Social Watch: Venezuela. Modelo extractivista alienta derrames de petróleo, según Provea

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea, punto focal de Social Watch) volvió a advertir sobre el mantenimiento del extractivismo como modelo de desarrollo nacional y atribuyó a las autoridades falta de transparencia ante los derrames de petróleo como el registrado el mes pasado en el Estado Monagas.

“La alta dependencia de una economía rentista petrolera atenta contra el desarrollo de una economía diversificada, ecológica, autosuficiente y endógena, lo que a su vez afecta el disfrute cabal de otros derechos”, indicó Provea en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El 5 de febrero, fuentes oficiales confirmaron el derrame en el Complejo Operacional Jusepín perteneciente a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ubicado en el oriental Estado Monagas. El informe, según Provea, no incluyó una descripción veraz del siniestro y ni de su magnitud, al omitir la cantidad de crudo derramado y afirmar que no representaba “ningún peligro para la población”.

El ministro Alfredo Hitcher aseguró nueve días después que “no existe desastre ambiental”, pero al mismo tiempo “hizo un llamado a la calma a los habitantes” de Maturín, capital de Monagas, “pues en un lapso estimado de 10 días, podrán restablecerse las condiciones del río para servir la planta potabilizadora Bajo Guarapiche”, según informó el diario gubernamental Correo del Orinoco.

El gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, ya había decidio suspender las clases en los centros de enseñanza pública y privada de las cinco localidades afectadas por la falta de agua. El derrame, según Provea, afectó cultivos, amenaza fincas que explotan la ganadería y creó largas manchas en las orillas y en el curso del río Guarapiche, afluente del río San Juan, que en una zona de ciénagas y manglares desemboca en el golfo de Paria, con ricos bancos camaroneros que explotan pescadores de Venezuela y la vecina Trinidad y Tobago.

Hasta el momento, PDVSA no ha emitido un informe que estime una cifra del crudo derramado. El periodista Humberto Márquez estimó en un despacho de la agencia Inter Press Service que “debieron derramarse más de 60.000 barriles (unos 10 millones de litros), aunque técnicos nos dieron estimados de hasta 150.000 barriles”, según testimonio del diputado opositor Juan Pablo García, dela Comisiónde Energía de la unicameral Asamblea Nacional legislativa, después de un sobrevuelo a la zona afectada.

El 14 de febrero, Provea exigió ante las autoridades, a través de un comunicado público:

1) Realizar una investigación transparente acerca de las causas del derrame;

2) Información veraz sobre las dimensiones de los daños causados, las medidas inmedidatas y a mediano plazo que implementará para atender la situación en el estado Monagas.

3) El pago oportuno y adecuado de indemnizaciones materiales para los afectados y afectadas.

4) Una evaluación inmediata de todo el sistema de gaseoducto instalado en el país para prevenir accidentes similares.

5) Se abstenga de utilizar personal de la empresa o de las comunidades para asumir tareas ante la emergencia sin garantizar el instrumental adecuado para evitar daños a la salud.

El 2 de marzo, campesinos y miembros de Consejos Comunales de las comunidades de Maturín dijeron que se negarían a tomar agua procedente del río Guarapiche por observar allí residuos y sedimentos, a pesar de las manifestaciones en contrario del presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Rafael Ramírez.


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