Decidamos presenta el estudio Mujeres rurales y autonomía económica. Obstáculos de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar para aumentar su autonomía económica y reducir las brechas de género sobre la situación de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar campesina.

En el estudio se identifican los principales nudos de tensión que se interponen al empoderamiento de las mujeres, al desarrollo de su autonomía económica y, en última instancia, al ejercicio de una ciudadanía plena, libre de las trabas impuestas por la discriminación y la subordinación implicadas en las relaciones de género.

El trabajo tiene por objetivo analizar y describir la situación de las mujeres ocupadas en la agricultura familiar campesina en relación con su autonomía económica, explorando factores que pueden aportar claves interpretativas para comprender la especificidad de la problemática, desde el género, pero más allá del mismo, contextualizando en las realidades concretas de las mujeres.

En Filipinas, la preparación del informe oficial 2019 catalizó un proceso de consulta con múltiples partes interesadas al que se invitó a algunas organizaciones de la sociedad civil, como Social Watch Filipinas (SWP). SWP convocó un proceso de consulta más amplio para producir aportes al informe oficial y un informe independiente de la sociedad civil.

Filipinas es actualmente una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con un PIB que creció entre el 6 y el 7 por ciento en 2018 y aumenta a un promedio de casi el 5 por ciento anual en la última década, pero esas cifras coexisten con una alta tasa de pobreza, una situación paradójica llamada “crecimiento sin empleo”.

La Agenda 2030 y los 17 objetivos a la que va vinculada se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tratados internacionales sobre derechos humanos, la Declaración del Milenio y en Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005. La Agenda reconoce que confiar solo en el crecimiento económico dejará sin atender a los más rezagados. Su visión transformadora es precisamente atender a estos en primer lugar, empoderar a los más desfavorecidos, y acabar con todas las formas de pobreza de aquí a 2030.

La protección social es crucial para hacer realidad esta visión, y está estipulado en la meta 1.3 del ODS 1. Si se diseña adecuadamente, la protección social consigue prevenir y reducir de forma efectiva la pobreza y la desigualdad. Una cobertura garantizada de protección social mejora la nutrición y el acceso a servicios básicos, con lo que puede romper el círculo vicioso que lleva a la pobreza y su transmisión de una generación a la siguiente.

En la India, el tema principal del informe oficial es cómo el rápido crecimiento económico ha reducido drásticamente la pobreza. Un estudio de 2018 respalda esta afirmación diciendo que la pobreza extrema está disminuyendo en India a un ritmo de 44 personas por minuto como resultado de lo cual, desde mayo de 2018, la India afirma que ya no tiene el mayor número de personas pobres del mundo. A pesar de esta dramática reducción de la pobreza, más de 73 millones de indios aún viven por debajo del umbral internacional de pobreza. La mayoría de estas personas que subsisten con menos de 1,90 USD al día se encuentran en zonas rurales.

Pero mientras el número absoluto de pobres disminuye, la desigualdad aumenta rápidamente. Un informe de Oxfam de 2018 dice que el uno por ciento más rico de la India obtuvo el 73 por ciento de la riqueza nacional generada en 2017.

En Finlandia, el informe alternativo de Fingo, la asociación de ONG de desarrollo finlandesas, concluye que «los conflictos de intereses entre los actores conducen a decisiones donde una ventaja económica a corto plazo eclipsa la sostenibilidad a largo plazo».

El gobierno de Finlandia se felicita por estar «entre los primeros en redactar un plan de implementación nacional, iniciar un presupuesto de desarrollo sostenible, establecer un sistema de monitoreo inclusivo y un panel de ciudadanos, y encargar una evaluación externa de la primera política nacional de la Agenda 2030 del mundo, el informe PATH2030 publicado en marzo de 2019». Sin embargo, el informe alternativo muestra que Finlandia no está consistentemente comprometida con un enfoque basado en los derechos humanos de la Agenda 2030, para garantizar que «nadie se quede atrás».

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