Venezuela

En materia de equidad de género Venezuela se encuentra por debajo del promedio latinoamericano  y varios pasos detrás de los países en mejor situación en la región.

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Limpieza de crudo en el río
Guarapiche. (Foto:
Red de Solidaridad Ciudadana)

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea, punto focal de Social Watch) volvió a advertir sobre el mantenimiento del extractivismo como modelo de desarrollo nacional y atribuyó a las autoridades falta de transparencia ante los derrames de petróleo como el registrado el mes pasado en el Estado Monagas.

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL

MARINO ALVARADO B.

El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además, insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda. Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil, atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar un modelo de desarrollo realmente sustentable.

Seis organizaciones de la sociedad civil venezolana se pronunciaron esta semana contra el Plan Integral de Educación Militar impuesto por el gobierno de Hugo Chávez, el cual, advirtieron, “entra en contradicción con los fines de la educación establecidos en la legislación y la normativa institucional”.

La Fundación Luz y Vida, Cecodap, Manos por la Niñez y Adolescencia, EDINAC, la Asociación Muchachos de la Calle y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello advirtieron esta semana que la “educación militar” obligatoria dispuesta por el gobierno de Venezuela “pone en riesgo la integridad física, psicológica y emocional de las y los adolescentes por el clima de polarización política que se vive en el país.

Tras un período de bonanza económica entre 2004 y 2008 – ayudada por los altos precios internacionales del petróleo – las políticas sociales del Gobierno mejoraron los indicadores y los Objetivos de Desarrollo del Milenio formaron parte de la agenda oficial y de la discusión pública. Hoy, la crisis financiera internacional y el aumento de la conflictividad social derivada del debilitamiento de los programas sociales ponen en riesgo los avances anteriores. Esto era dable esperar de un modelo de desarrollo que, repitiendo los mismos viejos errores, no elaboró políticas contracíclicas y hoy paga caro las consecuencias de la crisis mundial.
En medio de una fuerte polarización política, la discusión sobre el impacto de la crisis económica internacional en el país se ha visto postergada. Una serie de planes impulsados desde el Gobierno intentan asegurar la seguridad alimentaria, el acceso universal a los sistemas de salud, a la vivienda y a la educación. Sin embargo, hay problemas con la distribución de alimentos, reducciones en los planes de salud e insuficiente respuesta a la demanda de viviendas. Es en educación donde los resultados se acercan más a los esperados.
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