En Finlandia, el informe alternativo de Fingo, la asociación de ONG de desarrollo finlandesas, concluye que «los conflictos de intereses entre los actores conducen a decisiones donde una ventaja económica a corto plazo eclipsa la sostenibilidad a largo plazo».

El gobierno de Finlandia se felicita por estar «entre los primeros en redactar un plan de implementación nacional, iniciar un presupuesto de desarrollo sostenible, establecer un sistema de monitoreo inclusivo y un panel de ciudadanos, y encargar una evaluación externa de la primera política nacional de la Agenda 2030 del mundo, el informe PATH2030 publicado en marzo de 2019». Sin embargo, el informe alternativo muestra que Finlandia no está consistentemente comprometida con un enfoque basado en los derechos humanos de la Agenda 2030, para garantizar que «nadie se quede atrás».

Se ha promocionado la «revolución de los datos» como una herramienta vital para conseguir los ODS o, al menos, conseguir cuantificar mejor el avance. Se considera que es útil que los países tengan acceso a grandes volúmenes de datos para planificar, diseñar y ejecutar políticas públicas en general y de desarrollo en particular. Este capítulo resalta la inquietud reinante acerca de esta revolución y sugiere cómo cambiar la concepción de gobernanza global para la era digital.

En Hungría, la fijación de objetivos para 2030 no está determinada tanto por los ODS como por la propuesta del objetivo mucho más simple de alcanzar a Austria para esa fecha, tal como lo propuso el Banco Central de Hungría (MNB). Cuando Austria-Hungría se separó, hace un siglo, el ingreso nacional húngaro per cápita era un 85 por ciento del de Austria. En 2015, según datos del Banco Mundial, el ingreso per cápita de Hungría, medido en paridad de poder adquisitivo, era aproximadamente la mitad del de su vecino.

Las proyecciones optimistas del MNB se basan en el supuesto de que continúan las altas tasas de crecimiento actuales de más del 4 por ciento anual, duplicando los salarios nominales y asegurando el pleno empleo.

Guatemala tiene un desempeño macroeconómico admirable, con décadas de crecimiento económico continuo, baja inflación, déficit pequeño y una deuda pública total de menos de una cuarta parte del PIB. Sin embargo, el informe alternativo de ODS de CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas) muestra la coexistencia de esas envidiables figuras con «el abandono de la clase media, los pobres y los pueblos indígenas» como resultado de una «concentración masiva de activos productivos, comenzando con la tierra». La desigualdad de ingresos ha alcanzado un índice de Gini de 0.53, el más alto de Centroamérica y uno de los peores del mundo. Si bien la economía está en auge, gracias a las exportaciones agrícolas y las remesas de los migrantes, la pobreza afectaba al 59 por ciento de la población en 2018 (frente al 51% en 2006) y la pobreza extrema al 23 por ciento.

El impacto del cambio climático se está sintiendo en todo el mundo. Nadie escapa a sus efectos, pero los pobres en los países en desarrollo se llevan la peor parte. No es justo que aquellos que no han contribuido al problema del cambio climático sean los que más sufran y que, incluso a veces, paguen con sus vidas, sostiene Indrajit Bose, investigador de Third World Network (TWN). El mundo desarrollado, responsable histórico del cambio climático, tiene que asumir sus responsabilidades y cumplir sus compromisos de larga data para reducir las emisiones y facilitar a los países en desarrollo los medios financieros y tecnológicos así como los conocimientos y recursos necesarios para enfrentarse al cambio climático.

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