Por Roberto Bissio^*

El mensaje no pudo haber sido más claro: “nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas”.

La pandemia de COVID-19 es una crisis de salud global (con importantes consecuencias financieras y económicas), pero las organizaciones internacionales, comenzando con la Organización Mundial de la Salud (OMS), "todavía no cuentan con los fondos suficientes para responder rápidamente a la aparición de enfermedades peligrosas y para evitar que se propaguen a pandemias mundiales", argumentan Jens Martens y Bodo Ellmers, del Global Policy Forum en un documento informativo publicado el pasado 18 de marzo^*. Es probable que la gente en la mayoría de los países del Sur Global sufran su impacto aún más y por lo tanto "para evitar que la crisis del coronavirus se convierta en un crisis mundial de desarrollo, la solidaridad no debe terminar en las fronteras nacionales".

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió que las economías de la región sufrirán las consecuencias negativas de la pandemia a través de varios canales.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, advirtió hoy que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009, y que los países latinoamericanos y caribeños no estarán ajenos a ellos, ya que serán impactados a través de varios canales.

Ollivier de Sutter, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación (2008 a 2014) fue votado por el Consejo de Derechos Humanos en su sesión del 13 de marzo como Relator Especial sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema, a partir del 1 de mayo.

Al comentar sobre su nombramiento, De Sutter escribió: “Un giro irónico de la historia: en mayo de 2008, inauguré mi mandato como Relator Especial sobre el derecho a la alimentación en un contexto de crisis sin precedentes, con una explosión en los precios de los alimentos vinculada a una suba al máximo del petróleo y a la especulación en los mercados, así como a restricciones en las exportaciones de productos alimenticios ... Doce años después, este nuevo nombramiento llega en un momento en que se avecina una importante recesión económica, con una cadena de cierre de empresas, pérdidas masivas de empleos, y un aumento de la pobreza que encuentra exhaustos a los sistemas de protección social.

Chipre también sufre una tensión entre las respuestas urgentes a la crisis económica y financiera y sus compromisos de desarrollo sostenible. Como miembro de la Unión Europea, Chipre debe implementar los conceptos de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) y Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPSD), pero ninguno de estos se menciona en el Informe Nacional Voluntario oficial, que de hecho omite todo el ODS 17 (sobre implementación).

Según el informe alternativo de Charalambos Stergiou, Yolanda Frangou y Charalambos Vrasidas, de CAR-  DET / Universidad de Nicosia, “como resultado de las estrictas medidas de austeridad implementadas desde marzo de 2013, se suspendió la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Cyprus Aid” y “Chipre no tienen mecanismos de coordinación sobre CPD dentro de la administración nacional y no hay participación en CPD por parte del Parlamento de Chipre, la sociedad civil o el sector privado”.