El evento "Realizing a vision for transformative development" se llevó a cabo el 9 de diciembre en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo.

Roberto Bissio, coordinador de Social Watch, destacó en el evento, que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que es esencial eliminar los obstáculos para la cooperación al desarrollo.

Foto: DECIDAMOS.

Organizaciones sociales se movilizan en defensa de los derechos humanos exigiendo su plena vigencia. Además denuncian que a 24 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, los cómplices, encubridores y responsables de los crímenes cometidos durante el período 1954-1989 siguen impunes, disfrutando de los bienes mal habidos, mientras las víctimas, sus familiares y el pueblo empobrecido sufren aún las consecuencias del terrorismo de Estado implantado durante el último período dictatorial.

La criminalización de las luchas sociales se expresa en varios ámbitos de la lucha social, pero sin duda tiene su expresión más aguda en el conflicto por la tierra; a la fecha suman ya  132 los campesinos asesinados desde el advenimiento de la “democracia” y 2 en los primeros 100 días del Gobierno colorado de Cartes. Una muestra de esta criminalización son las imputaciones de dirigentes campesinos y sindicales, las represiones permanentes en movilizaciones reivindicativas.

La minería a cielo abierto se ha convertido en uno de los más graves problemas del país, que amenaza la economía, el entorno ecológico, los derechos humanos e incluso la vida de poblaciones enteras.

Diversos grupos sociales, organizaciones y pueblos que han sufrido los efectos de las mineras que a cambio de ganancias inmediatas, destruyen el futuro de comunidades y ecosistemas enteros, se han dado a la tarea de formular una nueva Ley Minera, que actualice la expedida en 1992 y regule adecuadamente las concesiones mineras protegiendo los recursos nacionales pero priorice la sustentabilidad, la vida y los bienes culturales de las comunidades y pueblos.

El detonante de la manifestación de unos 1,200 indígenas de varias etnias en Brasilia fue el borrador de proyecto de una ordenanza que el Ministerio de Justicia estaría produciendo. El grupo protestaba contra lo que considera otra iniciativa del Gobierno Federal para hacer descarrilar la demarcación de las tierras indígenas. La presidenta Dilma Rousseff no estaba en su lugar.

Se presentó el informe “Social Watch Bengala Occidental 2013” sobre las actuaciones de la Asamblea Legislativa de ese Estado de la India, que se basa en el en el derecho de los ciudadanos a saber cómo sus representantes están cumpliendo sus funciones.

Social Watch Bengala Occidental, integrante de Social Watch India, organizó una discusión sobre la situación actual el 30 de noviembre de 2013. Shri Chittotosh Mukherjee, ex presidente del Tribunal Supremo de Kolkata y Mumbai, participó en la conferencia de prensa posterior a la presentación del informe, titulado “A study on 15th West Bengal Legislative Assembly”