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Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país, sostiene un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos líder en América Latina y miembro de la coalición Social Watch de Argentina. El gobierno venezolano no protegió el derecho a la vida y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra el país. "La situación exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a Venezuela en una salida soberana de la crisis," sostiene CELS.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”, el gobierno de Colombia plantea que los sectores minero-energético, de hidrocarburos y transporte, jugarán un papel clave para garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo ya que generará importantes recursos para financiar las inversiones que sirvan para la consolidación de la paz y la lucha contra de la desigualdad. Sin embargo, "estos mismos sectores productivos han sido uno de los principales focos de conflictividad social en el país por sus impactos en los derechos humanos y en el ambiente", sostiene el informe nacional alternativo. Por ejemplo, el gobierno ha priorizado el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES) que presentan dificultades en la adquisición de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las comunidades locales, y las dificultades de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos.

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El gobierno finlandés publicó el plan nacional de implementación de los ODS en febrero de 2017. El crecimiento económico y las oportunidades de negocios se resaltan en todo el plan. Varios grupos ciudadanos han criticado este enfoque, ya que no va a reducir la desigualdad global ni ayudará a conservar los recursos naturales para las generaciones futuras.
¨La economía debe ser una herramienta que permita el logro del crecimiento sostenible y el bienestar no debe ser visto como un valor absoluto en sí mismo" sostienen. Las organizaciones finlandeses de la sociedad civil destacan que la responsabilidad social y ecológica empresarial requiere, además de diálogo, una legislación vinculante. Francia y los Países Bajos han legislado recientemente que las empresas activas en estos países deben hacerse cargo de los derechos humanos a lo largo de la cadena de producción. Finlandia debe seguir este ejemplo tan pronto como sea posible. Actualmente la responsabilidad social y económica juegan un papel marginal en el plan de implementación. Además de los impactos ecológicos los temas de derechos humanos deben ser tomado más en cuenta y de manera efectiva.

Una coalición global de organizaciones de la sociedad civil y de sindicatos presenta hoy en Nueva York el informe "Spotlight 2017" sobre desarrollo sustentable, coincidiendo con la apertura del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. El informe brinda una evaluación independiente exhaustiva y amplia sobre la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

"En la Agenda 2030 los gobiernos se comprometieron a revitalizar una asociación mundial entre los Estados y declararon que las finanzas públicas tienen que desempeñar un papel esencial en el logro de los ODS. Pero en décadas recientes, la combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales."

Sarah Makau, Kenia

"Lo que nos tenemos que preguntar es: ¿Tenemos en África control de nuestros recursos ó estamos enredados en este sistema global de acumulación que fue traído durante el colonialismo? ¿Cómo podemos escapar de esa esclavitud?" Resumió Mela Chiponda, participante de la Segunda Escuela Feminista Anual WoMin, organizada por Netright Ghana.

"No teníamos títulos de propiedad, la tierra no estaba delimitada, nadie conocía la superficie de sus fincas, así que cuando nos enteramos de esto, el gobierno entró y empezó a demarcar y hubo una pausa en las actividades mineras. Pero estamos preocupados. Te sientes como que hemos arrinconado a un león que está esperando en el pasto", dijo Sarah Makau, de Kenia.

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