Los estadísticos de todo el mundo, reunidos en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo, volverán a hacer un balance de los progresos de los datos de los últimos doce meses en el mundo, impulsados en gran medida por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El informe oficial sobre cómo llenar los vacíos en el Marco de Indicadores Globales, una prioridad clara de la Comisión en 2018, muestra que, si bien se han logrado algunos avances, también hay temas estancados. Las brechas y tensiones persisten en la selección e interpretación de los indicadores, los datos para llenarlos, la selección de socios, el control del proceso y la propiedad de los resultados.

Estos enfrentamientos se remontan a las negociaciones sobre la Agenda 2030 y sus objetivos y metas, y han continuado a la hora de definir el marco de indicadores globales. Una edición especial del Global Policy Journal detalla la compleja dinámica de poder involucrada en este proceso. Los investigadores muestran que la selección de indicadores no depende únicamente de consideraciones técnicas, sino que, en última instancia, se remiten a cuestiones políticas y de prioridades en competencia entre una variedad de actores diferentes. Una propuesta, que se describe más adelante, sostiene que los sistemas estadísticos nacionales deben hacerse cargo de este proceso con urgencia y muestra cómo pueden hacerlo.

Los derechos humanos son también el punto de partida para la crítica de la sociedad civil a las políticas oficiales en México. Las organizaciones de la sociedad civil mexicana exigen coherencia entre la Agenda 2030 y las políticas gubernamentales en materia económica y energética. Afirman que la reforma en curso del sector energético prioriza las actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad en los territorios y sin las salvaguardias necesarias que protegen eficazmente el agua, el patrimonio biocultural, la salud de las personas y las comunidades. Como resultado del examen realizado en marzo de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomienda que el Estado mexicano tenga plenamente en cuenta sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y garantice la el pleno disfrute de los derechos reconocidos en él en la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional.

En Filipinas, con un enorme mandato para respaldarlo, el gobierno del presidente Rodrigo Duterte (referido localmente como ‘DU30’ porque esa sigla suena como ‘Duterte’ al ser leída en inglés) emprendió un objetivo a largo plazo consistente con la Agenda 2030, que promete poner fin a la pobreza para 2040 y construir una sociedad más justa, próspera, estable y pacífica a través del crecimiento económico inclusivo que tenga en cuenta los límites ambientales.

El año 2019 comienza lleno de incertidumbres y también de esperanzas. En un mundo rápidamente cambiante e impredecible, nuestra voz y las voces populares que reflejamos  y amplificamos deben ser escuchadas. Nuestros gobiernos y los poderosos del mundo deben rendir cuentas.

En 2019, como hemos estado haciendo desde la adopción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la red de Social Watch contribuirá al informe global Spotlight, difundirá los informes independientes de la sociedad civil y llevará sus conclusiones al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (FPAN).

El FPAN es la plataforma central de la ONU, mandatado por la Agenda 2030, para desempeñar “un papel central en la supervisión de una red de procesos mundiales de seguimiento y examen”. La próxima reunión ministerial del FPAN se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York. Allí se realizará una revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, 8, 10, 13, 16 y 17 (los llamados "objetivos políticos", incluyendo desigualdad, gobernanza e implementación).
El tema de este año será "El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad."

El Informe "Spotlight" 2018 profundiza en las políticas, los recursos y las acciones que serán necesarios para aplicar la Agenda 2030, basándose en parte en propuestas e ideas que ya se han debatido o intentado llevar a la práctica en diferentes partes del mundo. Destaca las políticas y los enfoques que se apartan de lo habitual y que dan prioridad a los derechos humanos y al respeto de los límites planetarios.

El informe 2018 consta de tres partes. La primera engloba artículos que resumen las principales conclusiones de las contribuciones a este informe y los mensajes de los informes nacionales de la sociedad civil. La segunda parte se centra en áreas transversales de reforma política que demuestran las interrelaciones entre varios ODS, la necesidad de "des-compartimentar" los enfoques políticos actuales y de promover políticas que sean verdaderamente coherentes en aras del desarrollo sostenible, los derechos humanos y la justicia de género. La tercera parte incluye 17 enfoques sobre los ODS que destacan una selección de ejemplos de buenas o malas políticas en función de objetivos específicos.

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