Foto: UNHCR/S. Malkawi

Varios retos obstaculizan la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Líbano. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012, el presidente libanés Tamam Salam identificó a los problemas humanitarios causados por la crisis de los refugiados de Siria como uno de los mayores retos para el desarrollo. Sin restarle importancia a esto, el país se enfrenta desde antes a una crisis política y socioeconómica que se refleja en la alta tasa de desempleo y de personas marginadas. Por lo tanto, es importante destacar que la guerra de Siria ha puesto de manifiesto los problemas estructurales y sistémicos del Líbano y los agrava.

Hasta el momento, el Líbano no tiene una estrategia nacional para el desarrollo sostenible ni un plan económico nacional, ni una estrategia de reducción de la pobreza. Según el informe anual de 2014 del secretario general de la Unión Parlamentaria Internacional, "el Parlamento libanés informó que la Iniciativa para el Desarrollo Sostenible estaba en el orden del día de la Comisión de Obras Públicas para el periodo 2009-2010. Las inestabilidades políticas actuales, sin embargo, obligaron al Parlamento a cambiar sus prioridades. "El mismo informe indica que el Parlamento no ha sido informado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y no se ha tomado ninguna medida para discutirlos.

El conflicto en Siria representa un fallo catastrófico del "sistema internacional" en cuanto al mantenimiento de los derechos humanos básicos, la paz y la estabilidad. No ha logrado reducir la escalada del conflicto y mucho menos crear procesos eficaces de mediación para llegar a una solución decente. El conflicto ha destruido gran parte de la estructura económica del país, reduciendo severamente los recursos y el capital humano y social, la gobernabilidad y la economía. Las prioridades económicas cambiaron ya que todos los actores implicados han reasignado recursos para alimentar la violencia y sus actividades relacionadas. Esto ha llegado junto a la ausencia del estado de derecho, los derechos de propiedad y la rendición de cuentas, además del aumento de la corrupción. Se generaron nuevos actores y/o cambiaron el comportamiento de los actores anteriores para integrarse a las nuevas reglas del juego: las de imponer por la fuerza la hegemonía y la construcción de nuevas políticas económicas para sostener el conflicto. La eficacia y la equidad, como objetivos de la política económica, han disminuido a medida que las autoridades sacrificaron los objetivos y logros básicos de desarrollo para servir a la nueva dinámica de "desarrollo al revés”.

Foto: DECIDAMOS

Paraguay enfrenta fuertes desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen como foco la reducción de las desigualdades y que se vinculan de manera directa con la producción y el crecimiento. El derecho a la salud está pendiente y la protección social es todavía un derecho a impulsar.Si bien hay un mejoramiento sistemático de los indicadores de la última década, este resultado positivo fue lento. Luego de más de una década de crecimiento económico, las oportunidades perdidas en materia de bienestar, transformación productiva y justicia tributaria colocan al país en condiciones poco favorables para cumplir los ODS. La protección social es todavía un derecho a impulsar.

La ayuda al desarrollo está canalizada cada vez más a través instituciones financieras al desarrollo. Estas instituciones nacionales están particularmente solicitadas cuando se utiliza el dinero de ayuda al desarrollo para liberar aún más inversión. Cuando están bien utilizadas, estas herramientas tienen el potencial de permitir el desarrollo de los sectores de la economía de los países que, de otro modo, no atrajeran la inversión para fortalecerse y ampliarse. Sin embargo, esta publicación presenta una serie de deficiencias alarmantes en cómo operan estas instituciones que pueden impedir a los objetivos internacionales de desarrollo.

Este nuevo informe titulado ‘La eficacia del desarrollo en lo relativo al apoyo del sector privado con fondos AOD’ examina nueve Instituciones de Financiación del Desarrollo (IFD). Cinco estudios de casos sirvieron de base para el estudio, que encontró que las prácticas de las IFD resultan inadecuadas en relación con tres áreas esenciales:

Bulgaria ha recorrido un largo camino desde su turbulenta transición política y económica en la década de 1990 hasta convertirse en miembro de la Unión Europea (UE) en enero de 2007. Hoy es una economía de ingreso medio alto de 7,2 millones de personas con un ingreso per cápita de 7.420 dólares (INB per cápita, 2014). Sin embargo, desde el año 2008, el crecimiento económico ha sido lento y la mejoría del 40% de la población con menores ingresos ha sido leve. Apoyándose en una gestión macro-fiscal prudente, el país resistió la crisis económica mundial con reducidos desequilibrios y un nivel de deuda pública sano (27,6% del PIB en 2014). Sin embargo, la convergencia se ha desacelerado y el ingreso per cápita es ahora solo el 45% de la media de la UE en 2013. Según datos de Eurostat, en 2014 Bulgaria ocupaba el segundo lugar en cuanto a tasa de riesgo de pobreza-o-exclusión social. La crisis y las medidas adoptadas para congelar los ingresos exacerbaron la desigualdad social y las posibilidades de que casi la mitad de la población pueda salir de la trampa de la pobreza y la exclusión social. Ante esta situación, ¿qué se debe hacer para implementar la Agenda 2030?

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