National reports

Es esta la semana del Desarrollo Sostenible, para América Latina y el Caribe. Así se expresó Alicia Bárcenas, al abrir la conferencia CEPAL-Organizaciones Sociales, en el marco de la Conferencia para la revisión del Estado de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en la región. Esta Agenda, adoptada por Naciones Unidas (en 2015), próximamente arribará a los tres años de su suscripción. En esta Conferencia -Santiago de Chile 2018- los gobiernos de la región harán, un balance sobre avances y dificultadas en el impulso ODS. Esta vez, la región, se reúne inmersa en una crisis de sus instituciones -75% de la ciudadanía- desconfía de estas, según CEPAL. La corrupción es generalizada y el descredito de los partidos políticos, es obvio. La población les culpa -y con razón- de haber saqueado y socavado al Estado. La desigualdad abate a la región: ricos muy ricos y pobres extremadamente pobres.
El Ecuador como Estado parte de las Naciones Unidas, asumió en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda para el Desarrollo 2030. En la medida de dar cumplimiento de la Agenda, el 22 de septiembre de 2017 se presentó la actualización del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, instrumento de planificación que permite delimitar “las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás”.
En México es urgente proteger los derechos humanos de abusos empresariales y terminar con la impunidad antes que seguir promoviendo la inversión privada sin exigencias efectivas en materia ambiental, social y de derechos humanos. El contexto nacional es favorable para promover los negocios pero no el desarrollo sostenible ni los derechos humanos: reformas legales que dan preferencia a los proyectos energéticos sobre cualquier otra actividad, normatividad ambiental laxa y desactualizada, y un Estado indiferente ante abusos empresariales que afectan los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. En suma, un Estado omiso en la obligación de proteger los derechos humanos de su vulneración por actores no estatales.
Current debates in Ghana about sustainable development express a confluence of four important trends: 1) questioning of the growing inequalities and exclusion wrought by the dominant neoliberal economic policies and the quality of growth that has resulted; 2) recognition of the advances that the 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Goals (SDGs) represent on the minimal ambitions of the Millennium Development Goals (MDGs); 3) African recognition of the limits of raw material commodity export dependence and the need for structural economic transformation; and 4) the rediscovery of development planning as an important tool and policy framework.
As one of the 22 countries that volunteered to be reviewed at the High Level Political Forum (HLPF) in New York in July 2016, Morocco presented a concise report on the implementation of the 2030 Agenda. These brief comments on the report endeavor to assess the ability of the Moroccan Government to meet its commitments towards its citizens and the international community. Morocco’s Report to the HLPF contains two main sections: one is devoted to contextualizing the Agenda 2030 while the other highlights the requirements to be met in order to effectively implement it.
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