ERITREA

Una prisión al aire libre de cara a la crisis global

Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR)
Daniel R Mekonnen

Sin constitución o parlamento que funcionen o un sistema judicial  independiente, sin prensa libre ni transparencia burocrática, Eritrea, el país más militarizado del mundo, carece de los mecanismos necesarios para abordar la crisis global. La reducción de la economía mundial ha disminuido las remesas al país, mientras los precios de los alimentos y el combustible se han disparado. Eritrea necesita una transición inmediata a un sistema democrático de gobernanza que tenga el apoyo de la comunidad internacional. La ayuda humanitaria monitoreada por ONG independientes internacionales parece ser el plan de emergencia más eficaz para salvar las vidas de la población indefensa.

Mucho antes de que se agudizara la crisis financiera global a fines de 2008, Eritrea ya estaba inmersa en un profundo caos económico, social y político propio. El país tiene uno de los peores historiales del mundo sobre protección de los derechos humanos, según lo afirman diversos organismos de vigilancia de los derechos humanos regionales e internacionales, incluyendo la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. La crisis de los derechos humanos se agravó después del choque fronterizo con Etiopía, entre 1998-2000. Desde entonces, el Gobierno ha usado las secuelas del conflicto como pretexto para suprimir los derechos y libertades fundamentales.

Una prisión al aire libre

Eritrea es un país independiente desde 1991, pero aún no ha brindado a sus ciudadanos verdadera libertad. De hecho, apenas se puede distinguir alguno de los rasgos convencionales de un gobierno libre y democrático1. Prácticamente todos los países del mundo tienen un pacto o documento nacional obligatorio, o constitución. La mayoría también tiene parlamentos en funciones y llevan a cabo elecciones regulares y periódicas, independientemente de si son libres o imparciales en términos reales. Además permiten la existencia de medios de comunicación privados, aun cuando, a veces, los controles se vuelven tan restrictivos que anulan la libertad de prensa. En Eritrea, el Gobierno adoptó una Constitución en 1997, pero nunca la ha puesto en práctica. El parlamento nominal dejó de funcionar en febrero de 2002. Los medios privados (radio, televisión, prensa escrita y electrónica) desaparecieron entre 1997 y 2001; sólo quedan los medios oficiales, que siempre son más fieles a la élite dirigente que a la verdad. Peor aún, desde su independencia, el país nunca ha disfrutado de elecciones libres e imparciales.

Hoy, cuando se ven largas colas para el pan en las calles de Asmara, la vida se ha hecho muy difícil para los eritreos. Tal como las antiguas autoridades de ocupación del Derg (un comité coordinador de las fuerzas armadas, policía y ejército de tierra) en los años 1970 y 1980, el Gobierno parece haberle declarado la guerra a su propio pueblo. Un dicho muy común entre los eritreos es que la única diferencia entre el régimen del Derg y el actual del Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ) es que los funcionarios del Derg solían hablar en amárico (el idioma oficial etíope) mientras los del FPDJ hablan en tigré, un dialecto vernáculo con estatus oficial de facto.

Las personas que no adhieren a la ideología del Estado o tienen creencias religiosas no aprobadas oficialmente por el Gobierno sufren persecución sistemática y son castigadas con severidad por el aparato de seguridad y militar. Como resultado, las violaciones a los derechos humanos son endémicas; la violación es la norma y la protección la excepción. Algunas estimaciones conservadoras sugieren que más de 20 mil personas están detenidas sin el debido proceso o cualquier contacto con el exterior en más de 300 cárceles formales e informales distribuidas por todo el país. Al frente de la mayor parte de estos sitios hay generales del ejército, que no son responsables ante la policía o los tribunales ordinarios. En resumen, el país ha sido transformado en una prisión al aire libre donde los derechos y libertades fundamentales están totalmente amordazados por las dominantes y abusivas prácticas, que se tornan pesadillescas y kafkianas.

Indicadores sociales y de desarrollo

Los indicadores de desarrollo son contradictorios. Los informes de algunas fuentes indican “progreso” en ciertas áreas, como la mortalidad infantil y morbilidad materna. Sin embargo, debido a la atmósfera política extremadamente represiva y a la imposibilidad de obtener datos confiables, es difícil tomar esos informes al pie de la letra. En verdad, las políticas económicas erróneas del autoritario FPDJ han vaciado totalmente la economía nacional y local mucho antes de que se desatara la crisis financiera global, a fines de 2008.

Eritrea califica pésimamente en muchos informes de fuentes independientes. Por ejemplo, el Índice Global del Hambre coloca al país antepenúltimo, en el puesto 116 entre los 118 países clasificados por el informe2. El país recibe muy mala calificación en el Índice de Capacidades Básicas, en el que denota serias dificultades en cada dimensión del desarrollo social3. En libertad de prensa, Eritrea fue clasificada como la peor del mundo, desplazando de ese lugar a Corea del Norte, según Reporteros Sin Fronteras4. A pesar de una reducida población de cuatro millones de habitantes, el alarmante historial del país en cuanto a violaciones a los derechos humanos ha hecho que sea clasificado como la cuarta fuente más grande de refugiados del mundo. Las 19.400 nuevas solicitudes durante 2005-2006 lo dejan apenas por encima de estados destruidos y caóticos como Somalia, Iraq y Zimbabwe5.

El país más militarizado

La militarización excesiva es otro grave problema. Los estudiantes de enseñanza secundaria son obligados a matricularse en campos militares para recibir “educación formal”. Entre ellos,  el tristemente célebre Campo de Entrenamiento Militar Sawa, donde los estudiantes son disciplinados conforme al estricto reglamento militar. El abusivo Programa de Servicio Militar Nacional (PSMN), que comienza a los dieciocho años y no se termina nunca, continúa esa etapa preparatoria de adoctrinamiento. Los numerosos y detestables abusos a los derechos humanos perpetrados bajo el PSMN incluyen violaciones y otros tipos de violencia sexual contra las reclutas. En los últimos años, todas las principales instituciones académicas han estado bajo el control efectivo de comandantes militares. En 2003, el país se consideraba como el estado más militarizado del mundo; además tenía el tercer mayor porcentaje del Producto Nacional Bruto destinado a gastos militares6, después de Corea del Norte y Angola. A mediados de 2000, las fuerzas armadas contaban con 300 mil personas en sus filas, más que en cualquier otro período de su historia. Desde entonces se cree que la cantidad de efectivos ha aumentado exponencialmente. Las reclutas constituyen el 45,27% del total del ejército nacional, y su vulnerabilidad es proporcional a su cantidad.

La crisis dominante en el país se ha visto exacerbada por la recesión de la economía global, que ha provocado la detención de las remesas provenientes del extranjero. Los costos de los alimentos y el combustible se han disparado. Se dice que los precios del combustible en las estaciones de servicio estrictamente controladas por el Gobierno son los más altos del mundo. De hecho, es prácticamente imposible conseguir combustible. Los alimentos sólo se pueden comprar legalmente en tiendas del Gobierno y los agricultores tienen que vender su grano a estas tiendas a un precio prefijado. La venta de granos en los mercados locales está penada, como el propio presidente ha declarado en una rueda de prensa en enero de 2009.

Respuesta gubernamental

El Gobierno rechaza categóricamente los informes sobre problemas económicos o represión política, y los tilda de “propaganda enemiga”. De hecho, el presidente ha comentado que los informes sobre penurias económicas en todo el país son tan solo expresión de las frustraciones “de personas sobrealimentadas y caprichosas” que no saben administrar sus recursos. En realidad, la gente se muere literalmente de hambre – por una hambruna causada por el FPDJ.
Eritrea no posee herramientas legislativas, administrativas e institucionales que le permitan responder adecuadamente a la actual crisis global, desde el momento que no cuenta con una constitución o un parlamento que funcionen, un sistema judicial independiente, una prensa libre, transparencia burocrática ni un presupuesto nacional publicado oficialmente. Además, los mecanismos tradicionales para enfrentar problemas como el de la emigración son, prácticamente, inexistentes. Bajo la sofocante ley marcial los puntos de entrada y salida están cerrados a cal y canto. Después de consumir los escasos recursos de los que pueda disponer, la población hambrienta – en especial las mujeres, las personas mayores y los niños – no pueden desplazarse a ninguna parte y deben resignarse a morir en sus pueblos. El Gobierno aún no ha adoptado ningún programa para proteger a la población más vulnerable.

ONG manejadas por el Gobierno

Una agenda de desarrollo sólida con base en los derechos da preferencia estratégica al empoderamiento y la responsabilidad de las comunidades locales. Este enfoque otorga a las personas el poder y la capacidad de convertirse en los actores principales de sus propias vidas. Un modo de conseguir esto es a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil y ONG locales independientes que representen los intereses de sus comunidades. Tristemente, la atmósfera represiva hace imposible el trabajo de la sociedad civil independiente. El país tiene sólo tres organizaciones locales activas comprometidas con la agenda de desarrollo nacional para el supuesto beneficio de la población en general: el Sindicato Nacional de Mujeres Eritreas, el Sindicato Nacional de Juventud y Estudiantes Eritreos y la Confederación Nacional de Trabajadores Eritreos. Hay otras “organizaciones de la sociedad civil” más temerosas, que existen sólo de nombre.

Pero, como es bien sabido, esas tres organizaciones activas no son genuinas ni suficientemente independientes para representar los intereses de su membresía. Funcionan como las ligas (ramas) femenina, juvenil y de los trabajadores del partido gobernante, que selecciona a sus líderes y exige su lealtad. En otras palabras, son ejemplos típicos de ONG manejadas por el Gobierno, diseñadas para ocultar la dependencia del país de la ayuda externa y para aparentar una participación de la sociedad civil que no existe7. Las únicas organizaciones de la sociedad civil independientes, como el Movimiento Eritreo para la Democracia y los Derechos Humanos, trabajan en el exilio y son tachadas por el Gobierno de “títeres del enemigo”; si son atrapados dentro del país, sus miembros son encarcelados y torturados.

Cooperación internacional

La cooperación internacional es crucial para resolver las múltiples crisis globales, que azotan desproporcionadamente a las personas en los países en desarrollo. Durante muchos años, el déficit de alimentos de Eritrea ha sido cubierto por la ayuda alimentaria donada por la comunidad internacional (aunque el Gobierno no lo reconozca). Las organizaciones de ayuda y ONG internacionales han desempeñado un papel fundamental en este aspecto. Sin embargo, muchas de ellas fueron expulsadas a consecuencia de la ilusoria política de “autosuficiencia” del Gobierno. Aunque no rechaza la ayuda alimentaria, el Gobierno complica los trámites para que pueda entrar al país. Prefiere la ayuda internacional en efectivo.

La Unión Europea sigue siendo uno de los abastecedores internacionales principales de alimentos y de ayuda par el desarrollo de Eritrea. Recientemente ha aprobado una partida de ayuda para el desarrollo de EUR 122 millones (aproximadamente USD 161 millones) del 10° Fondo de Desarrollo Europeo, pero tiene preocupaciones legítimas en cuanto al desprecio del Gobierno eritreo para con las exigencias legales que conlleva cualquier plan de ayuda al desarrollo responsable. Esas exigencias incluyen el compromiso con los principios de buena gobernanza, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, ninguna de las cuales existe en Eritrea. El país no tiene ni voluntad política, ni medios de asegurar una política de desarrollo genuina y carece de un proceso de toma de decisiones transparente para formular y poner en práctica políticas estatales que permitan superar la crisis global actual.

Es necesario que el país transite inmediatamente hacia un sistema democrático de gobernanza respaldado por la comunidad internacional. Mientras tanto, la ayuda humanitaria monitoreada por ONG internacionales independientes parece la forma más eficaz de salvar las vidas de la población indefensa, asfixiada por la severa represión política y el colapso económico.