el gobierno se dedica a promover el papel del sector privado, establecer la cooperación entre el sector privado y las empresas comunitarias y desarrollar nuevos esquemas agrícolas. Aunque esto pretende ayudar a los agricultores al reducir los precios de los fertilizantes químicos, el informe de Social Watch señala que la verdadera intención es aumentar las ventas de estos productos químicos agrícolas. La política es irrelevante para el desarrollo de una agricultura sostenible, afirma, porque el uso excesivo de pesticidas siempre ha sido un problema para los agricultores tailandeses, no una solución.

El gobierno chipriota apoyó firmemente el proceso de desarrollo de la agenda de desarrollo sostenible después de 2015 y ha expresado reiteradamente su compromiso con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, todavía tiene que adoptar un marco de política integral para la implementación de los objetivos en el contexto nacional, concluye el informe independiente aportado por CARDET, miembro de la red Social Watch.

Este informe analiza el progreso realizado hacia un marco estratégico nacional para la implementación de los ODS e identifica los pasos realizados, los desafíos y las oportunidades, así como el tema del presupuesto. Como Chipre es un país dividido que busca la reunificación, los ODS podrían actuar como catalizadores durante la implementación de una solución al problema nacional.

La nueva agenda de desarrollo, la Agenda 2030, representa una contradicción evidente: su literalidad aboga por alcanzar transformaciones tan profundas y complejas que no encajan con el paradigma dominante de desarrollo. La Agenda 2030 no puede ser considerada como un plan de gobierno global, ni como un consenso básico, ni mucho menos un documento de carácter jurídico que establezca acuerdos y obligaciones que fueran a dar lugar a acciones previsibles por parte de los distintos actores implicados. Tan sólo se trata de un agregado de demandas transnacionales, reflejo de las tensiones actualmente existentes entre los diferentes actores y sus distintas visiones del desarrollo1, de ahí sus numerosas contradicciones e insuficiencias. La Agenda 2030 es producto de un tiempo caracterizado por el agotamiento de un paradigma de desarrollo que no logra ya extender su completa dominación, y por la emergencia de temáticas, actores y evidencias que exigen una revisión en profundidad del mismo. 

Movilización contra la minería.
(Foto: Upside Down World)

El Salvador es el primer país de América Latina y tal vez del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto. Social Watch El Salvador celebra la aprobación de la “Ley de Prohibición de Minería Metálica”, ya que es un triunfo de la lucha llevada a cabo por la sociedad salvadoreña que ahora cuenta con esta herramienta legal para defender la vida.

Sin embargo históricamente ha habido un vacío en la implementación efectiva de las leyes y los acuerdos que garantizan la protección del medio ambiente y de las zonas vulnerables. La sociedad civil salvadoreña demanda, además, una reforma fiscal integral con un combate efectivo a la evasión y elusión, garantizando así una efectiva financiación para el cumplimiento de los ODS.

TEl Gobierno ha declarado que es necesario un enfoque inclusivo del desarrollo para que las poblaciones más pobres y más vulnerables puedan ser integradas en los esfuerzos de desarrollo que implican el compromiso y la participación de todos los actores involucrados en el proceso. Para esto se requiere un plan claro para fortalecer las instituciones democráticas y la gobernanza participativa en el logro de los ODS que cuente con la participación de la sociedad civil en todos los niveles de implementación, tanto a nivel nacional como de base.

En este contexto las IFIs y la OMC deben respetar los espacios normativos para los PMA y los países en desarrollo, de manera que se pueda proteger la soberanía nacional en la toma de decisiones y la naturaleza misma del Estado con respecto al bienestar y la justicia redistributiva.

En Paraguay persiste una situación de injusticia tributaria: personas y sectores de menores ingresos pagan más impuestos en relación a sus ingresos, en comparación a los sectores  de mayores ingresos.

“Quien gana más, pague más. Hacia una Justicia Tributaria” es una campaña que lleva adelante Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana con el objetivo de promover una mayor conciencia en la sociedad sobre el hecho de quienes generan más ingresos deben contribuir más. Cuando decimos Justicia Tributaria, nos referimos a que cada persona y cada sector de la economía debe aportar impuestos de acuerdo a su capacidad de pago.

En los cuatro primeros meses del año: cientos de poblaciones aisladas, miles de familias sin casa, más de cien puentes caídos (muchos por construcción defectuosa), inundaciones y aluviones en toda la costa, especialmente en las ciudades de la costa norte. Las aguas han barrido con puentes y caminos. Los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali y Napo, en la selva, están en alerta roja debido a que tienen un nivel de caudal crítico y con peligro de desborde. En Piura y Trujillo ingresaron a las plazas principales.

El informe de Social Watch-Kenia registra "una inversión pesada e inédita en proyectos de mega-infraestructura". En lugar de estimular un crecimiento económico equitativo, esto genera una carga de deuda insostenible de unos 50 billones de dólares.

El informe señala que "los sectores que lideran el crecimiento han tenido un desempeño malo en cuanto a reducción de la pobreza y promoción de la equidad. La disminución de la actividad en los sectores agrícola y manufacturero ha dado lugar a un crecimiento sin empleo que ha convertido a Kenia en una de las sociedades más desiguales del mundo".

Cuando comenzó el proceso de democratización, hace un cuarto de siglo, la República Checa esperaba elevar sus realidades sociales, ambientales, económicas y jurídicas a los niveles del "Primer Mundo". En 2017, la coalición checa de Social Watch concluye en su informe alternativo que "estamos de vuelta en el Segundo Mundo". Los checos perciben una creciente brecha entre Europa Oriental y Occidental. "Además de una responsabilidad interna indiscutible, falta cooperación internacional y no es de extrañar que la confianza en la Unión Europea esté disminuyendo en los nuevos miembros".

No será posible implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Brasil, en función de la falta de un presupuesto para financiarlos adecuadamente. Esta situación resulta de la política de austeridad del gobierno Temer, que establece un techo para los gastos sociales, recortes presupuestarios de más de 50% en varios órganos, reformas que producen la exclusión social y amplían las desigualdades, y la entrega del patrimonio nacional con sus privatizaciones.

“Estamos ante un gobierno impuesto y sin legitimidad -dice el informe alternativo sobre Brasil– que promueve acciones y sistemas bajo el nombre de los ODS en respuesta a los compromisos internacionales del país, mientras, por otro lado, sigue bloqueando el cumplimiento de estos mismos compromisos con sus opciones políticas y económicas. En este contexto, los ODS son todavía una referencia mínima con un arduo camino a recorrer.”

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