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¿Es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible compatible con el proyecto neoliberal? Lo que sucede en España es precisamente un laboratorio práctico sobre cómo las instituciones, los partidos políticos y la ciudadanía se están planteando responder a esa pregunta. El país tiene cuestiones evidentes para alcanzar algunas metas de la Agenda 2030. Se le reconoció su apuesta por el reconocimiento de las libertades y derechos en materia de igualdad, dispone de condiciones geográficas, climáticas y desarrollo tecnológico para abordar transiciones energéticas hacia modelos basados en recursos renovables, su desafío en materia de empleo es de tal dimensión que sugiere la necesidad de explorar políticas y mecanismos de transformación productiva, el margen fiscal es amplio teniendo en cuenta su baja recaudación impositiva en relación a los países de su entorno, y las tasas de pobreza y desigualdad nacionales exigen priorizar políticas específicas para su reducción.

El gobierno federal liberal recientemente electo en Canadá se ha comprometido a trabajar para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible "tanto en casa como en el extranjero”, pero hereda un país moldeado profundamente por las políticas económicas y sociales conservadores de la década pasada, y tendrá que superar los retos planteados por un muy mermado gobierno federal, desigualdad social y de ingresos, y una economía basada en el crecimiento de la riqueza en lugar de los salarios con el fin de cumplir con su compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aunque en marcado contraste con su antecesor conservador, el actual gobierno se ha comprometido a reanudar el gasto deficitario, el gasto del plan federal se mantienen en un mínimo histórico: se sitúa en el 13 por ciento del PIB, su nivel más bajo en los últimos 60 años.

La incorporación de la Agenda 2030 y los ODS al plan de desarrollo nacional – XI Plan de Malasia 2016-2020 -y el enfoque malayo de los ODS, muestran las mismas influencias neoliberales, objetivos y agenda, de todos los planes de desarrollo desde 2009. ¿Va a desmentir/contradecir los mismos fetiches del PIB o estratagemas corporativas/de mercado en vez de planes reales de desarrollo socio-económico? ¿Bajo el disfraz de «racionalización» e «integración» de recursos limitados, de programas de financiación y de colaboración se empaquetan planes de ajuste estructural y de austeridad? ¿La crisis imaginaria bajo la "trampa de renta media" seguirá ocupando la agenda política, en oposición a la crisis real de la creciente brecha de ingresos entre los pocos que tienen y los muchos que no tienen?

El principal desafío en la implementación de la Agenda 2030 en Finlandia será la integración de los principios y objetivos de desarrollo sostenible en todas las políticas internas del país, incluidas las políticas relacionadas con los países en desarrollo. El compromiso político real/genuino es un requisito previo para la implementación de la Agenda 2030 de manera amplia y coherente en toda la administración pública. Los diferentes actores tienen que estar comprometidos y también asumir su responsabilidad en la implementación de los objetivos.

Foto: CONGCOOP.

Guatemala llegó al 2015 sin cumplir uno solo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 es indispensable la voluntad estatal, acompasada en transformaciones políticas y presupuestarias y con protagonismo de las organizaciones sociales.

Hasta ahora, solo se han expresado buenos deseos. Una larga lista de falencias deben ser enfrentadas o tampoco se cumplirán los ODS en el año 2030.

¿Se puede catalogar a Francia como “país desarrollado", cuando el 8 por ciento de la población vive en la pobreza y su modo de producción y consumo están agotando los recursos del planeta? Los países no deben ser valorados solo por el PIB, sino también por su sostenibilidad ambiental y el acceso a los derechos humanos de todos sus ciudadanos.

A pesar de que Francia es la sexta economía mundial, muchas personas tienen que soportar la violencia de la pobreza y las desigualdades que debilitan la cohesión social y la democracia.

Marcha contra la violencia y
femicidio. (Foto: CEM-H)

Honduras se ha comprometido a implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y este compromiso resulta esencial para superar la violencia generalizada que se vive en el país. Honduras es el país de América Latina con mayor inequidad económica y también el más violento de todos los países del mundo que no se encuentran en guerra.

La vida de las mujeres es especialmente riesgosa. Más de 18 mil mujeres y niñas denunciaron violencia sexual entre 2010 y 2015 y solo obtuvieron sentencias condenatorias menos del 6% de los casos. Por este motivo, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas para el 2030 como plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 será un gran desafío.

Palacio de las Naciones en
Bruselas, sede del Parlamento
Federal belga. (Foto: Gobierno
belga)

Bélgica declaró en setiembre de 2015 que la Agenda 2030 dará un nuevo impulso al compromiso mundial con los derechos humanos, los derechos LGBT, los derechos de la mujer, el trabajo decente y el poder de la digitalización, concluyendo que el país estaba preparado para implementarla. Sin embargo, haciendo referencia principalmente a la cooperación internacional, no quedaba claro si Bélgica aceptó el reto de cambiar también su política nacional con el fin de alcanzar la Agenda 2030.

En setiembre de 2016 se va a establecer un marco estratégico nacional con la participación de todos los niveles de gobierno. Pero a mitad del camino en el primer año de ejecución, las medidas políticas necesarias permanecen distantes. Las organizaciones de la sociedad civil belga demandan una respuesta clara y urgente a los retos de la ambiciosa Agenda 2030 y un compromiso de desarrollar una estrategia integral y global que abarque tanto los asuntos internos como los externos.

Protesta contra el fracking

El marco jurídico mexicano en materia energética, reformado en 2013 y 2014, entraña obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de derechos humanos y el cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que da preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos “sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, estableciendo para ello una serie de disposiciones legales, con instituciones y procedimientos específicos favorables a los proyectos energéticos (públicos, privados, nacionales y trasnacionales), algunos de los cuales emplean técnicas tan nocivas como la fractura hidráulica (fracking), sujeta a prohibiciones o moratorias en muchos otros países. Esto constituye una regresión en términos de la protección de derechos humanos y medio ambiente, y a la vez compromete seriamente la consecución de los ODS.

El impacto negativo en los países en desarrollo del sistema de secreto bancario suizo, que fomenta la perjudicial evasión fiscal, la corrupción y los flujos financieros ilícitos, fue destacado por la sociedad civil suiza cuando presentó en las Naciones Unidas su informe sobre la Agenda 2030. "Suiza sigue acogiendo al mayor centro financiero offshore en el mundo", dice el informe alternativo de Alliance Sud. En 2015, los bancos suizos administraron activos extranjeros por un monto total de 2.300 millones de francos suizos.

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