El presente y el futuro de los derechos económicos y sociales en Reino Unido dependerán considerablemente de las consecuencias legales y políticas de la salida de la Unión Europea.

En los últimos años, se han realizado cambios significativos en el estado de bienestar con la Ley de Reforma del Bienestar 2012 y la Ley de Reforma y Trabajo Social de 2016. Las reformas se justificaron por dos motivos: para reducir el déficit y eliminar la dependencia de los subsidios y facilitar el acceso al trabajo. Sin embargo, varios estudios han proporcionado evidencia sólida de que las reformas no están dando los resultados esperados, mientras que un gran número de hogares ha visto disminuir su nivel de acceso a los derechos a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado.

Foto: Agaron Adibekyan (Sociometr)

El gobierno armenio busca liberalizar las actividades socioeconómicas y políticas respetando los derechos humanos y la igualdad de género, sostiene el informe nacional de Social Watch. En los últimos 15 años, la tasa de pobreza ha descendido del 51% al 26,5%, pero la tasa de desempleo no ha cambiado, lo que sigue siendo uno de los principales factores que impulsan la migración laboral. Veintitrés por ciento de las familias armenias cuenta con familiares fuera del país: 20 por ciento en Rusia y 3 por ciento en Europa.

Según el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, a pesar de un cierto crecimiento de la economía, el nivel actual de ingresos apenas permite a las familias cubrir los gastos de alimentos, ya que el salario mínimo no toma en cuenta las necesidades de atención médica, educación, vacaciones o actividades culturales.

La inclusión en la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 de “construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación” es un logro para los países en desarrollo. Para implementarlo se necesitan políticas industriales activas.

La Agenda 2030 incluye como Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (SDG 9) el compromiso de “construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. La entrada de este objetivo en la Agenda 2030 es un logro para los países en desarrollo que varían considerablemente en términos de población, ingresos, tamaño y estructura económica, sistema político y cultura, pero comparten la característica común de un sector industrial subdesarrollado. Para implementar el SDG 9 se necesitan políticas industriales activas que tengan en cuenta aspectos de desigualdad y sostenibilidad.

"Los ODS no son un tema de los países en desarrollo que solamente afectan a Francia en sus relaciones exteriores. También son relevantes para las políticas nacionales francesas" sostiene el informe alternativo francés sobre la Agenda 2030.

Los objetivos que corren el riesgo de no cumplirse en Francia se refieren sobre todo a cuestiones económicas y sociales como el empleo, la pobreza, las desigualdades en materia de educación, la igualdad de género y la asistencia oficial para el desarrollo.

En el contexto del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, plataforma internacional de seguimiento a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la organización Social Watch, en alianza con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, lanzó el informe Spotlight 2017.

Este aporte brinda una evaluación independiente sobre la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en el mundo, a partir de informes nacionales y análisis elaborados por representantes de organizaciones de la sociedad civil que observan los ODS, desde sus distintas miradas y especialidades. “La combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales”, afirma el documento.

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