México

Informe 2021

Informe luz de las Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicanas 2021

BCI & GEI 2011
noticias

Los derechos humanos son también el punto de partida para la crítica de la sociedad civil a las políticas oficiales en México. Las organizaciones de la sociedad civil mexicana exigen coherencia entre la Agenda 2030 y las políticas gubernamentales en materia económica y energética. Afirman que la reforma en curso del sector energético prioriza las actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad en los territorios y sin las salvaguardias necesarias que protegen eficazmente el agua, el patrimonio biocultural, la salud de las personas y las comunidades. Como resultado del examen realizado en marzo de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomienda que el Estado mexicano tenga plenamente en cuenta sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y garantice la el pleno disfrute de los derechos reconocidos en él en la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional.

La experiencia de las Revisiones Nacionales Voluntarias y de los informes sombra (spotlight) de la sociedad civil

Porqué son clave para la participación significativa y el cabildeo

El evento paralelo "Implementación de los ODS a nivel nacional: ¿Cuál es el objetivo de los informes nacionales?" se llevó a cabo el 17 de julio en Nueva York, durante la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU. El debate se centró en los informes voluntarios nacionales (IVN) y en los informes paralelos "sombra" o "spotlight" realizados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Han pasado más de 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) en 2006, y aunque en este período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, éste se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad. En este contexto, y con el ánimo de contribuir a la importante y urgente labor de supervisión del Comité DESC sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en México -en vigor en el país desde 1981- las organizaciones y redes de la sociedad civil que suscribimos este Informe Alternativo sobre DESCA ponemos a disposición información relevante sobre estos derechos, basada en la investigación, el seguimiento y la experiencia de trabajo de muchos años en su promoción y defensa, exponiendo tanto el estado que guarda su cumplimiento, como los obstáculos, los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que identificamos para la plena realización de los DESCA en México.

Crédito: Licencia Creative
Commons/Manuel

También en México, el agua es una inquietud importante . Cien organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto ante la ONU donde documentaron el modo en que las «políticas de privatización benefician a las industrias extractivas y los megaproyectos, en lugar de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales». A los usuarios con dificultades para pagar las tarifas más altas se les está negando el derecho humano al agua y, en muchos lugares, la calidad del agua distribuida se ha deteriorado tanto que, en Aguascalientes, el 95 % del agua que bebe la gente es embotellada. En el informe, se señala que los problemas con el agua afectan a las mujeres de manera desproporcionada. «Cuando existen problemas de poca disponibilidad, suministro irregular y/o calidad del agua, las mujeres destinan mayor tiempo a acarrearla hasta sus hogares, hervirla, filtrarla y hacer las gestiones con las autoridades, lo cual a menudo les implica hasta 30 horas adicionales de trabajo doméstico a la semana».

El Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México documenta las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo el país.

El informe detalla el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

El estado mexicano viola los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo el país, denunciaron más de cien organizaciones de la sociedad civil. Con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, estas organizaciones publicaron un informe sobre las principales fallas de las políticas públicas mexicanas. La mala calidad del agua ocasiona que en lugares como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada. Además se denuncian aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia y otras.

Protesta contra el fracking

El marco jurídico mexicano en materia energética, reformado en 2013 y 2014, entraña obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de derechos humanos y el cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que da preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos “sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, estableciendo para ello una serie de disposiciones legales, con instituciones y procedimientos específicos favorables a los proyectos energéticos (públicos, privados, nacionales y trasnacionales), algunos de los cuales emplean técnicas tan nocivas como la fractura hidráulica (fracking), sujeta a prohibiciones o moratorias en muchos otros países. Esto constituye una regresión en términos de la protección de derechos humanos y medio ambiente, y a la vez compromete seriamente la consecución de los ODS.

Al favorecer los megaproyectos por encima de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana, la reforma energética pone en peligro el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), según la organización Social Watch.

Con estos objetivos, los países miembros de las Naciones Unidas aspiran a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos en el mundo hacia el horizonte 2030.

De acuerdo con un informe que publicó la organización internacional, la reforma energética promovida por el presidente Enrique peña Nieto da prioridad a la inversión en megaproyectos, incluyendo a los que emplean “las técnicas más nocivas” para el ambiente, como la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica.

El pasado 19 de junio hemos sido testigos del actuar extremadamente violento del Estado Mexicano al reprimir al magisterio y la sociedad organizada en resistencia en diversas zonas del estado de Oaxaca incluyendo el Istmo de Tehuantepec, Nochixtlán y la ciudad de Oaxaca.

Como resultado del uso excesivo de la fuerza, han sido contabilizadas por lo menos seis personas fallecidas y decenas de personas heridas y detenidas. Hasta el momento no se conoce el paradero de las personas detenidas ni el número total de personas heridas y fallecidas. La atención médica no ha sido garantizada y la población civil ha tenido que generar puestos de atención emergente para atender a las personas heridas sin poder darse abasto. 

Foto: Cortesía de Oscar Rey,
de Altépetl, A.C.

DECA Equipo Pueblo, A.C. como punto focal de Social Watch en México, presenta la experiencia de Social Watch y las recomendaciones desde el Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en el evento Día nacional: Implementando la Agenda 2030 con perspectiva de inclusión social y económica" convocado por la Cancillería mexicana previo al trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que se celebra en México del 23 al 27 de mayo de 2016.

El panel "Lecciones aprendidas de los ODM y nuevos retos para la generación de datos desagregados sobre la medición de los ODS" tuvo como mensaje central la incorporación del enfoque de derechos humanos en la implementación, medición y evaluación de la nueva agenda de desarrollo mundial y mecanismos institucionalizados de seguimiento participativo a nivel nacional.

La Alianza Mexicana contra el Fracking responde a decisión de la CNH y la ASEA de entregar permisos para pozos en la Sierra Norte de Tamaulipas y los alrededores de Poza Rica, Veracruz. Además exige al gobierno federal abandonar técnicas de extracción dañinas y transitar hacía una economía libre de hidrocarburos

Las 43 organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), representativas de territorios en once estados de la República Mexicana, emitieron un pronunciamiento en rechazo a la decisión del pasado mes de febrero, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos (ASEA), de entregar a la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, los permisos necesarios para la apertura de tres campos exploratorios donde se pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica.

LEYENDA DE LA IMAGEN

DECA Equipo Pueblo, A.C. presenta comentarios y recomendaciones al documento de posicionamiento de México sobre el proceso de Financiación al Desarrollo. DECA Equipo Pueblo, A.C. resalta que desde 1996 es punto focal en México de la Red Internacional Social Watch, y que ha participado activamente en el proceso preparatorio de FfD rumbo a  la Cumbre de Monterrey de marzo de 2002, y también integró el comité organizador del evento alterno que celebramos entonces bajo el nombre de “Foro Global: Financiación para el Derecho al Desarrollo Sustentable con Equidad”, el cual congregó a más de 2500 personas provenientes de alrededor de 700 organizaciones de diversas latitudes del mundo.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reclama la prohibición de esta técnica de explotación de hidrocarburos, dadas las graves e irreversibles consecuencias. A pesar de la evidencia sobre daños acumulada a partir de más de diez años de proyectos de fracking en Estados Unidos, el gobierno mexicano no ha prestado atención a los reclamos de la sociedad civil y las poblaciones afectadas o a punto de ser afectadas por este tipo de pozos en el país. Por el contrario, de manera irresponsable desestima los riesgos del fracking y entre mayo y septiembre comenzará a entregar contratos para realizar fracking en México.

La Alianza Mexicana contra el Fracking exige a se detengan los contratos y señala que la guía oficial de criterios ambientales tiene carácter optativo y no protege a la población de los efectos del fracking.

La Misión Civil de Observación (MCO) de la consulta a la Tribu Yaqui presenta un informe actualizado sobre el proceso de consulta del Acueducto Independencia en el que señala el nivel de cumplimiento de los criterios establecidos para que ésta sea de manera previa, libre, informada y de buena fe.

La MCO está constituida por un grupo de organizaciones que monitorean y realizan seguimiento de las sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de México que mandató realizar la que será la primera consulta oficial que se realiza en el país por motivos de la construcción de un mega proyecto y que se dirigirá a la Tribu Yaqui. El objeto de esta consulta es identificar si la operación del Acueducto Independencia afecta los derechos fundamentales de la Tribu Yaqui y constituye un requisito esencial para poder determinar la suspensión del proyecto “Acueducto Independencia en Sonora”.

DECA Equipo Pueblo y el gobierno de la ciudad de México a través del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal presentan un sitio web para Sistematizar Experiencias Ciudadanas de Incidencia en Política Pública.

El Toolkit Incidencia DF, es una Caja de Herramientas para sistematizar y difundir las experiencias de incidencia en políticas públicas que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han desarrollado en los últimos años en el Distrito Federal. El Proyecto se inscribe en los conceptos básicos de la incidencia en política pública, como una estrategia de las OSC, para influir en los distintos ámbitos o campos de actuación, entre los distintos órdenes de gobierno: Central o delegacional; frente a los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.

El desarrollo de la fracturación hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina por lo que no debe ser permitida.

En el marco del Día Mundial contra el Fracking (Global Frackdown)  organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertan sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.

Las iniciativas de leyes secundarias de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos propuestas por el Ejecutivo Federal tienen graves implicaciones para la población y el medio ambiente de nuestro país.

- La legislación prioriza la actividad petrolera y gasífera de las empresas privadas y las empresas productivas del Estado por encima de cualquier otro uso del territorio.

- El paquete de leyes presentado fragmenta y debilita la política ambiental aplicable a los proyectos de explotación de hidrocarburos.

- El Legislativo debe aprobar la iniciativa de Ley General para la prohibición de la Fractura Hidráulica y redactar leyes secundarias que sean en beneficio de la población y protejan el ambiente.

Organizaciones civiles y sociales exigen información clara sobre cambios en la participación de la iniciativa privada en el servicio de agua en la Ciudad de México.
 Proponen un debate público sobre el modelo de gestión del agua en el DF para priorizar el derecho humano al agua para el consumo personal y doméstico y cuestionan la eficiencia y la viabilidad de las empresas privadas en la solución de los problemas de acceso desigual al agua.

La minería a cielo abierto se ha convertido en uno de los más graves problemas del país, que amenaza la economía, el entorno ecológico, los derechos humanos e incluso la vida de poblaciones enteras.

Diversos grupos sociales, organizaciones y pueblos que han sufrido los efectos de las mineras que a cambio de ganancias inmediatas, destruyen el futuro de comunidades y ecosistemas enteros, se han dado a la tarea de formular una nueva Ley Minera, que actualice la expedida en 1992 y regule adecuadamente las concesiones mineras protegiendo los recursos nacionales pero priorice la sustentabilidad, la vida y los bienes culturales de las comunidades y pueblos.

El próximo mes de octubre el Estado mexicano acudirá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a presentar su informe México no ha dado cumplimiento a la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2009. Los casos de las sentencias de la Corte Interamericana siguen impunes.

Las organizaciones de la sociedad civil informarán permanentemente a medios de comunicación y a la sociedad en general del proceso rumbo al Examen Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dieron a conocer un informe conjunto en torno a la situación de los derechos humanos preparado en el marco de la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) a México, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre, en Ginebra, Suiza.

A 20 años de haberse llevado a cabo la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, Austria en junio de 1993, organizaciones civiles y sociales, redes, movimientos y defensoras y defensores de derechos humanos exigimos al Estado mexicano mostrar congruencia con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos subrayados entonces y reconocidos actualmente en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, adhiriéndose sin más demora al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Un rostro de la pobreza urbana
en ciudad de México: Familia que
-sin opciones- migra del campo.
(Foto: Marlon Berlanga)

El Informe gubernamental de avance 2010 sobre los ODM en México subraya que la mayoría de los indicadores asociados a los ODM y a sus metas mejoraron significativamente, afirmando haber cumplido con la mayoría y previendo cumplir el resto para 2015.

No obstante los avances, el Informe indica que aún queda un largo camino por recorrer: persiste la desigualdad en el ingreso y las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en que aún viven muchas familias; es necesario reducir la mortalidad materna, consolidar la equidad de género; sigue pendiente el reto vital del medio ambiente y un mayor crecimiento económico.

Desde la perspectiva de organizaciones civiles y sociales el panorama nacional de pobreza, desigualdad y violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pone en cuestión la efectividad de la política social que se ha venido implementando y revela las limitaciones del enfoque de los ODM. La administración federal que regirá al país de 2013 a 2018 tiene una oportunidad inmejorable de redefinir el rumbo.

Miembros actuales de la CAIP
de Puebla. (Foto: Congreso
Legislativo del Estado)

Un alto miembro del Congreso legislativo del estado mexicano de Puebla acogió de buen grado el pedido de que sean abiertas las audiencias en las que comparecerán los candidatos a integrar la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales local (CAIP), formulado por 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas DECA Equipo Pueblo (integrante de Social Watch), y 51 personalidades.

Cámara de Diputados de México

Un grupo de académicos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas DECA Equipo Pueblo (punto nacional focal de Social Watch), solicitó en una carta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de México que se apruebe la creación de una Comisión Especial para la Evaluación y Productividad Legislativa.

Arely Sandoval, firmante de
la carta.
(Foto: Revista Futuros)

“Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) reviste gran importancia para avanzar en el acceso a la justicia” de los ciudadanos que quieren hacer cumplir esos derechos “en México y el mundo”, indicaron, en una carta dirigida a la secretaria (ministra) de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, Patricia Espinosa Cantellano, 192 organizaciones de la sociedad civil.

El Colectivo por la Transparencia que integran 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana, ente ellas Equipo Pueblo (punto focal de Social Watch), prepara para el viernes 28 la Cuarta Feria de la Trasparencia, junto con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) y el gobierno de la capital de este país.

Sara Lovera. (Foto: SEMlac)

Legisladoras mujeres ocupan 37 por ciento de los escaños de la Cámara de Diputados que se instalará este sábado en México, lo cual constituye una oportunidad histórica para promover “compromisos” tendientes “al menos a acelerar el cierre” de la brecha de género, según la reconocida periodista Sara Lovera, quien calificó la situación de “grave” basándose sobre estadísticas de Social Watch, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Presentación de la Coalición
Ciudadana. (Foto: Telecracia.org)

Cerca de 200 personalidades de diversos ámbitos sociales, del arte y de la cultura de México y 126 organizaciones de derechos humanos, de defensa de la libre expresión, femeninas, sindicales y académicas, entre otros grupos de la sociedad civil, constituyeron la Coalición Ciudadana Democracia y Medios para inquirir a los candidatos presidenciales sobre los “altísimos grados de concentración” en los medios de comunicación nacionales. 

Un análisis de la inequidad de ingresos en América del Norte revela que México es el único país del continente donde la clase media ha avanzado al mismo tiempo que creció la economía, según un estudio del economista Lars Osberg, profesor de la Universidad Dalhosie e investigador del Centro Canadiense para las Alternativas Políticas (CCPA, uno de los puntos focales nacionales de Social Watch).

Senado de México

Decenas de organizaciones de la sociedad civil de México, entre ellas Deca Equipo Pueblo, A.C. (punto focal de Social Watch en ese país) se congratularon por la presentación este mes al Senado del proyecto de ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de meses de cooperación entre legisladores, activistas y expertos.

En materia de equidad de género México se encuentra por debajo del promedio latinoamericano  y varios pasos detrás de los países en mejor situación en la región.

Areli Sandoval en la apertura del
Foro. (Foto: Espacio PF-PIDESC)

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) han sido “históricamente relegados” en México por falta de “mecanismos para su adecuada protección y efectivo ejercicio”, coincidieron los participantes de un foro especializado que se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia de ese país. Los expertos advirtieron que esos derechos son “justiciables” y que es hora “de llevar ese reconocimiento a la realidad”.

El embajador Negrín recibe el
petitorio. (Foto:
Campaña PF-PIDESC)

Una coalición de 95 organizaciones y redes de la sociedad civil de México entregaron este mes a la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores una petición, respaldada por más de 18.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas. para que se firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), que establece procedimientos para exigir el respeto efectivo de esos derechos.

Fuente: Equipo Pueblo

El martes 14 de septiembre de 2010 comenzó la reunión del Comité Coordinador de la red internacional Social Watch en la Ciudad de México, de la cual Equipo Pueblo es Punto focal en México y el Espacio DESC grupo de referencia para esta red que vigila a nivel mundial el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos en materia de desarrollo social y sus obligaciones en derechos económicos, sociales, y culturales.

Foto: Eduardo Verdugo APFuente: Tribuna Campeche
El Ejecutivo de Yucatán presentará en los próximos días el primer paquete de reformas relacionadas con la inclusión de la Equidad de Género en el marco legal, que incluyen cambios en los Código Penal y Civil, así como la Ley de Educación Estatal. 

La pobreza extrema continuará asolando a África subsahariana por otros 200 años a menos que se intensifiquen acciones para superarla, de acuerdo con la rel internacional Social Watch.

El Informe Alternativo al IV Informe Periódico del Estado mexicano sobre la aplicación del PIDESC sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México (1997-2006) fue presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su 36º período de sesiones.

Boletín de prensa sobre la comparecencia del gobierno mexicano ante Comité de DESC de la ONU en Ginebra.

El 1º de mayo de 2006 en Naciones Unidas en Ginebra, Areli Sandoval presentó el documento del Grupo Promotor del Informe Alternativo DESCA de México ante Comité de DESC de la ONU.

Author: 
Kyra Nuñez

Ginebra, 6 de mayo. A pesar del importante paso que fue para México el optar por la democracia con el cambio de gobierno en el año 2000, muy poco o nulo ha sido el progreso en derechos económicos, sociales y culturales, con situaciones incluso peores para los indígenas en Chiapas, sin seguridad en el acceso a los alimentos y al agua, dijeron más de centenar y medio de organizaciones no gubernamentales a expertos del comité de la ONU relacionado con esas garantías individuales.

Presentación de Areli Sandoval Terán a nombre del Grupo Promotor del Informe Alternativo DESCA en Ginebra el pasado 1 de mayo de 2006.

Como parte de las Jornadas en Defensa del Agua, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), junto con organizaciones internacionales, realizaremos el Foro Internacional en Defensa del Agua del 17 al 19 de marzo de 2006 en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (Villalongín 50, Col. Cuauhtémoc).