La nueva agenda de desarrollo, la Agenda 2030, representa una contradicción evidente: su literalidad aboga por alcanzar transformaciones tan profundas y complejas que no encajan con el paradigma dominante de desarrollo. La Agenda 2030 no puede ser considerada como un plan de gobierno global, ni como un consenso básico, ni mucho menos un documento de carácter jurídico que establezca acuerdos y obligaciones que fueran a dar lugar a acciones previsibles por parte de los distintos actores implicados. Tan sólo se trata de un agregado de demandas transnacionales, reflejo de las tensiones actualmente existentes entre los diferentes actores y sus distintas visiones del desarrollo1, de ahí sus numerosas contradicciones e insuficiencias. La Agenda 2030 es producto de un tiempo caracterizado por el agotamiento de un paradigma de desarrollo que no logra ya extender su completa dominación, y por la emergencia de temáticas, actores y evidencias que exigen una revisión en profundidad del mismo. 

Movilización contra la minería. (Foto: Upside Down World)

El Salvador es el primer país de América Latina y tal vez del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto. Social Watch El Salvador celebra la aprobación de la “Ley de Prohibición de Minería Metálica”, ya que es un triunfo de la lucha llevada a cabo por la sociedad salvadoreña que ahora cuenta con esta herramienta legal para defender la vida.

Sin embargo históricamente ha habido un vacío en la implementación efectiva de las leyes y los acuerdos que garantizan la protección del medio ambiente y de las zonas vulnerables. La sociedad civil salvadoreña demanda, además, una reforma fiscal integral con un combate efectivo a la evasión y elusión, garantizando así una efectiva financiación para el cumplimiento de los ODS.

TEl Gobierno ha declarado que es necesario un enfoque inclusivo del desarrollo para que las poblaciones más pobres y más vulnerables puedan ser integradas en los esfuerzos de desarrollo que implican el compromiso y la participación de todos los actores involucrados en el proceso. Para esto se requiere un plan claro para fortalecer las instituciones democráticas y la gobernanza participativa en el logro de los ODS que cuente con la participación de la sociedad civil en todos los niveles de implementación, tanto a nivel nacional como de base.

En este contexto las IFIs y la OMC deben respetar los espacios normativos para los PMA y los países en desarrollo, de manera que se pueda proteger la soberanía nacional en la toma de decisiones y la naturaleza misma del Estado con respecto al bienestar y la justicia redistributiva.

El lanzamiento de la declaración de la campaña global frente a las Asociaciones Público-Privadas (APP) tendrá lugar el miércoles 11 de octubre, en el marco de la semana de la reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

La declaración presenta nuestras preocupaciones sobre las APP, incluye ejemplos de los principales problemas que identificamos y realiza un llamado a la acción hacia las IFIs, los gobiernos y las organizaciones sociales. El Banco Mundial lidera actualmente la promoción de las APP a nivel global, como opción preferida para financiar proyectos de infraestructura social y económica y para la prestación de servicios, ¡por lo que es importante hacer oír nuestras preocupaciones la semana que viene!

En Paraguay persiste una situación de injusticia tributaria: personas y sectores de menores ingresos pagan más impuestos en relación a sus ingresos, en comparación a los sectores  de mayores ingresos.

“Quien gana más, pague más. Hacia una Justicia Tributaria” es una campaña que lleva adelante Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana con el objetivo de promover una mayor conciencia en la sociedad sobre el hecho de quienes generan más ingresos deben contribuir más. Cuando decimos Justicia Tributaria, nos referimos a que cada persona y cada sector de la economía debe aportar impuestos de acuerdo a su capacidad de pago.