La inclusión en la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 de “construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación” es un logro para los países en desarrollo. Para implementarlo se necesitan políticas industriales activas.

La Agenda 2030 incluye como Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (SDG 9) el compromiso de “construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. La entrada de este objetivo en la Agenda 2030 es un logro para los países en desarrollo que varían considerablemente en términos de población, ingresos, tamaño y estructura económica, sistema político y cultura, pero comparten la característica común de un sector industrial subdesarrollado. Para implementar el SDG 9 se necesitan políticas industriales activas que tengan en cuenta aspectos de desigualdad y sostenibilidad.

"Los ODS no son un tema de los países en desarrollo que solamente afectan a Francia en sus relaciones exteriores. También son relevantes para las políticas nacionales francesas" sostiene el informe alternativo francés sobre la Agenda 2030.

Los objetivos que corren el riesgo de no cumplirse en Francia se refieren sobre todo a cuestiones económicas y sociales como el empleo, la pobreza, las desigualdades en materia de educación, la igualdad de género y la asistencia oficial para el desarrollo.

En el contexto del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, plataforma internacional de seguimiento a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la organización Social Watch, en alianza con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, lanzó el informe Spotlight 2017.

Este aporte brinda una evaluación independiente sobre la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en el mundo, a partir de informes nacionales y análisis elaborados por representantes de organizaciones de la sociedad civil que observan los ODS, desde sus distintas miradas y especialidades. “La combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales”, afirma el documento.

Foto: PROVEA

Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país, sostiene un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos líder en América Latina y miembro de la coalición Social Watch de Argentina. El gobierno venezolano no protegió el derecho a la vida y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra el país. "La situación exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a Venezuela en una salida soberana de la crisis," sostiene CELS.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”, el gobierno de Colombia plantea que los sectores minero-energético, de hidrocarburos y transporte, jugarán un papel clave para garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo ya que generará importantes recursos para financiar las inversiones que sirvan para la consolidación de la paz y la lucha contra de la desigualdad. Sin embargo, "estos mismos sectores productivos han sido uno de los principales focos de conflictividad social en el país por sus impactos en los derechos humanos y en el ambiente", sostiene el informe nacional alternativo. Por ejemplo, el gobierno ha priorizado el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES) que presentan dificultades en la adquisición de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las comunidades locales, y las dificultades de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos.