Desde 2015, con la elección de un nuevo Gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.

Según el informe de Social Watch sobre Argentina, «esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo», de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el Gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 extensiones pertenecientes al Estado, la mitad de ellas en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones superpobladas y casi 200 000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los Gobiernos a «lLograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».

Organizaciones de la Sociedad Civil de Uruguay y la región se reunieron en el marco de la Conferencia Regional sobre Desarrollo de la CEPAL para elaborar una declaración con las principales propuestas y demandas desde las OSC.

El pasado miércoles 25 de octubre, más de 40 OSC de Uruguay y América Latina se encontraron en el Foro Social “Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos de desarrollo para la inclusión social y económica”, realizado en el Edificio Sede del Mercosur.

En Tailandia los ODS han servido de pretexto para incluir representantes del sector privado en organismos gubernamentales de alto nivel. En el Comité de Desarrollo Sostenible, la sociedad civil solo juega un papel menor en comparación con las empresas, sostiene el informe alternativo de la sociedad civil tailandesa.

La política denominada Pracha-Rath (Estado del pueblo) iniciada por el gobierno se dedica a promover el papel del sector privado, establecer la cooperación entre el sector privado y las empresas comunitarias y desarrollar nuevos esquemas agrícolas. Aunque esto pretende ayudar a los agricultores al reducir los precios de los fertilizantes químicos, el informe de Social Watch señala que la verdadera intención es aumentar las ventas de estos productos químicos agrícolas. La política es irrelevante para el desarrollo de una agricultura sostenible, afirma, porque el uso excesivo de pesticidas siempre ha sido un problema para los agricultores tailandeses, no una solución.

El gobierno chipriota apoyó firmemente el proceso de desarrollo de la agenda de desarrollo sostenible después de 2015 y ha expresado reiteradamente su compromiso con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, todavía tiene que adoptar un marco de política integral para la implementación de los objetivos en el contexto nacional, concluye el informe independiente aportado por CARDET, miembro de la red Social Watch.

Este informe analiza el progreso realizado hacia un marco estratégico nacional para la implementación de los ODS e identifica los pasos realizados, los desafíos y las oportunidades, así como el tema del presupuesto. Como Chipre es un país dividido que busca la reunificación, los ODS podrían actuar como catalizadores durante la implementación de una solución al problema nacional.

La paz es el principal tema en el llamamiento a celebrar este 17 de octubre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, explica Donald Lee, presidente del comité internacional que está organizando actividades simultáneas en Manila, Dublín, Dakar, Nueva York, París y Guatemala.

Hace treinta años, el padre Joseph Wresinski lanzó un Llamado a la Acción que declaraba que "dondequiera que hombres y mujeres estén condenados a vivir en extrema pobreza, se violan los derechos humanos."

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