Social Watch news

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Según indican los informes del equipo de Social Watch, en Marruecos, la institución suprema de auditoría del reino informó un incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por parte de proveedores privados de servicios públicos de agua, electricidad y saneamiento: en la ciudad de Tánger, el grupo «Amandis», asociado al grupo francés «Veolia», cumplió solo 3.030 de 10.000 obligaciones de este tipo durante los primeros cinco años de sus operaciones. En Casablanca, se llevaron a cabo solo 45.806 «conexiones sociales» (en beneficio de los pobres) en 10 años (de 1997 a 2006) de las 90.000 prometidas por la empresa francesa Lédique, del grupo Suez.

Desde 2015, con la elección de un nuevo Gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.

Según el informe de Social Watch sobre Argentina, «esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo», de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el Gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 extensiones pertenecientes al Estado, la mitad de ellas en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones superpobladas y casi 200 000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los Gobiernos a «lLograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».

En Tailandia los ODS han servido de pretexto para incluir representantes del sector privado en organismos gubernamentales de alto nivel. En el Comité de Desarrollo Sostenible, la sociedad civil solo juega un papel menor en comparación con las empresas, sostiene el informe alternativo de la sociedad civil tailandesa.

La política denominada Pracha-Rath (Estado del pueblo) iniciada por el gobierno se dedica a promover el papel del sector privado, establecer la cooperación entre el sector privado y las empresas comunitarias y desarrollar nuevos esquemas agrícolas. Aunque esto pretende ayudar a los agricultores al reducir los precios de los fertilizantes químicos, el informe de Social Watch señala que la verdadera intención es aumentar las ventas de estos productos químicos agrícolas. La política es irrelevante para el desarrollo de una agricultura sostenible, afirma, porque el uso excesivo de pesticidas siempre ha sido un problema para los agricultores tailandeses, no una solución.

El gobierno chipriota apoyó firmemente el proceso de desarrollo de la agenda de desarrollo sostenible después de 2015 y ha expresado reiteradamente su compromiso con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, todavía tiene que adoptar un marco de política integral para la implementación de los objetivos en el contexto nacional, concluye el informe independiente aportado por CARDET, miembro de la red Social Watch.

Este informe analiza el progreso realizado hacia un marco estratégico nacional para la implementación de los ODS e identifica los pasos realizados, los desafíos y las oportunidades, así como el tema del presupuesto. Como Chipre es un país dividido que busca la reunificación, los ODS podrían actuar como catalizadores durante la implementación de una solución al problema nacional.

La nueva agenda de desarrollo, la Agenda 2030, representa una contradicción evidente: su literalidad aboga por alcanzar transformaciones tan profundas y complejas que no encajan con el paradigma dominante de desarrollo. La Agenda 2030 no puede ser considerada como un plan de gobierno global, ni como un consenso básico, ni mucho menos un documento de carácter jurídico que establezca acuerdos y obligaciones que fueran a dar lugar a acciones previsibles por parte de los distintos actores implicados. Tan sólo se trata de un agregado de demandas transnacionales, reflejo de las tensiones actualmente existentes entre los diferentes actores y sus distintas visiones del desarrollo1, de ahí sus numerosas contradicciones e insuficiencias. La Agenda 2030 es producto de un tiempo caracterizado por el agotamiento de un paradigma de desarrollo que no logra ya extender su completa dominación, y por la emergencia de temáticas, actores y evidencias que exigen una revisión en profundidad del mismo. 

Movilización contra la minería.
(Foto: Upside Down World)

El Salvador es el primer país de América Latina y tal vez del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto. Social Watch El Salvador celebra la aprobación de la “Ley de Prohibición de Minería Metálica”, ya que es un triunfo de la lucha llevada a cabo por la sociedad salvadoreña que ahora cuenta con esta herramienta legal para defender la vida.

Sin embargo históricamente ha habido un vacío en la implementación efectiva de las leyes y los acuerdos que garantizan la protección del medio ambiente y de las zonas vulnerables. La sociedad civil salvadoreña demanda, además, una reforma fiscal integral con un combate efectivo a la evasión y elusión, garantizando así una efectiva financiación para el cumplimiento de los ODS.

TEl Gobierno ha declarado que es necesario un enfoque inclusivo del desarrollo para que las poblaciones más pobres y más vulnerables puedan ser integradas en los esfuerzos de desarrollo que implican el compromiso y la participación de todos los actores involucrados en el proceso. Para esto se requiere un plan claro para fortalecer las instituciones democráticas y la gobernanza participativa en el logro de los ODS que cuente con la participación de la sociedad civil en todos los niveles de implementación, tanto a nivel nacional como de base.

En este contexto las IFIs y la OMC deben respetar los espacios normativos para los PMA y los países en desarrollo, de manera que se pueda proteger la soberanía nacional en la toma de decisiones y la naturaleza misma del Estado con respecto al bienestar y la justicia redistributiva.

En Paraguay persiste una situación de injusticia tributaria: personas y sectores de menores ingresos pagan más impuestos en relación a sus ingresos, en comparación a los sectores  de mayores ingresos.

“Quien gana más, pague más. Hacia una Justicia Tributaria” es una campaña que lleva adelante Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana con el objetivo de promover una mayor conciencia en la sociedad sobre el hecho de quienes generan más ingresos deben contribuir más. Cuando decimos Justicia Tributaria, nos referimos a que cada persona y cada sector de la economía debe aportar impuestos de acuerdo a su capacidad de pago.

En los cuatro primeros meses del año: cientos de poblaciones aisladas, miles de familias sin casa, más de cien puentes caídos (muchos por construcción defectuosa), inundaciones y aluviones en toda la costa, especialmente en las ciudades de la costa norte. Las aguas han barrido con puentes y caminos. Los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali y Napo, en la selva, están en alerta roja debido a que tienen un nivel de caudal crítico y con peligro de desborde. En Piura y Trujillo ingresaron a las plazas principales.

El informe de Social Watch-Kenia registra "una inversión pesada e inédita en proyectos de mega-infraestructura". En lugar de estimular un crecimiento económico equitativo, esto genera una carga de deuda insostenible de unos 50 billones de dólares.

El informe señala que "los sectores que lideran el crecimiento han tenido un desempeño malo en cuanto a reducción de la pobreza y promoción de la equidad. La disminución de la actividad en los sectores agrícola y manufacturero ha dado lugar a un crecimiento sin empleo que ha convertido a Kenia en una de las sociedades más desiguales del mundo".

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