Social Watch news

Foto: UNDG

Marruecos ha adoptado algunas políticas públicas que podrían permitirle cumplir los principales objetivos de la Agenda 2030, pero aun tiene que confrontar muchos retos para garantizar un desarrollo sustentable.

La experiencia marroquí muestra que si bien la Agenda 2030 establece objetivos y metas a nivel mundial, el desafío consiste en traducirlas al contexto nacional, con una estrategia diseñada para las prioridades locales. Un gran obstáculo para el logro de los ODS es la persistencia del gobierno de Marruecos en políticas neoliberales (privatizaciones de servicios públicos, incluso en educación y salud, austeridad y recortes presupuestales) como parte de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, el monitoreo y la evaluación con participación de la sociedad civil es crucial para el éxito de la Agenda 2030. Pero estas prácticas son poco frecuentes en Marruecos. De hecho, sólo un centenar de representantes de la sociedad civil participaron en la consulta nacional, que no duró más que un día. Dado el número de organizaciones sociales en Marruecos (alrededor de 90.000), el proceso de consulta está lejos de ser inclusivo y participativo.

La aprobación de la Agenda 2030 por las Naciones Unidas coincidió con el cambio de gobierno en la Argentina y el rápido abandono de las políticas públicas impulsadas como salida a la grave crisis social, económica, institucional y política de 2001 y 2002. En los primeros seis meses de 2016, la Argentina ha vivido el pasaje de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento del mercado local, el proteccionismo comercial, la ampliación de derechos sociales y un rol activo por parte del Estado en la redistribución del ingreso a través de los impuestos a la exportación de productos agrícolas, hacia un modelo más afín a los principios del liberalismo económico, vinculado a las reglas del libre comercio, una inserción competitiva en el mercado global, un menor nivel de intervención estatal en el funcionamiento general de la economía y una reducción de los impuestos a la exportación de productos agrícolas.

Muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 se aplican a la situación interna de Alemania, en las áreas de educación, salud y seguridad social. Para cumplir con los ODS, Alemania debería, por ejemplo, reducir a la mitad las personas en situación de pobreza y aumentar la cantidad de jóvenes que completan la educación secundaria.

Otros objetivos se refieren a los efectos externos de las políticas económicas alemanas, que también exigen medidas internas con impacto inmediato sobre los países en desarrollo. Esto incluye los objetivos de reducción del uso de recursos, el cambio de modelos de consumo y producción insostenibles, así como una nueva relación con los migrantes y refugiados.

Finalmente, otros objetivos apuntan a la responsabilidad y la solidaridad internacional de Alemania. Además de las obligaciones tradicionales de cooperación, los ODS refieren también a las áreas del comercio, la inversión y las finanzas. La necesidad de actuar es urgente.

Foto: Google

La caída de los precios del petróleo, que es la principal exportación de Azerbaiyán, ha obligado a este país de asia Central a disminuir su presupuesto y recortar gastos. La coalición de Social Watch en Azerbaiyán examina como estas restricciones también pueden obstaculizar la financiación de iniciativas de desarrollo sostenible. La situación fiscal se ha deteriorado considerablemente a medida que los precios del crudo se desplomaban. El desmejoramiento de la balanza fiscal podría resultar en un aumento de la carga de la deuda pública y poner en peligro la viabilidad fiscal a largo plazo. El fondo soberano de Azerbaiyán, SOFAZ, tiene ahora limitadas ganancias provenientes de la venta de petróleo y, como consecuencia de ello, contribuirá menos a los ingresos del Estado, en tanto que la compañía petrolera y de gas estatal, SOCAR, canceló temporalmente sus planes para un nuevo complejo de refinación petrolera y petroquímica. Al mismo tiempo, el nuevo panorama de precios bajos del petróleo también ofrece una oportunidad para impulsar una nueva ola de reformas de la administración fiscal y pública en el país.

Debido al impacto duradero de la crisis financiera internacional y el consiguiente aumento de la pobreza y la inseguridad, y sobre todo a las amplias políticas de austeridad del gobierno, Italia se enfrenta a desafíos en muchos de las áreas abordadas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Incluso en el área que ha visto una tendencia positiva en los últimos años, el desarrollo de las energías renovables, se ha revertido el ciclo virtuoso desde 2015. En ausencia de un plan nacional de energía, las políticas del gobierno continúan fomentando los combustibles fósiles y grandes obras de infraestructura trabajan con nuevas reglas para eliminar controles ambientales. A esto se agrega una situación macroeconómica muy débil y recesiva.

Un área que podría reactivar el papel de Italia en la implementación de la Agenda 2030 es el de la cooperación internacional, gracias a la reciente nueva ley y hasta una pequeña señal de marcha atrás de la disminución del año anterior. Todavía tenemos que ver cómo se utilizarán los fondos y cómo la sociedad civil participará en los países en desarrollo. Pero el esfuerzo podría ser anulado si continúan las políticas de exportación de armas, que tuvieron un incremento de 300 por ciento en 2015, alcanzando un récord de más de 8.2 millones de euros en ventas desde la Segunda Guerra Mundial, incluso a países en guerra, pese a que las leyes nacionales lo prohíben explícitamente.

Foto: UNHCR/S. Malkawi

Varios retos obstaculizan la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Líbano. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012, el presidente libanés Tamam Salam identificó a los problemas humanitarios causados por la crisis de los refugiados de Siria como uno de los mayores retos para el desarrollo. Sin restarle importancia a esto, el país se enfrenta desde antes a una crisis política y socioeconómica que se refleja en la alta tasa de desempleo y de personas marginadas. Por lo tanto, es importante destacar que la guerra de Siria ha puesto de manifiesto los problemas estructurales y sistémicos del Líbano y los agrava.

Hasta el momento, el Líbano no tiene una estrategia nacional para el desarrollo sostenible ni un plan económico nacional, ni una estrategia de reducción de la pobreza. Según el informe anual de 2014 del secretario general de la Unión Parlamentaria Internacional, "el Parlamento libanés informó que la Iniciativa para el Desarrollo Sostenible estaba en el orden del día de la Comisión de Obras Públicas para el periodo 2009-2010. Las inestabilidades políticas actuales, sin embargo, obligaron al Parlamento a cambiar sus prioridades. "El mismo informe indica que el Parlamento no ha sido informado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y no se ha tomado ninguna medida para discutirlos.

El conflicto en Siria representa un fallo catastrófico del "sistema internacional" en cuanto al mantenimiento de los derechos humanos básicos, la paz y la estabilidad. No ha logrado reducir la escalada del conflicto y mucho menos crear procesos eficaces de mediación para llegar a una solución decente. El conflicto ha destruido gran parte de la estructura económica del país, reduciendo severamente los recursos y el capital humano y social, la gobernabilidad y la economía. Las prioridades económicas cambiaron ya que todos los actores implicados han reasignado recursos para alimentar la violencia y sus actividades relacionadas. Esto ha llegado junto a la ausencia del estado de derecho, los derechos de propiedad y la rendición de cuentas, además del aumento de la corrupción. Se generaron nuevos actores y/o cambiaron el comportamiento de los actores anteriores para integrarse a las nuevas reglas del juego: las de imponer por la fuerza la hegemonía y la construcción de nuevas políticas económicas para sostener el conflicto. La eficacia y la equidad, como objetivos de la política económica, han disminuido a medida que las autoridades sacrificaron los objetivos y logros básicos de desarrollo para servir a la nueva dinámica de "desarrollo al revés”.

Foto: DECIDAMOS

Paraguay enfrenta fuertes desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen como foco la reducción de las desigualdades y que se vinculan de manera directa con la producción y el crecimiento. El derecho a la salud está pendiente y la protección social es todavía un derecho a impulsar.Si bien hay un mejoramiento sistemático de los indicadores de la última década, este resultado positivo fue lento. Luego de más de una década de crecimiento económico, las oportunidades perdidas en materia de bienestar, transformación productiva y justicia tributaria colocan al país en condiciones poco favorables para cumplir los ODS. La protección social es todavía un derecho a impulsar.

Bulgaria ha recorrido un largo camino desde su turbulenta transición política y económica en la década de 1990 hasta convertirse en miembro de la Unión Europea (UE) en enero de 2007. Hoy es una economía de ingreso medio alto de 7,2 millones de personas con un ingreso per cápita de 7.420 dólares (INB per cápita, 2014). Sin embargo, desde el año 2008, el crecimiento económico ha sido lento y la mejoría del 40% de la población con menores ingresos ha sido leve. Apoyándose en una gestión macro-fiscal prudente, el país resistió la crisis económica mundial con reducidos desequilibrios y un nivel de deuda pública sano (27,6% del PIB en 2014). Sin embargo, la convergencia se ha desacelerado y el ingreso per cápita es ahora solo el 45% de la media de la UE en 2013. Según datos de Eurostat, en 2014 Bulgaria ocupaba el segundo lugar en cuanto a tasa de riesgo de pobreza-o-exclusión social. La crisis y las medidas adoptadas para congelar los ingresos exacerbaron la desigualdad social y las posibilidades de que casi la mitad de la población pueda salir de la trampa de la pobreza y la exclusión social. Ante esta situación, ¿qué se debe hacer para implementar la Agenda 2030?

India es una de las economías emergentes del mundo, con un crecimiento impresionante. Este crecimiento ha aumentado el ingreso de una parte muy pequeña de la población del país, que tiene el mayor número de pobres en el mundo. Todavía millones de niños están fuera de la escuela, muchos no llegan vivos a la edad de cinco años y muchas madres mueren durante el parto. El país enfrenta los retos de las desigualdades sociales y económicas, el crecimiento económico centrado en las ciudades y la reducción de espacios cívicos. Si bien el crecimiento económico ha creado una gran clase media, aún está por "derramar" a los pobres rurales, los agricultores y las personas pobres y marginadas, incluidos los dalits (castas registradas) y adivasis (tribus reconocidas), que constituyen el 25% de la población. Hay un vivo debate sobre las consecuencias de actividades como la minería que destruyen los bosques y el medio ambiente y sus implicancias para el cambio climático. Por un lado, el crecimiento económico proporciona recursos para una mayor inversión hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por otro, el modelo de crecimiento urbanocéntrico y el aumento de los casos de tráfico de influencias tienen como resultado el aumento de la desigualdad y la pérdida de calidad de la democracia y plantean el desafío de lograr la Agenda 2030 y sus ODS.

Syndicate content