Una declaración hecha pública hoy por la CSI y sus asociados en la Agrupación Global Unions, en vísperas de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que tendrán lugar este fin de semana (Washington, 11-13 de abril), insta a las instituciones financieras internacionales (IFI) a tomar medidas concretas para dar seguimiento a su intención anunciada de prestar mayor atención a cuestiones como el empleo y las desigualdades.

La CSI ha tomado nota de que las previsiones de la última edición de Perspectivas de la economía mundial del FMI, publicada el jueves, apuntan a que el crecimiento económico se intensificará en 2014, en gran parte gracias a la “fuerte reducción del ritmo de ajuste fiscal”.

Ministros uruguayos en la reunión de Social Watch. Foto: Wolfgang Obenland.

Existen alternativas a los programas de austeridad, concluyen las organizaciones y redes de la sociedad civil de todo el mundo que se reunieron en Montevideo, convocadas por Social Watch para discutir estrategias para enfrentar las múltiples crisis globales. En la apertura de nuestros debates, los ministros uruguayos de Interior, Eduardo Bonomi, de Trabajo, José Bayardi, y de Desarrollo Social, Daniel Olesker, explicaron la forma en que se las arreglaron para erradicar la pobreza extrema, reducir las desigualdades y crecer al mismo tiempo. Vea el video aquí.

¿Son coherentes las políticas de promoción de la Marca España con las políticas de cooperación al desarrollo en términos de equidad de género? ¿Son compatibles los incentivos públicos de internacionalización de las empresas españolas con las propuestas de cooperación al desarrollo pro equidad de género? 

En esta publicación de la Plataforma 2015 y más, las autoras Julia Espinosa y Begoña Gallardo analizan cuáles son los avances y retos en la promoción de un desarrollo internacional pro equidad de género desde un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo.

En el marco del 150° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT), juntamente con sus abogados, y representantes del Estado Paraguayo, fueron convocados por la CIDH a una Reunión de Trabajo.  El objeto de dicha convocatoria fue analizar la situación y avances sobre las Medidas Cautelares solicitadas (MC- 54-2013 “Pueblo Indígena Ayoreo Totobiegosode y su grupo en aislamiento en el Paraguay).

Los dirigentes Ayoreo Totobiegosode expusieron la realidad de los hechos que hoy afectan al conjunto de su pueblo; refirieron que los ganaderos desmontan todo el entorno de su patrimonio, que fincas ya aseguradas y reclamadas por ellos están siendo intervenidas por personas extrañas, quienes depredan sus recursos sin que el Estado paraguayo los proteja y cautele sus derechos. Indicaron que sus parientes del monte, los Totobiegosode que viven en estado de aislamiento, se hallan en estado de peligro y corren serio riesgo de perder sus propias vidas. Los abogados Duarte y Berraondo señalaron que la situación de los Ayoreo Totobiegosode y su gente en aislamiento es cada vez más grave. Afirmaron que, urge prevenir, y evitar, la violación de los derechos humanos de este pueblo indígena.

Protesta estudiantil en Santiago. (Foto: Hans Peters/Flickr/CC)

El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, miembro de Social Watch en Chile, presenta sugerencias para la reconstrucción del sistema nacional de educación públicas. Revertir la privatización de la educación pública chilena. Quitándole el disfraz de mercancía con que se le ha pretendido cubrir a la fuerza desde el Estado. Reduciendo la parte del presupuesto educacional destinada a subsidios a la demanda. Reemplazándola con creces por asignaciones directas a los establecimientos. De este modo se esfumarán los incentivos al lucro. Se podrá restablecer una relación laboral para el magisterio, académicos e investigadores, que se asemeja al funcionariado público. Ésta ha demostrado ser la más adecuada para este ámbito de la vida social. Todo ello en el marco de un plan nacional, elaborado con amplia participación ciudadana. Que permita en un plazo razonable ofrecer a todos, en cada lugar, acceso a una educación pública, gratuita y de excelencia. Concebida como un sistema que integre todos los niveles y no discrimine por ningún concepto. Satisfecha de este modo la demanda general, el Estado seguirá autorizando, regulando y aún apoyando, la existencia de servicios educacionales particulares. Como siempre se ha hecho en Chile.